La espada del aborto

PROCESAMIENTO de cuatro médicos de Pamplona acusados de realizar un aborto ilegal recuerda, por si alguien lo hubiera olvidado, la situación de inseguridad jurídica en que sigue sumiendo a muchos españoles una norma tan cicatera como es la ley de despenalización parcial del aborto de 5 de julio de 1985. Pero este hecho también pone de manifiesto la existencia de otro mal frente al que los ciudadanos están inermes: la inclinación que en ciertos casos muestran algunos jueces a forzar en su contra la interpretación de la ley, y ello en virtud de criterios que podrían ser tenidos por arbitrarios, ...

PROCESAMIENTO de cuatro médicos de Pamplona acusados de realizar un aborto ilegal recuerda, por si alguien lo hubiera olvidado, la situación de inseguridad jurídica en que sigue sumiendo a muchos españoles una norma tan cicatera como es la ley de despenalización parcial del aborto de 5 de julio de 1985. Pero este hecho también pone de manifiesto la existencia de otro mal frente al que los ciudadanos están inermes: la inclinación que en ciertos casos muestran algunos jueces a forzar en su contra la interpretación de la ley, y ello en virtud de criterios que podrían ser tenidos por arbitrarios, por más que se amparen bajo el manto de la autoridad judicial. El resultado de una mala ley y de unos jueces que además la interpretan según el real saber y entender de la actitud social de cada uno no puede ser más nefasto para el ciudadano. En el caso del aborto, ello se traduce en que muchas personas se vean forzadas a vivir en el filo de la clandestinidad y de la persecución. El procesamiento de los médicos de Pamplona es paradigmático de esta situación. El caso que se les presenta es el de una joven embarazada que había estado expuesta a radiación a consecuencia de 15 radiografías de pelvis que le hicieron en los primeros momentos de gestación para determinar una posible dolencia renal. Los médicos procesados cumplen formalmente todos los requisitos que la ley exige en el supuesto de aborto por riesgo grave de malformaciones del feto: dictamen de dos especialistas de centro sanitario y realización del aborto por un médico distinto de quienes emitieron el dictamen.La ley nada dice, y tampoco tiene por qué decirlo, sobre la forma en que debe realizarse el dictamen médico; y la orden del Ministerio de Sanidad que la desarrolla, de 31 de julio de 1985, se limita a establecer que aquél será emitido "en criterios de probabilidad" y de acuerdo con las técnicas médicas de diagnóstico. Pero lo que la norma no dice el juez se aventura a interpretarlo en contra de las personas, y así procesa a los médicos porque estima que no han determinado en su informe la cantidad de radiación que recibió la joven embarazada. Puesto a procesar, el juez no sólo procesa a los dos médicos que realizan el dictamen; también al médico que practicó el aborto, al director del centro sanitario y a la propia embarazada. La ley exime expresamente a esta última de cualquier responsabilidad penal por incumplimiento de los requisitos legales del aborto, pero el juez la procesa por la sospecha de que conociera su embarazo y lo silenciara al hacerse las radiografías. Como se ve, toda una interpretación que convierte a la ley, más que en cauce para resolver los problemas de las gentes, en cuerda alrededor de sus gargantas.

En los dos años largos que lleva vigente la ley de despenalización parcial del aborto se han practicado en España unas 11.000 interrupciones legales del embarazo. Ello representa un porcentaje mínimo no sólo de los abortos reales a los que se someten las españolas en la clandestinidad o en el extranjero, sino de los 30.000 que en teoría encajarían en los supuestos legales previstos por la actual legislación. El boicoteo de los órganos corporativos de la clase médica y el acoso judicial de intransigentes ciudadanos agrupados en asociaciones pro vida o de acción familiar han impedido hasta ahora el cumplimiento en sus propios términos de la ley.

Los daños y perjuicios que esta batalla legal -de claros perfiles ideológicos- está ocasionando a muchos españoles y españolas son ya difícilmente evaluables. El procesamiento de los médicos y de la embarazada de Pamplona es uno más, y, con toda seguridad, no será el último. El Gobierno está obligado a despejar este clima de inseguridad jurídica de la única manera seria y responsable: con una nueva ley menos ambigua y más generosa que la actual.