Las querellas de la fiscalía de Barcelona por delito fiscal afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas

Las 10 querellas por presunto delito contra la hacienda pública que la fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona ha presentado en el juzgado de guardia, durante los cinco primeros meses del año, afectan esencialmente a pequeñas y medianas empresas, según aseguró ayer un portavoz del ministerio público. En los próximos días se presentará una nueva querella por delito fiscal por un importe de 20 millones de pesetas, según confirmaron las citadas fuentes.Por su parte, el delegado especial de la Delegación de Hacienda en Barcelona, Ernesto Aguiar, declaró ayer a Europa Press que el núm...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Las 10 querellas por presunto delito contra la hacienda pública que la fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona ha presentado en el juzgado de guardia, durante los cinco primeros meses del año, afectan esencialmente a pequeñas y medianas empresas, según aseguró ayer un portavoz del ministerio público. En los próximos días se presentará una nueva querella por delito fiscal por un importe de 20 millones de pesetas, según confirmaron las citadas fuentes.Por su parte, el delegado especial de la Delegación de Hacienda en Barcelona, Ernesto Aguiar, declaró ayer a Europa Press que el número total de expedientes y denuncias presentadas en la fiscalía de Barcelona afectaba a 18 empresas.

La primera querella del año se presentó el pasado 9 de enero y la última se interpuso el 29 de mayo. En febrero se tramitó una sola querella, otras dos en marzo y abril y otras cuatro en mayo. Estas cuatro últimas querellas se presentaron en el período comprendido entre el 19 y el 29 de mayo y coincidiendo con unas polémicas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, sobre el fraude fiscal.

Borrell informó que, hasta entonces, Hacienda había remitido ya 75 expedientes por delito fiscal al ministerio público y que preparaba la remisión de otros 131 expedientes. En su opinión, estas supuestas irregularidades afectan principalmente a la pequeña, mediana empresa y sectores profesionales. Estas declaraciones provocaron una polémica en la que que participaron diversos representantes de las patronales CEOE y CEPYME.

Las querellas presentadas el pasado mes de mayo afectan a los industriales Alberto Bernardo- Rusiñol y Francisco Serrano Aguilar (19 de mayo), Santiago Costa Serrat (22 de mayo), Augusto Casanovas Roca y Eduardo Casanovas (26 de mayo) e Ignacio Font Damians y Manuel Font Salgado (29 de mayo).

La más voluminosa e importante de estas supuestas defraudaciones corresponde a la empresa de bisuteria Gilco Sociedad Anónima de Santiago Costa Serrat que, en opinión de la Delegación de Hacienda, ha acumulado en los cinco últimos años una deuda y un recargo de 75 millones de pesetas. Un portavoz de esta firma mostró ayer su extrañeza por esta acción judicial y aseguró que se trataba de "un abuso de poder", ya que se estaba negociando la deuda con la Administración.

Las querellas presentadas en abril afectan a la empresa Caucho Internacional, que adeuda de 25 millones de pesetas a Hacienda, según aseguró ayer su ex propietario. La otra querella afecta a Manuel Delgado Calvero. Las dos querellas presentadas en marzo van dirigidas contra Felipe Torrens Miró y Jesús Escudero Ardeo. Este último imputado es uno de los responsables de la Academia Centro Comercial Catalán Sociedad Anónima, que tiene diversos centros de enseñanza en la ciudad y al que se le imputa una deuda de 13 millones de pesetas.

Archivado En