La escasa voluntad europea

LAS RELACIONES de España con Europa se han convertido, desde nuestra integración en la CE, en un problema decisivo que afecta a la entidad de España y al conjunto de sus ciudadanos. Por ello urge tomar conciencia, con la mayor amplitud, de esta nueva realidad, que irá revolucionando, en medida creciente, nuestra manera de abordar los problemas políticos, económicos y sociales. En ese orden, tiene particular trascendencia el Acta única, que está ya oríentando la labor de la CE, aunque formalmente su entrada en vigor exige la decisión del referéndum en Irlanda.Calificada de única porque a...

LAS RELACIONES de España con Europa se han convertido, desde nuestra integración en la CE, en un problema decisivo que afecta a la entidad de España y al conjunto de sus ciudadanos. Por ello urge tomar conciencia, con la mayor amplitud, de esta nueva realidad, que irá revolucionando, en medida creciente, nuestra manera de abordar los problemas políticos, económicos y sociales. En ese orden, tiene particular trascendencia el Acta única, que está ya oríentando la labor de la CE, aunque formalmente su entrada en vigor exige la decisión del referéndum en Irlanda.Calificada de única porque agrupa en un solo documento reformas en distintos campos, ese acta entraña transformaciones profundas del Tratado de Roma, dotando a la Comunidad de unas metas y de un dinamismo nuevos. Con ello se abre un proceso de desarrollo y de mutación y una etapa en la que las decisiones europeas van a influir cada vez más en casi todas las esferas de la vida española.

Por un lado, el Acta única eleva las cotas de supranacionalidad en el funcionamiento de la CE, lo que se traduce en que, en una serie de materias, los órganos europeos tornarán decisiones por mayoría. Al mismo tiempo, el papel del Parlamento se amplía, y ello supone una tendencia a democratizar la Comunidad, si bien los pasos en tal sentido son todavía muy tímidos. Por otra parte, el Acta única introduce la coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros como una tarea conjunta. Aunque es un terreno en el que desde los primeros pasos han surgido perspectivas que se perfilan para acuerdos de desarme hacen que sea aún más necesario que Europa sea capaz de definir y realizar una política más autónoma en la escena mundial.

En el plano económico, el Acta única define como meta central el establecimiento, en 1992, de un mercado único y la liquidación, por tanto, de todas las barreras que aún subsisten para la circulación de mercancías, capitales y personas. A la vez, establece como principio básico de la política comunitaria la cohesión, entendiendo por tal la disminución de las diferencias existentes entre diferentes regiones de la CE. La coherencia entre estas dos metas es obvia: si no se aplicase la cohesión, el coste del avance hacia el mercado único recaería sobre los países menos ricos, como ha subrayado Felipe González en su reciente discurso de'Lisboa. Hasta ahora, el camino seguido por la CE, con un presupuesto volcado a ayudar a las agriculturas de los países más ricos, ha negado el principio de la cohesión. Por tanto, la aplicación del Acta única dará lugar a enfrentamientos dialécticos serios para determinar la nueva orientación de la Comunidad. España tiene un interés vital en desempeñar un papel eficaz para lograr que el principio de cohesión sea respetado y se plasme en decisiones que afectarán a los agricultores y a otros sectores de la economía española.

Por otra parte, precisamente cuando Europa entra en una nueva etapa, revisten particular gravedad las debilidades que se acusan en el funcionamiento de nuestra representación en Bruselas, tal como exponemos en este mismo número del periódico. En vez de ir por el camino de la eficacia, de la competencia, de la coordinación imprescindible para que las diversas negociaciones se articulen en una política española dentro de la Comunidad, todo indica que está ocurriendo lo contrario. Nuestro interés por Europa no se demuestra hinchando desmesuradamente nuestra representación. En no pocos casos, la cantidad es enemíga de la calidad. Pero la improvisación, la tendencia de varios ministerios a actuar por su cuenta, conducen a estas aglomeraciones negativas. Sería conveniente que el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros sobre las representaciones españolas en el exterior ayude a poner coto a estos errores. Pero la solución no depende sólo de un texto; requiere sobre todo voluntad política para mejorar sustancialmente el instrumento de un proyecto tan decisivo como es la unificación de Europa.