Amnistía critica la acción militar en la crisis de los penales peruanos

Las fuerzas militares que sofocaron, entre el 18 y el 19 de junio de 1986, tres "motines simultáneos" en las cárceles peruanas de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, "llevaron a cabo homicidios arbitrarios" en las dos primeras durante el asalto, según una de las principales conclusiones de la investigación sobre los sucesos realizada por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).En un informe hecho público hoy por dicha organización, que sintetiza los testimonios recogidos en Perú sobre la matanza, AI afirma que, tras la rendición de los presos -en su mayoría pertenecientes a...

Las fuerzas militares que sofocaron, entre el 18 y el 19 de junio de 1986, tres "motines simultáneos" en las cárceles peruanas de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, "llevaron a cabo homicidios arbitrarios" en las dos primeras durante el asalto, según una de las principales conclusiones de la investigación sobre los sucesos realizada por la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).En un informe hecho público hoy por dicha organización, que sintetiza los testimonios recogidos en Perú sobre la matanza, AI afirma que, tras la rendición de los presos -en su mayoría pertenecientes a la organización guerrillera Sendero Luminoso-, "los homicidios continuaron en forma de ejecuciones sumarias y extrajudiciales".

Los hechos se iniciaron a las seis de la mañana del pasado 18 de junio, cuando "unos 350 presos acusados de terrorismo" se amotinaron en las prisiones de Lurigancho, en las afueras de Lima; en el Pabellón Azul de la isla penal El Frontón, a 10 kilómetros del puerto de El Callao, y en la cárcel de mujeres Santa Bárbara, en El Callao. Los amotinados, que captupron rehenes y levantaron barricadas en los pabellones, exigían garantías contra un "genocidio" que, según afirmaban, se preparaba contra ellos.

Negociaciones frustradas

"Los intentos de las autoridades judiciales de negociar con los presos amotinados la libertad de los rehenes y una solución pacífica al conflicto fueron frustrados por el Gobierno, que delegó en las fuerzas armadas la responsabilidad total y, al parecer con poderes ilimitados, de subyugar a los amotinados", señala AI.En Lurigancho murieron los 124 amotinados, afirma el citado informe. De ellos, "cuando menos un centenar fueron sumariamente ejecutados después de rendirse, muertos de un tiro en la nuca o en la boca, mientras yacían de bruces en el suelo. Fueron soldados, guardias republicanos y oficiales enmascarados quienes llevaron a cabo dichas ejecuciones, bajo la supervisión de un general del Ejército. Los cuerpos fueron enterrados en secreto y posteriormente algunos fueron encontrados a 250 kilómetros de distancia", añade AI.

En la isla penal de El Frontón "se utilizaron morteros, lanzagranadas, cohetes y artillería" para reducir a los amotinados. De los 154 presos que, según AI, se encontraban en el Pabellón Azul de dicha prisión AI iniciarse el motín, "se ha reconocido que 35 sobrevivieron a los incidentes". "Hay pruebas convincentes de que algunos fueron torturados", añade AI.

"Los comunicados oficiales", agrega la organización humanitaria, "afirmaron que el resto de los amotinados quedaron sepultados por los escombros al derrumbarse el edificio. Sin embargo, Amnistía,Internacional averiguó que, por el contrario, el edificio del Pabellón Azul fue arrasado deliberadamente después de que se hubieran rendido entre 60 y 90 presos".