España y Portugal llegan a un acuerdo de pesca para la zona fronteriza del río Guadiana
Una comisión hispano-portuguesa reunida desde el pasado jueves en Sevilla culminó en la tarde de ayer un acuerdo para la pesca en la zona fronteriza del río Guadiana. El acuerdo establece que por parte de España podrán faenar en esta zona siete embarcaciones en la modalidad de cerco, 14 en la de longueirón y 10 coquineras de no más de 60 caballos de potencia. Por parte de Portugal faenarán ocho de cerco, 16 de trasmallo y siete de alcatruz. En cuanto a pequeñas embarcaciones, que faenan sólo en la propia desembocadura del río, España tendrá dos de trasmallo y 10 coquineras, mientras que de Por...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Una comisión hispano-portuguesa reunida desde el pasado jueves en Sevilla culminó en la tarde de ayer un acuerdo para la pesca en la zona fronteriza del río Guadiana. El acuerdo establece que por parte de España podrán faenar en esta zona siete embarcaciones en la modalidad de cerco, 14 en la de longueirón y 10 coquineras de no más de 60 caballos de potencia. Por parte de Portugal faenarán ocho de cerco, 16 de trasmallo y siete de alcatruz. En cuanto a pequeñas embarcaciones, que faenan sólo en la propia desembocadura del río, España tendrá dos de trasmallo y 10 coquineras, mientras que de Portugal habrá 10 de trasmallo y dos de palangre.Tanto Pilar García Doñoro, directora general de Relaciones Pesqueras Internacionales de España, como Eurico Monteiro, subdirector general de Pesca de Portugal, coincidieron en señalar que no estaban plenamente satisfechos con el resultado de las negociaciones, si bien éstas "eran relativamente positivas para ambos países. El convenio acordado ayer afecta a un total de 43 embarcaciones y a entre 200 y 300 pescadores de España.
Estas negociaciones, interrumpidas desde hace cuatro años, se reiniciaron por un compromiso derivado del ingreso a la CE. El convenio que rige para la zona fronteriza del Miño fue aprobado a primeros de año. La duración del convenio suscrito será de poco más de seis años, el equivalente al período transitorio para la equiparación de la normativa española a la de la CE.