Petición de siete años de cárcel por delito monetario para el propietario de Suin
El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de siete años de prisión y multa de 60 millones de pesetas para Carlos Mira Gallart consejero delegado y administrador único, con el 75% de las acciones de Sociedad de Instrumentación Científica, SA (Suin), empresa que se dedicaba a la importación y reexportación de tecnología de doble uso (que puede ser utilizada para fines civiles o militares) a Bulgaria. Mira está en libertad provisional bajo fianza de 30 millones de pesetas.
El consejero delegado de Suin no ha sido perseguido por la comercialización de tecnología, que es ...
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El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de siete años de prisión y multa de 60 millones de pesetas para Carlos Mira Gallart consejero delegado y administrador único, con el 75% de las acciones de Sociedad de Instrumentación Científica, SA (Suin), empresa que se dedicaba a la importación y reexportación de tecnología de doble uso (que puede ser utilizada para fines civiles o militares) a Bulgaria. Mira está en libertad provisional bajo fianza de 30 millones de pesetas.
El consejero delegado de Suin no ha sido perseguido por la comercialización de tecnología, que es el problema de fondo y por el que Estados Unidos presentó una protesta oficial a las autoridades españolas, ya que la sociedad contaba con las autorizaciones correspondientes.El escrito de conclusiones provisionales del fiscal reproduce en su mayor parte el auto de procesamiento de Mira, dictado por el juez Luis Lerga, que entonces (noviembre de 1985) estaba destinado en el juzgado de delitos monetarios.
Contra lo que suele ser habitual, el auto de procesamiento dictado contra Carlos Mira no fue recurrido. El juez decretó la prisión preventiva de Mira, aunque fijó una fianza de 30 millones de pesetas, que fue constituida casi de inmediato.
Según el escrito de conclusiones del fiscal, Mira actuaba como consejero delegado de la empresa española Suin, SA, cuyo objeto social es, la importación y comercialización de aparatos de electrónica para la comprobación automática de los parámetros eléctricos de circuitos integrados.
La citada empresa, radicada en Barcelona, realizó desde 1976 hasta junio o julio de 1983 operaciones de compra de materiales de alta tecnología a la compañía Fairchild, de San José de California (EE UU), para las que había obtenido previamente las correspondientes autorizaciones de importación y de exportación del Ministerio de Comercio y de la Dirección General de Aduanas.
Los pagos de estas operaciones se realizaban, corno es preceptivo, a través de la banca delegada, y su volumen total ascendió hasta unos 14 millones de dólares (más de 2.000 millones de pesetas). El margen comercial de beneficios con el que Suin operaba estaba situado alrededor del 40%.
Reexportación
El material adquirido a la compañía Fairchild era posteriomente reexportado a Bulgaria, después de que en Barcelona se realizaran ajustes, comprobaciones y pequeñas manipulaciones.Según el fiscal, como consecuencia de los múltiples negocios realizados entre Carlos Mira y la empresa norte americana, el empresario catalán resultó ser uno de los principales clientes de Fair child, por lo que ésta le concedió como premio cuatro cheques entre mayo y octubre de 1981, por importes de 206.5513, 38.750, 192.927 y 174.785 dólares, con un contra valor total de 57. 118.606 pesetas, según la cotización del dólar en las fechas de su libramiento.
Una vez los cheques en poder de Carlos Mira, en vez de ponerlos a disposición de las, oficinas delegadas, los entregó a funcionarios búlgaros en concepto de comisiones. Las entregas las realizaba personalmente el empresario en diversos puntos de Italia, Francia o Suiza.
El juez instructor de la causa, el magistrado Luis Lerga, precisó en febrero de este año que a él sólo le competían los delitos monetarios, y que el asunto de fondo tiene otras derivaciones, en las que el juzgado no podía entrar porque no tenía competencias para ello.
Fuentes jurídicas manifestaron, a raíz del auto de procesamiento, que el caso "no es oscuro en cuanto a los hechos. El problema radica en otras áreas ajenas al juzgado de delitos monetarios".
Estados Unidos, cuando tuvo conocimiento de las actividades de Suin, presentó una protesta ante las autoridades españolas, que cuando investigaron los hechos comprobaron que la empresa ya no existía.