La Generalitat pendiente del Tribunal Constitucional para reglamentar las cajas

Josep Maria Cullell, conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, manifestó ayer su inquietud por el retraso que está sufriendo la elaboración del reglamento de órganos de gobierno de las cajas de ahorros, en la reunión ordinaria de la Federación Catalana de Cajas de Ahorros. Cullell transmitió un mensaje tranquilizador a las entidades de ahorro, preocupadas por no poder cumplir los plazos fijados por la ley estatal.

La Generalitat tiene previsto elaborar próximamente el reglamento de las cajas de ahorro, desarrollando la ley estatal y los, artículos no imp...

Josep Maria Cullell, conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, manifestó ayer su inquietud por el retraso que está sufriendo la elaboración del reglamento de órganos de gobierno de las cajas de ahorros, en la reunión ordinaria de la Federación Catalana de Cajas de Ahorros. Cullell transmitió un mensaje tranquilizador a las entidades de ahorro, preocupadas por no poder cumplir los plazos fijados por la ley estatal.

La Generalitat tiene previsto elaborar próximamente el reglamento de las cajas de ahorro, desarrollando la ley estatal y los, artículos no impugnados de la ley catalana. Sin embargo, Cullell considera que sería una temeridad redactar el reglamento sin antes conocer la resolución del Tribunal Constitucional al recurso de súplica presentado por la Generalitat contra el auto del alto tribunal, que mantenía la suspensión de varios artículos de la ley catalana de cajas. La Generalitat concede una importancia significativa a la futura resolución de recurso, ya que los argumentos del auto del Tribunal Constitucional se apoyaban en algunos supuestos tan improbables como que la captación de recursos por parte de alguna entidad fuera de su ámbito territorial superara el 50% de sus depósitos.

Las principales diferencias entre la ley estatal y la ley catalana de cajas consisten en la distinta representatividad que otorgan a entidades fundadoras, ayuntamientos y empleados.

Al margen de esta polémica, esencialmente jurídica, las relaciones entre la Administración central y autonómica en esta materia no son conflictivas. En este sentido cabe destacar la oferta del Banco de España de transferir dos inspectores al Departamento de Economía para que preparen y formen a varios funcionarios, para que en el futuro sean quienes controlen las actividades de las entidades de ahorro catalanas.