Ex delincuentes piden a Justicia no ir a la cárcel por delitos cometidos años atrás

Unas ochenta personas, en su mayoría drogadictos rehabilitados que tienen pendiente la celebración de juicios por delitos cometidos en su etapa de toxicomanía, celebraron una asamblea el pasado 30 de abril, en la iglesia parroquial de San Carlos Borromeo, en Vallecas. Los asistentes a la asamblea dirigieron un escrito al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, para que se habiliten cauces que permitan a los jóvenes rehabilitados incorporarse a la sociedad sin tener que pasar por la cárcel.

Entre los asambleístas se encontraba un grupo de personas que lleva años atendiendo a los jóvenes ...

Unas ochenta personas, en su mayoría drogadictos rehabilitados que tienen pendiente la celebración de juicios por delitos cometidos en su etapa de toxicomanía, celebraron una asamblea el pasado 30 de abril, en la iglesia parroquial de San Carlos Borromeo, en Vallecas. Los asistentes a la asamblea dirigieron un escrito al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, para que se habiliten cauces que permitan a los jóvenes rehabilitados incorporarse a la sociedad sin tener que pasar por la cárcel.

Entre los asambleístas se encontraba un grupo de personas que lleva años atendiendo a los jóvenes para ayudarles a salir de las situaciones de marginación en que se encuentran, como el sacerdote Enrique de Castro, el abogado José Luis Segovia Berbabé o la socióloga Consuelo Roca Basante."En los barrios periféricos a los que pertenecemos", dice el comunicado con las conclusiones de la asamblea, "muy poco a poco, con gran esfuerzo y con los mínimos recursos administrativos que nos prestan, hemos ido creando grupos en orden a lo que se está llamando rehabilitación social y prevención de la marginación juvenil, en contraste con lo que significa el régimen carcelario que casi todos nosotros hemos padecido. Así, muchos de nosotros nos apoyamos conviviendo juntos, hemos creado diversos puestos de trabajo, compartimos distintas actividades, asesoría asistencial y jurídica o curas de desintoxicación.

El problema que afecta a cientos o miles de jóvenes en Madrid es, según se hablé en la asamblea, que bastantes muchachos que han conseguido salir de la drogodependencia gracias casi exclusivamente a su propio esfuerzo y a la ayuda desinteresada prestada por las personas citadas antes, en condiciones generalmente muy duras y llenas de tensiones, se encuentran ahora, cuando ya están perfectamente rehabilitados, con que tienen juicios pendientes por delitos cometidos hace años, cuando sus acciones estaban dictadas por la necesidad de conseguir droga.

Todo el esfuerzo personal desarrollado en estos años puede quedar abortado si ahora se les envía a la cárcel. En base a estas razones, los asistentes a la asamblea solicitan al ministro de Justicia que se incluya en el actual ordenamiento jurídico una figura que podría denominarse libertad a prueba, de la que deberían beneficiarse estos jóvenes rehabilitados y que les evitaría ingresar en la cárcel.

El grupo de educadores, que tienen cada uno a su cargo la custodia de varios jóvenes en proceso de rehabilitación o ya rehabilitados, y cuyo portavoz más conocido es Enrique de Castro, ha denunciado en numerosas ocasiones las incongruencias de la administración de justicia española, el abandono de las medidas de prevención de la delincuencia y la potenciación de las puramente represivas. Los educadores insisten en que, si realmente la sociedad quiere ayudar a estos jóvenes, es imprescindible conceder un margen de confianza a aquéllos que han demostrado sus deseos de reinserción social, y no ponerles cada vez más pegas, que sólo pueden conducir a su recaída.