Fracasan los intentos del Ayuntamiento de Vitoria de cobrar impuestos a Telefónica
Los intentos del Ayuntamiento de Vitoria de cobrar impuestos municipales a Telefónica han fracasado hasta el momento, debido a que sucesivas sentencias de los altos tribunales han dado la razón a la compañía en base a un acuerdo suscrito entre la empresa y el Estado en 1946. El último recurso fue presentado el pasado año pero no se conoció hasta hace unos días.Aunque fuentes de la intervención del Ayuntamiento no han concretado el dinero que las arcas municipales han dejado de ingresar por esta circunstancia, un portavoz municipal indicó, a modo de ejemplo, que la empresa Vitoriana de Electric...
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Los intentos del Ayuntamiento de Vitoria de cobrar impuestos municipales a Telefónica han fracasado hasta el momento, debido a que sucesivas sentencias de los altos tribunales han dado la razón a la compañía en base a un acuerdo suscrito entre la empresa y el Estado en 1946. El último recurso fue presentado el pasado año pero no se conoció hasta hace unos días.Aunque fuentes de la intervención del Ayuntamiento no han concretado el dinero que las arcas municipales han dejado de ingresar por esta circunstancia, un portavoz municipal indicó, a modo de ejemplo, que la empresa Vitoriana de Electricidad, concesionaria de Iberduero, paga 60 millones al año en concepto de utilización del subsuelo, suelo y vuelos. A esta suma, en el caso de Telefónica, habría que añadir los costos de las licencias de apertura de locutorios, el impuesto de radicación y la contribución urbana. El delegado de Telefónica en Álava afirma que la compañía paga globalmente sus impuestos a Hacienda, y que la exención de gravámenes municipales no es ningún privilegio, sino un aspecto del contrato suscrito entre el Estado y CTNE.
El Ayuntamiento ha presentado al menos tres recursos contra el acuerdo entre el Estado y la compañía, pero ninguno de ellos ha sido tenido en cuenta en las instancias más altas de los tribunales. El último recurso data del año pasado, pero no ha obtenido publicidad hasta ahora. Según datos del interventor municipal y no rectificados por la compañía, la base del acuerdo entre Telefónica y el Estado es que la empresa reconoce al Estado la propiedad del 51% de sus acciones y, como contraprestación, cuenta con determinados beneficios. Telefónica paga sus impuestos al Estado según los beneficios obtenidos anualmente, en torno al 15% de los beneficios netos o al 6% de los brutos.
La intervención del Ayuntamiento opina que existen numerosos asideros legales para hacer valer sus peticiones, pero cree que hasta que el Tribunal Supremo no varíe sus argumentos no habrá posibilidad de percibir ingresos de Telefónica. De hecho, varias sentencias de las audiencias territoriales han sido favorables a las peticiones municipales.