Recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra la ley del colegio de periodistas de Cataluña

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, interpuso ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento de Cataluña que regula la creación del colegio de periodistas, por entender que exige la colegiación obligatoria de todos los profesionales de la información que ejerzan sus tareas en territorio catalán. El recurso, que recoge una iniciativa del Instituto Internacional de Prensa (IPI) contra esta ley, entiende que una colegiación obligatoria "vulnera el derecho fundamental a la libertad de información", recogido en la Constitución, y supone un freno a la creación del Col...

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, interpuso ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento de Cataluña que regula la creación del colegio de periodistas, por entender que exige la colegiación obligatoria de todos los profesionales de la información que ejerzan sus tareas en territorio catalán. El recurso, que recoge una iniciativa del Instituto Internacional de Prensa (IPI) contra esta ley, entiende que una colegiación obligatoria "vulnera el derecho fundamental a la libertad de información", recogido en la Constitución, y supone un freno a la creación del Colegio de Periodistas de Cataluña.

El recurso del defensor del Pueblo impugna el primer artículo de la ley catalana, que determina que el colegio "agrupará a todos los periodistas que ejerzan la profesión en el territorio de Cataluña". El Defensor del Pueblo alega que la colegiación obligatoria en una comunidad autónoma "vulnera el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional y por todas las personas".Ruiz-Giménez entiende, por otra parte, que la colegiación obligatoria atentaría también contra el derecho "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito, o cualquier otro medio de reproducción" y también contra el derecho "a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" (artículo 20 de la Constitución).

Una disposición adicional, también impugnada, establece que los estatutos del colegio deben ajustarse a ley de Colegios Profesionales de Cataluña, que exige también la obligación de pertenecer a un colegio para ejercer la profesión. Esta ley se encuentra también recurrida ante el Tribunal Constitucional. El defensor del Pueblo considera que el colegio exigiría la titulación para ejercer el periodismo, y que ello choca contra la realidad porque "en la realidad se permiten otras formas de acceso". Esta circunstancia, unida al hecho de que, a diferencia de otras profesiones el periodismo se refiere a un derecho fundamental, motiva que el recurso de inconstitucionalidad contra el colegio de periodistas de Cataluña no sea ampliable a otros colegios profesionales.

El recurso concluye: "La colegiación obligatoria y la atribución de potestad disciplinaria al colegio de periodistas, así como las facultades que se le atribuyen para evitar el intrusismo, confieren a una corporación pública de base privada facultades que restringen y limitan el ejercicio de un derecho fundamental: la libertad de información".

El presidente de la sección española del IPI, Pedro J. Ramírez, expresó ayer su satisfacción con el recurso "porque ha atendido una iniciativa nuestra, y hemos podido comprobar, como ciudadanos, que la institución del Defensor del Pueblo funciona". Por su parte, el director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, en su calidad de vicepresidente internacional del IPI, mostró asimismo su satisfacción "porque los argumentos del Defensor del Pueblo coinciden plenamente con los principios defendidos por el Instituto Internacional de Prensa desde su creación".

La Comisión Gestora del colegio catalán hizo pública una nota en la que considera injustificado el recurso, y recuerda que el pasado 15 de febrero ya aprobó no exigir la obligatoriedad de la colegiación. La nota señala que el recurso ha sido Interpuesto a instancias del IPI, con sede central en el extranjero, a quien acusa de defender los intereses de las empresas que desean ser las exclusivas otorgantes de credenciales profesionales. El documento afirma que "de la interposición del recurso se puede deducir que se está acusando al Parlamento de Cataluña, a sus fuerzas políticas y a la profesión periodística catalana, de querer limitar la libertad de expresión, cosa que consideramos intolerable".

El presidente de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España, Luis Apostua, comentó que respeta el criterio de Ruiz-Giménez sin compartirlo: "No queremos la obligatoriedad de colegiación", dijo, "pero defendemos la existencia de los colegios, porque son beneficiosos para proteger la independencia de los periodistas".