Un militante de AP calificará el suelo afectado por la reforma agraria en Cádiz

Isidro García del Barrio, militante de Alianza Popular y concejal por su partido en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), será el responsable, como funcionario de la Junta de Andalucía, de calificar los suelos que están afectados por la reforma agraria en la provincia gaditana. El estudio técnico que debe coordinar servirá como base para decidir las expropiaciones, y en definitiva ejercerá como principal asesor del futuro gerente de la reforma en las dos comarcas afectadas, la Campiña de Cádiz y la Janda.

Destinado actualmente en el servicio de investigación agraria, en el r...

Isidro García del Barrio, militante de Alianza Popular y concejal por su partido en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), será el responsable, como funcionario de la Junta de Andalucía, de calificar los suelos que están afectados por la reforma agraria en la provincia gaditana. El estudio técnico que debe coordinar servirá como base para decidir las expropiaciones, y en definitiva ejercerá como principal asesor del futuro gerente de la reforma en las dos comarcas afectadas, la Campiña de Cádiz y la Janda.

Destinado actualmente en el servicio de investigación agraria, en el rancho Las Mercedes, de Jerez de la Frontera, Isidro García ha sido considerado, pese a su militancia conservadora como la persona idónea para tal función, lo que a él le parece normal. "Soy un profesional que trabaja hace más de 30 años en los temas referidos al suelo", ha dicho. Sin embargo, no quiere pronunciarse sobre la reforma agraria: "soy un funcionario y aunque tengo mis ideas me las callo".Isidro García no asume la responsabilidad de que él tenga que decidir las tierras que se van a expropiar, "mi misión", dice, "consiste en que la decisión política que se tome cuente con un buen estudio técnico de la tierra". En cuanto a su militancia en Alianza Popular, partido que se opone radicalmente a la reforma agraria puesta en práctica por el Gobierno andaluz, asegura que nada tiene que ver con su actividad profesional.

Lo mismo opina el senador de AP por la provincia de Cádiz, Miguel Arias Cañete, parlamentario andaluz y experto en asuntos económicos, que ha manifestado que "no habrá consignas de partidos, ni presiones, ni declaraciones en contra de nuestro militante". "Como funcionario", ha añadido, "debe cumplir lo mejor posible su labor, para la que seguro está muy capacitado". Sobre el acierto de la medida del Gobierno socialista en Andalucía, el senador cuestionó si era o no acertado dar esa responsabilidad a un militante de otro partido, "pero eso es el problema de la Junta de Andalucía".

La Campiña de Cádiz comprende ocho municipios y una extensión de 214.791 hectáreas. Su población asciende a 242.854 habitantes y, según los estudios realizados por el Instituto Andaluz para la Reforma Agraria, la población activa del sector es de 34.000 personas. El paro mensual afecta a unos 10.000 trabajadores.