El nuevo plan exige que los trabajadores renuncien a jubilarse a los 60 años
El plan de nuevas pensiones diseñado por la compañía Telefónica obliga a los trabajadores a renunciar a derechos de importancia, reconocidos por el convenio colectivo de la empresa, como es elevar hasta los 65 años la edad legal de jubilación. Hasta ahora tienen reconocida la posibilidad de retirarse a los 60 años, siempre y cuando tengan un mínimo de años de trabajo.Los sindicatos, que recibieron a primeros del mes de octubre la propuesta de la empresa, han manifestado su desacuerdo con la misma señalando que el soporte jurídico de la reforma es muy débil y que no existen garantías económicas...
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El plan de nuevas pensiones diseñado por la compañía Telefónica obliga a los trabajadores a renunciar a derechos de importancia, reconocidos por el convenio colectivo de la empresa, como es elevar hasta los 65 años la edad legal de jubilación. Hasta ahora tienen reconocida la posibilidad de retirarse a los 60 años, siempre y cuando tengan un mínimo de años de trabajo.Los sindicatos, que recibieron a primeros del mes de octubre la propuesta de la empresa, han manifestado su desacuerdo con la misma señalando que el soporte jurídico de la reforma es muy débil y que no existen garantías económicas de que habrá fondos suficientes para hacer frente a las necesidades financieras en los próximos ejercicios.
La crítica básica del sindicato UGT, al margen de la renuncia a jubilarse a partir de los 60 años -la edad media de jubilación está en 61 años- se basa en el deseo de la compañía de unificar lo que es ahora la mutualidad de previsión de Telefónica con el seguro colectivo existente para los trabajadores comprendidos entre 55 y 65 años, y concertado con una compania privada de seguros.
Otro de los problemas planteados es la falta de garantías de que el sistema de complemento de pensiones se mantendrá en un plazo largo de tiempo porque nadie excluye la posibilidad de una modificación del marco legal de monopolio en que funciona la compañía Telefónica. Un cambio en las condiciones legales de esta sociedad podría poner en cuestión los acuerdos ahora alcanzados.
La alternativa propuesta por Telefónica es imposible de aceptar por la Administración ya que el decreto de integración de las entidades sustitutorias en el régimen general de la Seguridad Social exige la aportación de un capital coste que soporte las pensiones que a partir de entonces tenga que pagar la Seguridad Social.
Este capital coste será la suma del derivado de garantizar recursos para seguir pagando a los ya pensionistas y del capital necesario para cubrir las cotizaciones ya satisfechas por los trabajadores que están en activo en la actualidad.