Desacuerdo en la reunión de la comisión mixta sobre los ingresos de la Generalitat

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el conseller de Economía de la Generalitat, Josep María Cullell, no alcanzaron ayer ningún acuerdo en el intento de última hora para conseguir que la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat adoptase una propuesta catalana encaminada a iniciar este año la negociación del porcentaje definitivo de participación de la comunidad autónoma en los impuestos no cedidos. La parte catalana rechazó el porcentaje que proponía el Gobierno.

La reunión de la Comisión Mixta de Valoraciones se inició con las caras largas, consecuencia del des...

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el conseller de Economía de la Generalitat, Josep María Cullell, no alcanzaron ayer ningún acuerdo en el intento de última hora para conseguir que la Comisión Mixta de Valoraciones Estado-Generalitat adoptase una propuesta catalana encaminada a iniciar este año la negociación del porcentaje definitivo de participación de la comunidad autónoma en los impuestos no cedidos. La parte catalana rechazó el porcentaje que proponía el Gobierno.

La reunión de la Comisión Mixta de Valoraciones se inició con las caras largas, consecuencia del desacuerdo previo entre Borrell y Cullell. La parte catalana de la comisión había adoptado a mediodía por unanimidad -es decir, con el voto de los representantes socialistas- una propuesta que pretendía dar cumplimiento al artículo 45 del estatuto de autonomía y al artículo 13 de la LOFCA (ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) -que establecen la fijación de un porcentaje definitivo- y que al mismo tiempo aceptaba provisionalmente el porcentaje asignado por el Gobierno de participación en los impuestos no cedidos.Esta propuesta preveía que las partidas presupuestarias correspondientes al porcentaje que el Gobierno ha asignado ya a la Generalitat fueran consignadas en los Presupuestos Generales de 1986 en "concepto de créditos ampliables y a cuenta de los importes resultantes del porcentaje de participación en los ingresos del Estado en 1986". El rechazo de esta propuesta implicaba también que la parte catalana rechazaría a su vez la presentada por la parte estatal. Ésta pretende fijar en un 1,51% el porcentaje de participación de la Generalitat en los impuestos no cedidos para 1986. Este tanto por ciento es el que Cullell rechazó ya en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas (formado por tres ministerios y todos los consejeros autonómicos de Hacienda) el pasado 5 de septiembre, por considerarlo insuficiente. Portavoces del Gobierno catalán aseguran que éste tanto por ciento, implica una reducción real en 1986 de entre 30.000 y 50.000 millones.

La falta de acuerdo en la Comisión Mixta de Valoraciones implica que es el Gobierno el que fija unilateralmente el coste de los servicios transferidos a las comunidades autónomas e incluye las correspondientes asignaciones en los Presupuestos Generales.

El conseller Cullell dijo ayer, en su intervención en la reunión de la Comisión Mixta de Valoraciones, que con el mantenimiento del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas "se están creando ciudadanos de tres clases": los de las comunidades forales, mejor dotadas (País Vasco y Navarra); las de régimen común que han asumido pocas competencias, sobre las que repercute poco este recorte económico; y, en tercer lugar -explicó-, las comunidades con un techo elevado de competencias, que son los que deberán conformarse con la prestación de menos servicios.

Privilegios

La parte catalana de la Comisión Mixta pretendía también en su propuesta que la representación estatal aceptara que "el método que se adopte para la determinación del porcentaje -de participación de los ingresos del Estado en 1986 ha de implicar una aproximación a lo que dispone el artículo 138.2 de la Constitución". Este precepto señala que las diferencias entre los estatutos de las diversas comunidades autónomas no podrán en implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales.Cullell rechazó también que la congelación de los fondos de las comunidades autónomas sirva para contener el déficit presupuestario. Según dijo, "el déficit tiene causas estructurales ajenas a la financiación de las autonomías. Éste proviene de la situación y tendencias de la Seguridad Social, de la crisis y de la carga financiera derivada del endeudamiento, de las subvenciones del Estado, en especial a las empresas públicas y de la errónea asignación de recursos humanos y reales a las administraciones en el marco de una política que duplica los servicios".