La legitimación del Estado y el problema de ETA
El déficit de legitimación del Estado español en el País Vasco es, seguramente, la causa que explica la capacidad de desestabilización que conserva ETA, pese a que el apoyo político potencial con que cuenta dicha organización no supera en ningún caso el 10% de la población de Euskadi. La propuesta socialista de corresponsabilizar al Gobierno vasco, y a través de él al nacionalismo democrático, en tareas antiterroristas, busca, probablemente, modificar esa situación. Sin embargo, los nacionalistas, temerosos de perder su propia legitimación, se resisten a tal propuesta si no les ofrecen determi...
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El déficit de legitimación del Estado español en el País Vasco es, seguramente, la causa que explica la capacidad de desestabilización que conserva ETA, pese a que el apoyo político potencial con que cuenta dicha organización no supera en ningún caso el 10% de la población de Euskadi. La propuesta socialista de corresponsabilizar al Gobierno vasco, y a través de él al nacionalismo democrático, en tareas antiterroristas, busca, probablemente, modificar esa situación. Sin embargo, los nacionalistas, temerosos de perder su propia legitimación, se resisten a tal propuesta si no les ofrecen determinadas garantías.El tardofranquismo, con su torpe política de orden público, contribuyó notablemente a afirmar un emergente narcisismo étnico, cuya quintaesencia sería años después la alucinatoria, pero sincera, creencia por parte de ETA y sus vicarios en la tierra de su protagonismo exclusivo en cuanto acontecía (desde la quiebra del franquismo a la crisis del Gobierno de UCD, pasando por la evolución proatlantista de Felipe González y hasta la nueva ley de régimen local, recientemente calificada desde HB como "una maniobra contra la izquierda abertzale").
Esa creencia ha llegado a ser tan absoluta que en la actualidad ningún argumento racional -por ejemplo, la constatación de que el apoyo a ETA supone como mucho el 10% de la población- es ya capaz de hacer mella en la coraza ideológica abertzale (a diferencia con la ETA de los años sesenta y setenta, muy permeable a lo que sucedía en el exterior).
Ignorando los cambios producidos en la lógica interna de ETA -que desde que añadió el muy explícito apellido de militar a sus siglas supeditó cualquier planteamiento político al principio de que la actividad armada seguirá siendo indefinidamente imprescindible-, los partidos democráticos vascos, incluyendo muy particularmente al PNV, han basado su estrategia respecto a la violencia en la hipótesis de que la capacidad desestabilizadora de ETA dependía de su relativamente amplio apoyo social, y de que bastaría profundizar la autonomía para que ese apoyo menguara y los violentos renunciasen a las armas.
La experiencia ha demostrado: que ETA no puede ya renunciar a la actividad armada sin poner en peligro su propia subsistencia como foco de adhesión (ni puede aumentar esa adhesión sin renunciar a las armas); que, por ello, y en contra de lo que afirman sus valedores, lo más probable es que ETA sólo acepte negociar si llegase a encontrarse en una posición de extrema debilidad; que la capacidad mortífera -y desestabilizadora- de ETA es relativamente independiente del apoyo político con que cuente; que el desgaste de su base social es, con una tasa de paro del 23%, una tarea a muy largo plazo; que la consolidación de la autonomía dista de ser condición suficiente para acelerar ese desgaste (aunque sí sirve para evitar un cambio en la actual relación de fuerzas entre PNV y HB); que, independientemente de la voluntad subjetiva de sus dirigentes, la actitud del PNV durante los últimos años ha permitido a ETA recobrar aliento en momentos decisivos para su futuro.
Responsabilidad del PNV _
Algunos ejemplos de esto último serían: la aceptación, sin las imprescindibles matizaciones, del argumento abertzale según el cual "Euskadi rechazó la Constitución"; el desprestigio de la autonomía vasca, calificando el Estatuto como de mínimos; la identificación mecánica, en contra tanto del sentido común como de los intereses efectivos de la población vasca, entre nivel máximo de transferencia! y grado óptimo de competencias, contribuyendo así a deslegitimar el proyecto democrático autonómico en su conjunto; el empeño en convencer a los vascos de que la diferencia entre ETA y el nacionalismo democrático se limitaba al terreno de los medios, aceptando que los fines podían ser compartidos; la desautorización pública, como represiva, de la política de extradiciones y deportaciones impulsada por España y Francia; la aceptación del principio de la negociación política (integración de Navarra, etcétera) con ETA.
El cambio de postura del nuevo Gobierno vasco se concretó, tras el pacto con los socialistas, en el decálogo contra el terrorismo presentado en marzo y en el reciente discurso del lendakari Ardanza en Madrid. Las propuestas de concreción del decálogo recogidas en el documento socialista filtrado esta semana giran en torno al principio de la corresponsabilización del Gobierno vasco en las actividades, políticas y policiales, antiterroristas. En el fondo del planteamiento subyace la convicción de que ningún plan de concienciación será eficaz mientras que las instituciones autonómicas, incluida la Ertzaintza, no se muestren dispuestas a transferir, por vía de contacto, a las instituciones del Estado, policía incluida, una parte de su legitimación.
Efectos contrarios
El problema es que los nacionalistas temen que ese contacto produzca el efecto contrario: la deslegitimación de las todavía casi vírgenes instituciones vascas. Por ello, es probable que, antes de dar un sólo paso en esa dirección, Ardanza exija garantías de, por una parte', una actuación policial mantenida "en el estricto campo del Estado de derecho" (en palabras del decálogo) y, por otra, de que ese proceso de corresponsabilización lo sea, simultáneamente, de sustitución paulatina de las fuerzas de seguridad del Estado por las, autonómicas.
A su vez, la superación de las actuales contradicciones puede verse favorecida por el giro producido en la estrategia de ETA: el carácter ya abiertamente indiscriminado y arbitrario de sus últimas acciones, si bien apenas hace mella en sus incondicionales, sí suscita en el resto de la población, nacionalistas incluidos, una renovada reacción defensiva que, de rebote, facilita la ruptura de la incomunicación con las instituciones del Estado.
Paralelamente, la creciente convicción de que la superación del problema percibido como más agobiante, el del desempleo, es inseparable de la eliminación del clima de violencia, actúa como antídoto, todavía sólo parcialmente eficaz, contra la paralización social que produce el difuso miedo que sigue dominando a gran parte de la sociedad vasca.