El Gobierno tendrá que decidir sobre el despido colectivo
El Gobierno tendrá que decidir sobre la reforma del mercado de trabajo, eliminando o no la autorización administrativa para el despido colectivo, una vez que tanto la patronal CEOE como el sindicato UGT han presentado sus propuestas a este respecto. Mientras la organización empresarial cree que el cumplimiento del artículo 17 del Acuerdo Económico y Social (AES) y las promesas del presidente Felipe González exigen que se den mayores facilidades para el despido, el sindicato socialista defiende que la legislación no debe modificarse en absoluto.
La Unión General de Trabajadores (UGT) y l...
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El Gobierno tendrá que decidir sobre la reforma del mercado de trabajo, eliminando o no la autorización administrativa para el despido colectivo, una vez que tanto la patronal CEOE como el sindicato UGT han presentado sus propuestas a este respecto. Mientras la organización empresarial cree que el cumplimiento del artículo 17 del Acuerdo Económico y Social (AES) y las promesas del presidente Felipe González exigen que se den mayores facilidades para el despido, el sindicato socialista defiende que la legislación no debe modificarse en absoluto.
La Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) entregaron ayer al ministro de Trabajo sus respectivas propuestas sobre la normativa del despido colectivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del AES. En medio centenar de folios, la UGT argumenta las razones del sindicato para que no se modifique la legislación en esta materia. La CEOE, en menos folios y con parecidos argumentos, defiende la tesis contraria.Aunque en los documentos de la patronal no se menciona el tema la CEOE utilizará como principal razón para la reforma de la actual normativa, las promesas que el presidente del Gobierno, Felipe González, hiciera en su día al presidente de la CEOE, José María Cuevas, y que sirvieron precisamente para que se firmara el acuerdo. Felipe González, según las versiones recogidas por este periódico, se comprometió a que antes de que se entrara en la Comunidad Económica Europea (CEE) se llevaría a cabo una modificación de la legislación para flexibilizar el despido.
Con estas condiciones, Cuevas aceptó la redacción última del articulo 17 del AES: "El Gobierno manifiesta su voluntad de adaptar y armonizar la legislación interna española en materia laboral al acervo comunitario, del que forma parte la directiva del 17 de febrero de 1975, y a las normas habituales de los Estados miembros de la CEE en esta materia". Los empresarios quieren, en definitiva, que sean ellos mismos quienes decidan -tras informar a los sindicatos- el despido colectivo por causas tecnológicas o de fuerza mayor, sin tener que recabar la autorización del Ministerio de Trabajo. Según la CEOE, tal como están las cosas un expediente de regulación de plantilla cuesta muchos millones de pesetas, precisamente cuando la empresa se encuentra en peor situación.
La directiva de la CEE a la que hace mención el AES sirve como argumento al sindicato socialista y a la patronal, indistintamente. Los primeros mantienen que la directiva -y es cierto- señala que, si en el país de que se trate existe otra legislación más favorable para los trabajadores, se mantenga. La CEOE acepta esta afirmación, pero puntualiza que precisamente por eso se recogió en el AES la expresión "normas habituales"; que si no pensaba cambiar la legislación no tiene sentido admitir la voluntad de modificarla, y, sobre todo, que ése fue el compromiso del presidente de Gobierno.
Pequeña modificación
La patronal espera que el Gobierno modifique "al menos algo la normativa existente, porque en caso contrario habría un flagrante incumplimento del AES". Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE, lo vino a decir ayer con parecidas palabras: "Si en un plazo prudencial el Gobierno no elabora un proyecto recogiendo nuestras propuestas, habrá incumplido sus compromisos". Y, según medios cercanos a la CEOE, el incumplimiento del Gobierno dejaría a la cúpula de la organización empresarial en una dificil situación. EL AES fue vendido a los empresarios a cambio de una flexibilización en despido que no se ha producido, aunque en materia de contratación se esté por encima incluso de los países europeos. El sentimiento de frustración y engaño que quedaría en la patronal haría muy dificil cualquier nuevo intento de concertación.
El texto de la UGT, profusamente documentado -tiene hasta definiciones que se citan extraídas del Diccionario de la Real Academia Española y al Diccionarios terminológico de la CEE-, viene a demostrar que el AES, en su artículo 17 se cumple no modificando nada. Que la adaptación y armonización al acervo comunitario y concretamente a la directiva 17 significa mantener nuestra actual normativa, más favorable a los trabajadores. Y que, además, no existen normas habituales en los Estados de la CEE en materia laboral. Cada país tiene su propia legislación. Por otro lado, la central socialista, hace notar que la adaptación de nuestra legislación al "acervo comunitario", comprende otras materias, además del despido colectivo.
Y en este aspecto subraya que mientras en nuestro país la cobertura por desempleo estaba en 1983 en el 23%, en el área de la Comunidad se doblaba cuando menos esta tasa. En el campo de la Seguridad Social, el documento de UGT hace un repaso minucioso de la situación en los distintos países.
En definitiva, la UGT rechaza de plano cualquier modificación de la actual normativa. Rechazo que, por otra parte, ha venido reiterando ante la CEOE en las dos reuniones que hasta ahora ha mantenido. La UGT no quiere saber nada de promesas del presidente de Gobierno.