La aplicacion del recargo del 3% se retrasa hasta la declaración de la renta que se pagará en 1986

Los miembros de la comisión técnica formada por la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos, entre ellos el de la capital, acordaron ayer posponer la aplicación del recargo del 3% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) hasta el año 1986, en el que se hará la declaración sobre el ejercicio de 1985. Este retraso parece estar motiva

do por "pequeñas dericiencias técnicas", según in formaron algunas fuentes. Entre las posibilidades que se barajan para que la Comunidad de Madrid pueda atender a los gastos de 1985 está la de pedir al Ministerio de Hacienda que adelante...

Los miembros de la comisión técnica formada por la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos, entre ellos el de la capital, acordaron ayer posponer la aplicación del recargo del 3% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) hasta el año 1986, en el que se hará la declaración sobre el ejercicio de 1985. Este retraso parece estar motiva

do por "pequeñas dericiencias técnicas", según in formaron algunas fuentes. Entre las posibilidades que se barajan para que la Comunidad de Madrid pueda atender a los gastos de 1985 está la de pedir al Ministerio de Hacienda que adelante el dinero que se recaudará en 1986 o la de solicitar un aumen to de las retenciones que se practican mensualmen te a los trabajadores.Según informó Juan Barranco, secretario de política municipal del PSOE, la comisión técnica ha llegado al acuerdo de que el recargo se aplique en 1986 sobre el ejercicio de 1985. "El problema está en ver cómo se obtienen fondos sin esperar a que los contribuyentes hagan sus declaraciones, pues las inversiones no pueden retrasarse hasta entonces, dijo Barranco. Entre las posibilidades que se plantean está la de retener una cantidad mayor a los trabajadores que cobren por nómina o pedir al Ministerio de Hacienda que adelante a la Comunidad la cantidad que, en teoría, será recaudada en 1986 en concepto del 3% del recargo.

Francisco Gil, consejero regional de Economía y Hacienda, matizó que aunque esta comisión técnica no tiene poder decisorio, el tema sólo está pendiente de que el Ministerio de Hacienda se pronuncie sobre el posible adelanto del dinero, actitud a la que parece favorable. Sobre el tema del aumento de las retenciones mensuales, Gil admitió que estaba en estudio, pero advirtió que su aplicación suponía dificultades importantes, pues sólo se podría cobrar sobre rentas de trabajo y no de capital.

Polémico documento

Por otra parte, la publicación del contenido del documento elaborado el pasado 6 de noviembre por la Oficina de Coordinación Legislativa de las Comunidades Autónomas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (ver EL PAÍS de ayer), en el que exponía sus reticencias sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, provocó ayer numerosas reacciones.

Este documento indica que el proyecto contiene referencias a materias que son de competencia estatal. Concretamente, el artículo 9 del proyecto del 3% señala que las cantidades liquidadas en virtud del recargo no serán deducibles de los tributos que perciba el Estado, precisión que se considera una intromisión en una competencia de la legislación estatal.

La Oficina del Portavoz de la Comunidad de Madrid hizo público anoche un comunicado en el que afirma que el citado informe "no cuestiona la constitucio nalidad del Fondo de Solidaridad Municipal".

"En relación con la informa ción aparecida en un periódico de Madrid", prosigue el comunicado, "el gobierno de la Comunidad constata, de entrada, que dicho medio de comunicación ha querido otorgar un caracter político al mencionado informe, cuando éste tan sólo tiene un sentido estrictamente técnico".

"El ejecutivo regional madrileño", continúa la nota, Iamenta la manipulación de que ha sido objeto el informe de la Oficina de Coordinación legislativa del PSOE. Se trata de un episodio más de la campaña diseñada para desvirtuar las razones que nos han impulsado a plantear a los legítimos representantes del pueblo de Madrid, la creación de un Fondo de Solidaridad".

También Enrique Martínez Robles, director general de Coordinación con las Hacienda Territoriales, del Ministerio de Economía y Hacienda, puntualizó ayer que el citado proyecto fue estudiado por su departamento antes de que el Gobierno regional lo hiciera público "y no se apreció en el mismo ningún problema de inconstitucionafidad".

En el mismo sentido se pronunciaron los miembros de la comisión tripartita formada por representantes del Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Esta comisión ha sido constituida para estudiar los defectos encontrados en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno regional.

Sus miembros manifestaron que no se tienen dudas sobre la constitucionalidad de la medida ni la facultad que tienen las comunidades para cobrar este recargo. Según esta comisión, los defectos econtrados en el proyecto de ley "lo hacen jurídicamente dificultoso" por lo que serán subsanados mediante la presentación de enmiendas.

Después de conocer este documento, la patronal madrileña y Coalición Popular reafirmaron que el proyecto es de dudosa constitucionalidad. Lorenzo Hernández, portavoz del Grupo Comunista en el Parlamento regional, ratificó las denuncias de su grupo de que el proyecto de ley se ha redactado con demasiada precipitación.