Archivado el sumario contra dos rectores acusados de fraude

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona ha acordado sobreseer las diligencias que se seguían contra Gabriel Ferraté, rector de la Universidad Politécnica de Barcelona, y contra Arturo Caballero, ex rector de la Universidad de Barcelona, por unos presuntos delitos de fraude y exención ilegal, supuestamente cometidos entre los años 1972 y 1977 al cobrar unas tasas irregulares a los alumnos.La misma sala ha acordado remitir el sumario al juzgado de instrucción para que se investiguen las relaciones del ex rector de la Universidad de Barcelona Fabián Estapé con la empresa Tabas...

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona ha acordado sobreseer las diligencias que se seguían contra Gabriel Ferraté, rector de la Universidad Politécnica de Barcelona, y contra Arturo Caballero, ex rector de la Universidad de Barcelona, por unos presuntos delitos de fraude y exención ilegal, supuestamente cometidos entre los años 1972 y 1977 al cobrar unas tasas irregulares a los alumnos.La misma sala ha acordado remitir el sumario al juzgado de instrucción para que se investiguen las relaciones del ex rector de la Universidad de Barcelona Fabián Estapé con la empresa Tabasa, promotora de los túneles del Tibidado, que entregó a la Universidad una indemnización a cambio de la finca Can Mestre.

Estos acuerdos fueron adoptados por los magistrados César Planas, Adolfo Fernández-Oubiña y José Luis Barrera a raíz de un informe elaborado por el fiscal Carlos Jiménez Villarejo y que había sido reclamado por la sala al concluir la instrucción del sumario. El informe del fiscal estimaba que se cometió un delito de exención ilegal, al gravar la matrícula de los alumnos con unas tasas no aprobadas legalmente, pero aseguraba que debía aplicárseles a los implicados la eximente de estado de necesidad, ya que, de no haber recaudado estas tasas, se hubiera tenido que paralizar la vida académica de sus centros.

Estas tasas, que fueron acordadas en septiembre de 1972 siguiendo las orientaciones del Consejo de Rectores y con el conocimiento y la tolerancia del Ministerio de Educación y Ciencia, se cobraron hasta 1976 y supusieron unos ingresos totales de más de 400 millones de pesetas. Con dicho dinero se incrementó el sueldo del personal no docente, que amenazó entonces con iniciar una huelga si no se le subían los salarios.

El fiscal, en su informe, justificaba la actitud de los rectores y hacía hincapié en el "sistema precario y torpe de la administración", que no supo prever ni solucionar estas dificultades económicas de la Univesidad. Aseguraba, a continuación, que ante la amenaza de paralización de la actividad docente, los rectores optaron por seguir garantizando las clases a costa de cometer esas lesiones jurídicas. El informe enaltecía la conducta de los rectores implicados en la investigación, y añadía que tanto Ferraté como Caballero fueron ajenos a cualquier propósito de lucro o de beneficio personal en dicho cobro.

Ésta es la tercera causa judicial relacionada con supuestas irregularidades descubiertas en la contabilidad de la Administración que se archiva en los últimos meses. Con anterioridad se archivó la investigación que afectaba a la Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia y a la Delegación Provincial de Transportes, ambas de Barcelona Esta vez, sin embargo, es la primera en que se justifica de una manera extensa el archivo de la causa, examinando el alcance y las razones de las irregularidades.