Mangada cree que se perderán 40.000 empleos si el Estado no da el dinero prometido para viviendas

La Comunidad de Madrid necesita una aportación del Estado de 69.387 millones de pesetas en cuatro años para poder construir en el período 1984-1987 14.937 viviendas de promoción pública, de las 39.900 cuya construcción estaba ya comprometida en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. Si esta aportación estatal no se produce, la comunidad autónoma, por sus propios medios, apenas podría asegurar la construcción de 6.492 viviendas en los cuatro años, quedarían bloqueadas las obras del programa de remodelación actualmente en marcha y no podrían iniciarse nuevas viviendas desde 1985. La paralizac...

La Comunidad de Madrid necesita una aportación del Estado de 69.387 millones de pesetas en cuatro años para poder construir en el período 1984-1987 14.937 viviendas de promoción pública, de las 39.900 cuya construcción estaba ya comprometida en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. Si esta aportación estatal no se produce, la comunidad autónoma, por sus propios medios, apenas podría asegurar la construcción de 6.492 viviendas en los cuatro años, quedarían bloqueadas las obras del programa de remodelación actualmente en marcha y no podrían iniciarse nuevas viviendas desde 1985. La paralización de las obras supondría la pérdida de 40.200 puestos de trabajo, fundamentalmente en el sector de la construcción. Estos datos se contienen en un informe elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

Eduardo Mangada, titular de la consejería citada, reconoció el, martes, en una conferencia de prensa, que todos los programas de vivienda aprobados en la provincia de Madrid van a sufrir recortes importantes. Las negociaciones mantenidas entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) fijaron como objetivo, en el caso de Madrid, la cifra de 14.937 viviendas, acuerdo que aún no está formalizado.

El dinero, por partidas

Esta cifra se desglosa de la siguiente forma: remodelación de barrios, 8.675 viviendas; rehabilitación de viviendas del patrimonio público, 2.242; convenios con ayuntamientos de la provincia, incluido el de Madrid, 3.000; viviendas para grupos sociales marginados, 600; viviendas para solicitudes de familias necesitadas, 430. El informe reconoce, por citar un ejemplo, que en Madrid existen 1.025 solicitudes de otras tantas familias que "reúnen los requisitos para ser consideradas como de extrema necesidad y urgencia".Las necesidades reales, comprometidas oficialmente en la capital, alcanzan la cifra de 27,930 viviendas, que deberían iniciarse en este cuatrienio. Sumando los convenios firmados con otros ayuntamientos de la provincia, por un total de 11.970 viviendas, la cifra total de viviendas comprometidas asciende a 39.900, por lo que el plan acordado entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo supone, de entrada, un recorte de 24.963 viviendas.

Conflictividad social

Eduardo Mangada, comentando las conclusiones que se derivan de los datos antes expuestos, afirmó en la conferencia de prensa que la situación es grave y que acentuar aún más los recortes puede dar lugar a situaciones de peligrosa conflictividad social. Sin embargo, el recorte viene impuesto por la necesidad de acoplarse a las previsiones del plan cuatrienal aprobado por el Gobierno socialista para todo el territorio nacional, por lo que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid acepta que la iniciación de las 14.937 viviendas constituye el objetivo cuantitativo que le corresponde en el cuatrienio". También las restantes comunidades autónomas han visto reducirse sus previsiones en materia de construcción de viviendas públicas.Eduardo Mangada manifestó su esperanza de que "a no muy largo plazo, podamos responder a las necesidades reales de la sociedad madrileña".

El presupuesto para la construcción de las 14.937 viviendas asciende a 66.368 millones de pesetas, de los cuales la Comunidad de Madrid aportará 9.039 millones, procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, y el Estado, 57.329 millones.

A estas cifras hay que añadir 12.058 millones de pesetas, destinados a cubrir los costes suplementarios que se prevén en estos cuatro años, motivados por índemnizaciones por traslado, derribo de chabolas, eliminación de servidumbres ymayor coste del suelo que en otras provincias, entre otros factores. El informe de la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente señala que, "obviamente, este sobrecoste deberá ser aportado por el Estado". En total, la cifra que deberá áportar el Estado asciende a los 69.387 millones de pesetas citados al principio.

El informe de la consejería señala, por último, la enorme incidencia que los programas ,de construcción de viviendas tienen en el mantenimiento del empleo en el sector de la cons,trucción y sus industrias auxiliares. La construcción del mínimo de 14.937 viviendas, con el recorte que supone, ya significa la pérdida de 17.700 puestos de trabajo.