Una cierta aureola

Los funcionarios de los juzgados, los colegios de abogados, las juntas de gobierno de las facultades de Derecho muestran estos días su apoyo a los jueces donostiarras en un amplio movimiento solidario del que participan intelectuales y artistas prestigiosos, fuerzas políticas y buena parte de la opinión pública vasca. Una reacción significativa si se tiene en cuenta la secular desconfianza de la población vasca ante el poder judicial y el descrédito que ha supuesto para la nueva Administración de justicia la aparente impunidad de determinadas conductas policiales.Los magistrados que, a su pesa...

Los funcionarios de los juzgados, los colegios de abogados, las juntas de gobierno de las facultades de Derecho muestran estos días su apoyo a los jueces donostiarras en un amplio movimiento solidario del que participan intelectuales y artistas prestigiosos, fuerzas políticas y buena parte de la opinión pública vasca. Una reacción significativa si se tiene en cuenta la secular desconfianza de la población vasca ante el poder judicial y el descrédito que ha supuesto para la nueva Administración de justicia la aparente impunidad de determinadas conductas policiales.Los magistrados que, a su pesar, han sido noticia obligada en las últimas semanas no forman un colectivo homogéneo, son personas de edades e ideologías dispares que tienen en común el haber sido destinados a Euskadi y el haberse mostrado respetuosos con la Constitución y con la salvaguardia de los derechos humanos. Sin proponérselo, han conseguido rodearse de una cierta aureola de "hombres honrados con madera de héroes", y representan ya una,referencia esperanzadora para todos aquellos que creen que Euskadi necesita hoy más que ninguna otra cosa unajusticia verdadermante democrática si se quiere avanzar en el terreno de la pacificación y de la normalización política y social.Algunos de estos magistrados han sido expedientados -expediente ya sobreseido- por el Consejo General del Poder Judicial de Guipúzcoa, por denunciar la práctica de torturas en dependencias policiales. La tortura en Euskadi sigue siendo una escandalosa evidencia para la opinión pública vasca, más allá de las denuncias de los jueces o de Amnistía Internacional, del testimonio directo.de detenidos o de las conclusiones de informes bien documentados.En contra de quienes insinúan la conveniencia de acallar estos hechos para no facilitar argumentos a ese sector político supuestamente instrumentalizado por ETA, que no cree en la democracia o que no cree que esto sea una democracia, los jueces donostiarras han optado por la aplicación escrupulosa de la ley y por la persecución de los delitos de torturas, cuya inexistencia, por otra parte, dejaría obviamente sin ese argumento a aquellos que justifican la violencia provocadora del terrorismo. Por primera vez, los jueces han visitado los cuarteles y comisarías donde se interrogaba a detenidos y han podido comprobar lo justificado o no de las denuncias, presentadas a veces por meras sospechas o apoyadas en el testimonio de detenidos puestos en libertad que pudieron ser supuestamente torturados en dependencias policiales.Después de esta iniciativa se han sucedido en cascada los plantes a la justicia por parte de funcionarios policiales citados a participar en careos y en ruedas de identificación: el telegrama de la Dirección General de la Guardia Civil que justificaba "por necesidades de servicio" la incomparecencia de 10 miembros de ese cuerpo y, más recientemente, la recusación de un magistrado con argumentos políticos calificados de provocación en medios de la judicatura.La conducta de estos jueces no contradice, por otra parte, el hecho de que, para la gran mayoría, Euskadi representa un destino forzoso, provisional y comprometido. La continua movilidad, reflejada en el dato de que 24 magistrados jueces han abandonado los tres juzgados de Instrucción de San Sebastián desde marzo de 1981, crea un ambiente de permanente provisionalidad, obstaculiza una eficaz administración de la justicia y consigue que una sentencia se retrase varios años, tal y como han denunciado los asistentes al reciente congreso de abogados de Euskadi.

Desarraigo

Durante el período que están obligados a, permanecer en Euskadi -dos años para aquellos que excepcionalmente solicitan este destino-, los jueces viven separados de sus familiares y raramente alternan o se relacionan fuera de su círculo. Se sienten desarraigados, a veces amenazados y casi siempre decepcionados por el descrédito que amplios sectores de la población observan en la acción de la justicia.

La sobrecarga de trabajo -una media anual de 4.000 diligencias penales-, los problemas de vivienda, la falta de estímulos, la tensión política y la imagen forzada y distorsionada de una Euskadi en permanente conflicto contribuyen a la deserción general. Hubo un juez que durante su estancia en el País Vasco dormía debajo de la cama por temor a un atentado; pero, por encima de esta anécdota jocosa, si no fuera dramática, es cierto que otros muchos llevan una vida de discreción y recelo.Los jueces, sin embargo, no han sido el blanco principal de ETA. Un magistrado de Trabajo sufrió un atentado del que salió ileso y este mismo año un juez ha abandonado Euskadi después que la policía descubriera su fotografía en un piso utilizado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas. A cambio, circulan fuera de Euskadi historias noveladas en las que los protagonistas, jueces que cumplieron destino en el País Vasco, figuran como víctimas heroificadas de atentados y amenazas de los que ni siquiera existen indicios.

Aquellos que permanecen el tiempo suficiente como para asomarse a la realidad y desempeñar una cierta labor estable, esos que han asumido la idea de que si son aceptados por la sociedad vasca será pese a su condición de jueces, se encuentran con que los hechos violentos que más crispan la convivencia, los crímenes de ETA o de la extrema derecha, dependen de la Audiencia Nacional. Ven así mermadas sus competencias y facultades pese a ser los jueces naturales de la comunidad española en la que más se vulneran los derechos humanos.

El rechazo de la Junta de Jueces de San Sebastián al proyecto de ley de hábeas corpus se asienta precisamente en el hecho de que se reserva a la Audiencia Nacional las competencias sobre los procedimientos de hábeas corpus en los casos de detenidos sospechosos de terrorismo. En opinión de la Junta, los jueces encargados de vigilar los abusos de la ley Antiterrorista se ven así privados de un instrumento fundamental para el e ercicio de ese control.

La instrucción de las diligencias en Euskadi por supuestas torturas en la práctica, y coincidiendo con el incremento de los informes forenses, muchos de los detenidos son trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Burgos, fuera de la competencia de los juzgados donostiarras, aduciendo para ello que la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián está en obras.Encapuchados

El testimonio de personas puestas en libertad tras haber permanecido detenidas en dependencias de la Guardia Civil de Burgos indica que quienes participan en los interrogatorios llevan el rostro cubierto para no poder ser identificados. A juicio de algunos autores, la Administración de justicia en Euskadi plantea la necesidad de estabilizar la estancia de los jueces, de devolver a, los tribunales ordinarios las competencias sobre los casos de terrorismo, siguiendo el ejemplo italiano, y de crear una policía judicial a las órdenes de los magistrados.

Se habla de la autonomía judicial y de la oportunidad de recuperar elantiguo proyecto de creación de un consejo territorial del poder judicial como una forma idónea de legitimar la justicia ante el pueblo vasco. Y se apunta que la pervivíencia de la Audiencia Nacional no tendrá sentido el día en que se cree el tribunal de justicia de Euskadi y aquélla asuma las competencias constitucionales y estatutarias como órgano judicial en el que se agotan todas las instancias, incluida la penal, salvo las competencias propias del Tribunal Supremo.

Mientras tanto, el Gobierno vasco concede becas de 300.000 pesetas a los licenciados en Derecho que se comprometan a solicitar destino en Euskadi cuando logren acceder a la judicatura.