El mayor organismo de investigación
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el mayor organismo público de investigación de España. En sus institutos se realiza aproximadamente el 30% de la investigación pública. Cuenta con un centenar de centros propios de investigación y otro medio centenar cogestionado con otros organismos, fundamentalmente la Universidad. En la actualidad tiene una plantilla de 5.000 personas, de las cuales unas 1.300 son personal investigador.Su excesiva atomización -hasta hace poco existían institutos unipersonales-, la falta de atención a las prioridades científicas del país y la eleva...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el mayor organismo público de investigación de España. En sus institutos se realiza aproximadamente el 30% de la investigación pública. Cuenta con un centenar de centros propios de investigación y otro medio centenar cogestionado con otros organismos, fundamentalmente la Universidad. En la actualidad tiene una plantilla de 5.000 personas, de las cuales unas 1.300 son personal investigador.Su excesiva atomización -hasta hace poco existían institutos unipersonales-, la falta de atención a las prioridades científicas del país y la elevada edad media de sus investigadores -48 años- han sido algunos de sus males, denunciados repetidamente y todavía sin solucionar.
La virtual disminución de plantillas en los últimos años, en los que no sólo no se convocaron plazas nuevas, sino que tampoco se cubrieron las que iban quedando vacantes, hizo que el Gobierno socialista heredara una difícil situación de personal, que todavía subsiste en su mayor parte, donde un importante porcentaje de los investigadores de hecho tiene la categoría de becarios y de contratados temporalmente para proyectos específicos de investigación. Se han denunciado situaciones de becarios, con el título de doctor, que llevan siete años o más en esta situación y que deben renovar anualmente su beca mediante un impreso donde se consigna el domicilio de los padres, sin tener siquiera derecho a seguridad social o seguro de desempleo.
La situación ha quedado desbloqueada parcialmente este año con la convocatoria de más de un centenar de plazas, ya que los responsables ministeriales no se han decidido por la posibilidad de contrato laboral, arguyendo la falta de criterios para la selección previa de estos investigadores.