El Tribunal Supremo confirma la sentencia sobre el fraude multimillonario del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a José Luis Bruna de Quixano a 23 años y 4 meses por su participación en el fraude del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Bruna, que era delegado del Estado en el consorcio, fue condenado por delitos continuados de malversación de fondos públicos y falsificación de documento oficial. Tambien fueron condenados, como encubridores de la malversación, Fernando Serena Mascaray, a 2 años y 10 meses, y Rafael del Barco Carreras, a 2 años y 8 meses. Este último no presentó recurso...

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a José Luis Bruna de Quixano a 23 años y 4 meses por su participación en el fraude del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Bruna, que era delegado del Estado en el consorcio, fue condenado por delitos continuados de malversación de fondos públicos y falsificación de documento oficial. Tambien fueron condenados, como encubridores de la malversación, Fernando Serena Mascaray, a 2 años y 10 meses, y Rafael del Barco Carreras, a 2 años y 8 meses. Este último no presentó recurso. Bruna de Quixano fue condenado también a devolver al Consorcio 1.064 millones de pesetas. Serena y Del Barco fueron obligados a devolver 100 y 50 millones, respectivamente.

El Supremo no se ha pronunciado sobre la solicitud de indulto parcial para Bruna propuesta por el tribunal de Barcelona, que recabó del Gobierno la reducción de la condena de 23 a un total de 13 años, por considerar la pena excesiva.La sentencia del Tribunal Supremo, que consta de 96 folios, al declarar firme la resolución de la Audiencia de Barcelona, reconoce el carácter de organismo público del consorcio, que había sido cuestionado por el defensor de Bruna de Quixano. El Supremo señala que es un error considerar como caudales públicos sólo a los estatales, "denegando tal cualidad jurídica a los provinciales o municipales", y que la calificación correcta del delito es "sustracción de caudales públicos, del artículo 394, en relación al 399 (municipales o provinciales)".

El fraude del Consorcio de la Zona Franca fue realizado entre 1975 y 1978, cuando la entidad adquirió un total de 119 fincas, de las que 72 no existían, para efectuar un proyecto de centro integrado de transportes y almacenamiento (CITA). En esta operación fueron desembolsados 1.250 millones de pesetas. El secretario general del consorcio, Antonio de la Rosa, procesado que se encuentra en rebeldía, fue en principio el único responsable de la malversación, pero posteriormente intervino también Bruna de Quixano, en su calidad de delegado del Estado en el consorcio.

De la Rosa y Bruna de Quixano suscribieron contratos privados de compra de fincas que realmente no existían. Los que figuraban como vendedores de las fincas inexistentes eran personas imaginarias, y las inscripciones en el Registro de la Propiedad eran ficticias.

Según la sentencia ahora confirmada, "los libramientos de pago para el abono de los precios, en los que se constataba el nombre del vendedor imaginario, fueron firmados por el procesado Bruna desde que tomó posesión del cargo de delegado del Gobierno, el 22 de junio de 1977.( ... ) Los recibos en lo que el tal vendedor manifestaba recibir la cantidad contenían firmas fingidas o simuladas".

Cheques al portador

En estas operaciones de compras ficticias se firmaron 102 talones bancarios al portador, que fueron ingresados en la cuenta corriente de Financiera de Negocios, SA (FINESA), de la que formaba parte Bruna de Quixano, el cual tenía capacidad para disponer de los fondos. El dinero obtenido era repartido entre Antonio de la Rosa y Bruna.Debido a la mala situación económica del consorcio -en gran parte por la salida de 1.229 millones- y al conocer el inminente cese de Bruna como delegado del Grobierno, De la Rosa y Bruna decidieron encubrir las operaciones simuladas. Para ello propusieron al pleno del consorcio la venta de parte de las fincas compradas para abonar parte de sus deudas, consiguiendo su aprobación. De la Rosa se puso de acuerdo con Del Barco, que era amigo suyo, quien, por 589 millones se hace cargo de las primeras 67 fincas inexistentes. Esta operación no pudo culminar con éxito por diversas razones.

Fernando Serena, comerciante de automóviles, vendió a De la Rosa 42 vehículos, ya que éste regalaba los coches a sus amigas. Al poco tiempo éstas los devolvían a Serena, que volvía a venderlos. Serena ganó 113 millones de pesetas en estas operaciones.