Pujol confía en que el Gobierno no recurra la 'ley del catalán'

A 24 horas de que el Consejo de Ministros decida si recurre o no contra la ley del catalán, tanto la Generalitat como círculos cercanos a la Administración del Estado en Cataluña estimaban que o no se recurrirá o se hará únicamente a un artículo y por razones técnicas.Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, en unas declaraciones a la agencia Efe recordó que la ley se elaboró con extrema prudencia. "Procuré personalmente que no se hiciera sin un acuerdo general entre todos los grupos políticos, y luego pedí que el Consejo Consultivo de la Generalitat examinara con lupa todos los posib...

A 24 horas de que el Consejo de Ministros decida si recurre o no contra la ley del catalán, tanto la Generalitat como círculos cercanos a la Administración del Estado en Cataluña estimaban que o no se recurrirá o se hará únicamente a un artículo y por razones técnicas.Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, en unas declaraciones a la agencia Efe recordó que la ley se elaboró con extrema prudencia. "Procuré personalmente que no se hiciera sin un acuerdo general entre todos los grupos políticos, y luego pedí que el Consejo Consultivo de la Generalitat examinara con lupa todos los posibles riesgos de inconstitucionalidad. Todas las observaciones de este organismo se incorporaron", asegura.

Pujol subraya que "nadie podrá decir que la Generalitat o el Parlamento catalán hayan actuado con ligereza ni con radicalismo, y eso lo ha reconocido hasta Alfonso Guerra y Tomás de la Quadra". Luego hizo una especie de advertencia: "En el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central hay puntos especialmente sensibles: la lengua es el más importante y el que afectaría más a la fibra colectiva catalana. Nadie puede jugar con eso, sobre todo cuando todas las fuerzas catalanas han actuado con moderación".

La comisión de seguimiento de la Administración central ha recomendado, sin embargo, la impugnación de los tres artículos, según fuentes fidedignas, pero su recomendación no es vinculante.

Uno de los puntos discutidos es indica que los ciudadanos pueden dirigirse a los juzgados y obtener protección del derecho a hablar en catalán, que en un apartado se completa con la referencia de que el Consell Executiu de la Generalitat estaría legitimado para hacer efectivo de oficio ese derecho.