El Gobierno andaluz, dispuesto a llevar adelante una reforma agraria que no ponga en cuestión la propiedad de la tierra

La reforma agraria puede comenzar por Andalucía si la declaración de Intenciones del presidente de la comunidad autónoma se plasma en una ley efectiva y útil. Por el momento, todas las fuerzas políticas y sociales están expectantes, y ya está claro que el próximo otoño el gran tema político y social de Andalucía será la ley de Reforma Agraria. Una ley que no trata de dar satisfacción al viejo principio libertario de "la tierra para el que la trabaja", pero ante la que los sectores de Izquierdas se encuentran esperanzados. La derecha, por su parte, se ha puesto en guardia, pero las primeras dec...

La reforma agraria puede comenzar por Andalucía si la declaración de Intenciones del presidente de la comunidad autónoma se plasma en una ley efectiva y útil. Por el momento, todas las fuerzas políticas y sociales están expectantes, y ya está claro que el próximo otoño el gran tema político y social de Andalucía será la ley de Reforma Agraria. Una ley que no trata de dar satisfacción al viejo principio libertario de "la tierra para el que la trabaja", pero ante la que los sectores de Izquierdas se encuentran esperanzados. La derecha, por su parte, se ha puesto en guardia, pero las primeras declaraciones no revelan oposición al tema.

"Se trata de una reforma de uso, no de una reforma de propiedad", suelen comentar los altos personajes del PSOE, que por su fuerza en la Cámara autonómica podría, si quisieran, sacar adelante la ley, prescindiendo de los demás partidos. Ese criterio, sin, duda, tranquiliza a la derecha andaluza, en general, y a su sector agrario, en particular, cuya forma de acoger el anuncio contrasta con la reacción desproporcionada que se produjo ante la puesta en estudio de una posible apertura de expediente a cinco fincas de Palma del Río, para la calificación de "manifiestamente mejorables".En el otro lado del espectro, el Sindicato de Obreros del Campo, que lideran Francisco Casero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, que despertó a la opinión pública con la ocupación de una de las fincas expropiadas a Rumasa, acepta como algo inalcanzable el viejo ideal libertario de "la tierra para el que la trabaja". Francisco Casero lo expresó claramente a EL PAÍS: "Nosotros reclamamos el acceso a la tierra; la propiedad puede ser secundaria. Es un principio en el que no queremos detenernos. Lo importante es que la tierra esté cultivada, y que el que la trabaja tenga acceso a sus frutos".

La habididad de Escuredo

El que no sea la propiedad de la tierra lo que está en juego es la razón por la que la derecha ha recibido sin alarma el anuncio de la reforma agraria, que hasta ahora, como queda dicho, no deja de ser una simple declaración del intenciones de Rafael Escuredo, realizada en el curso de unas jornadas celebradas recientemente en Ronda. La impresión general es que hasta ahora no hay, tras esa declaración de principios, un esquema de trabajo para realizar esa ley, sino sólo propósito político de hacerlo.Lo que está claro es que Rafel Escuredo está a punto de anotarse un importante tanto político. Una ley de reforma agraria surgida en el Parlamento andaluz es, sin duda, una baza política fuerte para la junta que preside.

La forma de plantearlo ha sido, por otra parte, hábil. El hecho de que el anuncio haya creado interés, pero no polémica, permite suponer que la intención que se adivina en Escuredo y en su consejero de Agricultura, Miguel Manaute, de concertar la reforma con todas las fuerzas es claramente visible, y de hecho los primeros pasos así lo van confirmando. El pasado miércoles se creó el consejo asesor agrario, órgano consultivo del consejero de Agricultura, en el que están representados sindicatos y empresarios. Ayer, jueves, Escuredo se entrevistó en Málaga con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Marín Almendro, para exponerle el proyecto.

Por el momento, sólo el PCA parece escéptico ante el anuncio. Su secretario regional, Felipe Alcaraz, ha acusado a Escuredo de oportunismo y señalado que sólo su partido ha elaborado un plan de reforma agraria, que va mucho más allá de una mera declaración de intenciones.

Parece claro que la intención del PSOE es buscar en la ley, que todo el mundo espera esté ultimada para fin de año, una racionalización de la economía agraria, evitando en todo lo posible conflictos con los empresarios y la derecha. De ahí que se deslice esa expresión de reforma de uso, no de propiedad, aunque tras ello se anuncie que la ley podría imponer un intervencionismo a los empresarios, unos tipos y niveles de producción, lo que redundaría inmediatamente en los niveles de empleo, y que al tiempo estimulara las fórmulas de cooperativismo, para lo que las fincas expropiadas a Rumasa pueden ser una excelente experiencia piloto.