Los socialistas gallegos, dispuestos a que el contrabando no manipule la política y corrompa a funcionarios del Estado

"No estamos dispuestos a consentir que una industria ilícita, como es el contrabando, manipule además la política y sea un sistema para corromper a algunos de los funcionarios del propio Estado". Ésta es, en expresión de un dirigente socialista, una de las principales razones de fondo que se mueven tras la gran batida policial y fiscal de estos días contra las mafias. El otro problema de fondo, más difícil de precisar, reside en el supuesto intento del caciquismo para mantener reductos de poder frente a un entorno político crecientemente hostil: perdidas algunas relaciones con la Administració...

"No estamos dispuestos a consentir que una industria ilícita, como es el contrabando, manipule además la política y sea un sistema para corromper a algunos de los funcionarios del propio Estado". Ésta es, en expresión de un dirigente socialista, una de las principales razones de fondo que se mueven tras la gran batida policial y fiscal de estos días contra las mafias. El otro problema de fondo, más difícil de precisar, reside en el supuesto intento del caciquismo para mantener reductos de poder frente a un entorno político crecientemente hostil: perdidas algunas relaciones con la Administración, o al menos su relativa neutralidad de hecho, los medios relacionados con el contrabando parecen interesados en normalizar la situación a través de algún tipo de cobertura política.

La batalla contra el contrabando tiene, por consiguiente, aspecto claramente políticos, amén de la investigación puramente policial, y en realidad no ha hecho más que comenzar. La izquierda gallega, y sobre todo los socialistas, se muestran convencidos de que las mafias han intentado apoyarse en el poder local. Esta tesis choca con la que sostienen sectores políticos de carácter conservador, para quienes el contrabando "no es que esté bien, pero siempre hubo por estas tierras y no estaba considerado delictivo", al mismo tiempo que sugieren que el PSOE trata de vengarse de la derrota electoral en las Rías Bajas.Un hecho parece cierto: aunque el plan contra el contrabando se preparó durante los meses de febrero a abril, coincidiendo con la llegada del nuevo gobernador, Virginio Fuentes, y de un nuevo jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Navarro, su puesta en marcha comenzó en mayo. Al analizar los resultados de las elecciones municipales, la izquierda en general y el PSOE en particular, se encontraron con la sorpresa de un retroceso serio en las zonas donde últimamente han actuado los contrabandistas, mientras que el mismo partido avanzaba en otras me nos contaminadas. La batida ha adquirido niveles de cierta espectacularidad en las últimas semanas, con el pleno apoyo político del Gobierno y la colaboración técnica de altos funcionarios de Hacienda y de un equipo especializado de la Guardia Civil.

"¡Vaya barullo que nos están montando!"

Otros sectores políticos aceptan que el contrabando había llegado a ser demasiado escandaloso, pero restan importancia al mismo y creen que el Gobierno socialista se ha lanzado a esta aventura para revolver una de las pocas regiones de España en las que no hay mayoría del PSOE. Así dice Alfredo Bea Gondar, alcalde de El Grove: "Parece como si en Andalucía nunca pasara nada, pero en Galicia nos están organizando un barullo fenomenal". Esta opinión, que puede ser representativa de la CIG (Candidatura Independiente de Galicia) se completa con otra de fuentes políticas de Alianza Popular, que prefieren que no se cite su nombre: "El 50% del Producto Interior Bruto de Galicia, excluidas las grandes empresas, procede de la economía sumergida. Todo el mundo sabe que en Galicia siempre hubo contrabando; armar tanto ruido por un poco de tabaco sólo puede tener una explicación partidista".Quienes apoyan la operación anti contrabando no están de acuerdo en que la quiebra del comercio ¡legal vaya a sumir a una región en la pobreza. Muy pocos viven sólo del contrabando -según esta versión- y los que así lo hacen son los jefes de las mafias o aquellos de sus "empleados" que abandonaron sus trabajos habituales, o incluso fueron despedidos por empresas legales que no querían comprometerse con actividades subterráneas. También desmienten el argumento de la creación de riqueza a partir del dinero ilegal: más bien sucede lo contrario. Las cantidades ganadas en una noche más o menos azarosa -60.000 pesetas por tripular una lancha rápida, 10.000-15.000 por trabajar en la descarga de mercancía, cifras variables para conductores de coches y furgonetas- se gasta tan pronto como se gana, y a veces con cierta ostentación. Media hora de observación en la carretera Villagarcía-Pontevedra permite contar, todavía en estos días, dos docenas de coches de gran porte, por poner un ejemplo; y hasta hace poco, en las discotecas de El Grove podía verse a gente que organizaba la siguiente descarga de manera poco clandestina.

Numerosas personas, incluso de partidos de izquierda, contemplan aún la operación anti contrabando con notorio recelo, y como si no terminaran de creerse que la autoridad está de parte de la ley y en contra de las mafias. "Aquí van a caer los obreros del contrabando; los jefes, ya veremos", es uno de los comentarios escuchados en el vecindario de las poblaciones afectadas.

Iniciativas

Galicia es una sociedad políticamente poco vertebrada. Los partidos existen poco a nivel regional, y en general su funcionamiento corresponde a grupos locales de va riada procedencia y sin identificaciones ideológicas demasiado nítidas. Quizá el miedo físico de los militantes de partido, incluidos los de izquierda, sea una explicación a tal estado de cosas: se habla de amenazas, coacciones; todos han oído mencionar alguna paliza, supuestas pistolas, desapariciones misteriosas; y sin embargo, tampoco han sucedido hasta ahora hechos tan graves como para comparar las mafias gallegas con las sicilianas. Bien es cierto que un portavoz del PSOE gallego, Luis Ferreiro, advirtió a finales del pasado mes que varios miembros de su partido en la zona de Arosa habían recibido amenazas de muerte, secuestros de sus familiares o daño en sus bienes, en relación con la campaña de erradicación del contrabando emprendida por el Gobierno.Los ayuntamientos que fueron de izquierdas lamentan ahora la pérdida de las alcaldías a manos de la derecha, que -según ellos- puede estar relacionada con el problema del contrabando. Pero lo cierto es que durante su etapa de gobierno municipal tampoco abundaron las iniciativas para terminar con la plaga. Hay quien sospecha que ello se debe a que militantes de izquierda están complicados en el tráfico ilegal. Resulta curioso escuchar el relato del ex alcalde comunista de El Grove, Joaquín Álvarez Corbacho, sobre lo que ellos intentaron tras hacerse cargo del ayuntamiento en 1979: "Lo primero que pensamos fue organizar grupos de gente que vigilaran de noche las playas para impedir desembarcos o captar las emisiones de radio de los contrabandistas. Pero después pensamos que éramos unos ingenuos tratando de combatir nosotros al contrabando, cuando apenas lo hacía la Guardia Civil".

"En 1980", prosigue Álvarez Corbacho, "con la llegada de un nuevo gobernador de UCD, Joaquín Borrell, los alcaldes de El Grove, Cambados y Villanueva de Arosa, aprovechamos una conversación con la primera autoridad provincial sobre asuntos de seguridad ciudadana, para decirle que un determinado problema se debía al principal contrabandista de la zona. Al oir aquello, el gobernador se mostró muy sorprendido: 'Cómo: ¿dicen ustedes que conocen a un contrabandista?'. Y le contestamos: 'Pues si señor, conocemos a muchos, pero también les conoce la Guardia Civil'. Aquella gestión no dio mayores frutos, y de hecho la dotación completa de la Guardia Civil en El Grove está arrestada en estos momentos".

Desde entonces, prácticamente no volvieron a producirse nuevas iniciativas frente al comercio, ilegal, y sólo en la reciente campaña municipal tina de las personas que se presentaba en la lista comunista, Julio Ouvibiña, se permitió ¡ironizar sobre la propuesta electoral de la candidatura adversaria, -encabezada por el actual alcalde, Bea Gondar- para crear una patrulla especial de policía.

Por lo que se refiere a coacciones directas a políticos, en realidad son muy pocos los casos comprobados. Ya es bastante conocido el de Villanueva de Arosa, en que los candidatos de la CIG rompieron el pacto suscrito previamente con el PSOE para reelegir como alcalde a José Vázquez, más conocido por Sito. El propio Bea Gondar, de la CIG, reconoce que el acuerdo existió y que, en efecto, no se cumplió: "Yo mismo fue a Villanueva, ví a mis compañeros y les dije 'pero hombre, la palabra que se dá hay que cumplirla'; ellos me dijeron que les habían presionado, pero, no me indicaron quien. Y a ver qué puedes hacer con un caso así".