Todos los procesados por el fraude del Consorcio de la Zona Franca coinciden en acusar al único que está huido

A finales de 1979, pocos meses después de la llegada del equipo socialista al Ayuntamiento de Barcelona, empezó a ser investigada la contabilidad del Consorcio de la Zona Franca, detectándose un escandaloso caso de corrupción que propició un fraude de 1.150 millones de pesetas. El epílogo de esta historia judicial empezó a escribirse ayer en la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde comparecieron y declararon tres acusados, José Luis Bruna de Quixano, Rafael del Barco y Fernando Serena. Coincidieron ayer los tres procesados en asegurar que el único responsab...

A finales de 1979, pocos meses después de la llegada del equipo socialista al Ayuntamiento de Barcelona, empezó a ser investigada la contabilidad del Consorcio de la Zona Franca, detectándose un escandaloso caso de corrupción que propició un fraude de 1.150 millones de pesetas. El epílogo de esta historia judicial empezó a escribirse ayer en la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde comparecieron y declararon tres acusados, José Luis Bruna de Quixano, Rafael del Barco y Fernando Serena. Coincidieron ayer los tres procesados en asegurar que el único responsable de las supuestas irregularidades es el abogado del Estado y ex secretario general del Consorcio, Antonio de la Rosa, hoy en paradero desconocido. La afirmación no sorprendió a nadie. Era la salida lógica y fácil para explicar un complicado caso de compra-venta de 72 fincas fantasmas.

Ayer, a las 10,30 de la mañana, ante la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, comparecieron los tres presuntos implicados en el fraude del Consorcio de la Zona Franca, a quienes se les acusa de delitos de malversación de fondos públicos, falsedad en documento oficial, encubrimiento y receptación, y para quienes se pide un total de 47 años de prisión y una indemnización conjunta y solidaria de 1.250 millones de pesetas, con los que se pagó 72 fincas inexistentes, con una extensión de 220 hectáreas.La primera sesión del juicio oral, que se prolongó hasta las 14,30 horas y que se cerró con la declaración de los tres procesados, llamó la atención de numerosos abogados, de periodistas y de diversos funcionarios de la Administración de Justicia, que acudieron a la sala de la vista para seguir la incidencias de la sesión. Se insistía ayer en los pasillos del Palacio de Justicia de Barcelona en la importancia de esta causa, por tratarse de un caso de clara corrupción de la Administración, generada en los últimos años del antiguo régimen y descubierta por el primer consistorio democrático. Esta era una de las razones fundamentales que avalaban la expectación suscitada por el caso, pero se barajaban también, entre otras causas, la categoría política y social de los procesados, y las conexiones y relaciones económicas que se derivaron de aquellas investigaciones.

Un fantástico proyecto

José Luis Bruna de Quixano, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, explicó ayer desde el estrado la génesis del fraude. Las palabras del procesado Bruna de Quixano estuvieron jalonadas de reiteradas acusaciones a su antiguo amigo y compañero Antonio de la Rosa -ex secretario general de la entidad- asegurando que "se había aprovechado de todos y había utilizado la confianza absoluta que todos tenían puesta en él". Las continuas alusiones al procesado rebelde culminaron con una frase tajante: "Me engañó". Resumía con esta frase el procesado Bruna de Quixano aquellas "complejas, sorprendentes y atípicas operaciones" con las que se adquieron 220 hectáreas de terrenos inexistentes en la comarca del Vallés, para levantar allí un proyecto bautizado con el nombre de CITE y que debía de dar albergue a un Centro Integrado de Transportes y Almacenamientos.Estas operaciones de compra de terrenos inexistentes, que fueron fiscalizadas y cerradas por el propio Antonio de la Rosa, significaron para el Consorcio de la Zona Franca un desembolso de 1.250 millones de pesetas, que fueron a parar a la cuenta corriente de una sociedad del propio Bruna de Quixano, bautizada con el nombre de FINOSA, y de donde se asegura partieron los talones para pagar a los propietarios fantasmas de las fincas inexistentes. José Luis Bruna de Quixano justificó su participación en esta operación insistiendo en la confianza absoluta que tenía depositada en el secretario general del Consorcio. Menos coherentes y de más difícil justificación fueron esas otras explicaciones que dio el procesado a esos 52 millones de pesetas -un 5% de la cantidad defraudada- que fueron detectadas en sus propias cuentas corrientes y en la de algunos miembros de su familia.

Por enésima vez y con tono crispado que le obligó a pedir disculpas a la sala, José Luis Bruna de Quixano aseguró que no se había beneficiado ni con un sólo céntimo de aquellas operaciones y que lo único que había hecho era servir de intermediario en una operación que no le gustaba y que la había llevado personalmente el procesado huido.

En este procedimiento judicial ha quedado también registrada una penúltima pirueta, esbozada por el procesado rebelde de acuerdo con el acusado Rafael del Barco, y con la cual el Consorcio de la Zona Franca intentó desprenderse de las 72 fincas fantasmas vendiéndolas a un precio de verdadero saldo, a un hombre de paja que contaba con el respaldo de un grupo financiero.

Bruna de Quixano reconoció ayer que inició la venta de estas fincas, acatando los acuerdos del pleno del Consorcio. Sin embargo, el Consorcio de la Zona Franca jamás llegaría a deshacerse de las fincas fantasmas. La investigación judicial, las demandas del ayuntamiento y de la propia entidad defraudada frenaron la operación.

En tres años 42 coches

Las pistas del dinero defraudado fueron esbozadas por los acusados Fernando Serena y Rafael del Barco, quienes j unto con el acusado rebelde, habían creado una red de empresas, que iban desde las salas de fiestas a las tiendas de modas, a las inmobiliarias o a la venta de coches de lujo. Las declaraciones de estos dos acusados ayudaron a dibujar el perfil del cuarto procesado del que aseguraron que era "un verdadero capirichoso en cuestión de automóviles" y que era capaz de comprar lujosos vehículos para venderlos dos días después a mitad de precio. En tres años adquirió al contado 42 coches.Con discreción y fidelidad, los dos colaboradores de Antonio de la Rosa, desmintieron las acusaciones vertidas por la propia policía en un detallado informe, según el cual Antonio de la Rosa llevaba una vida de lujos, rodeado por señoritas de la alta costura a las que hacía importantes regalos. Se desmintieron también las bacanales en los cruceros o los viajes lujosos al extranjero. Sin embargo, se insinuó y habló por un instante de su vida conyugal destrozada, de aquel deseo de abandonar todo y huir y empezar una nueva vida. Casualmente, entonces empezó a descubrirse todo.

Hoy a las diez de la mañana se reanudará el juicio oral, con las declaraciones de los ex alcaldes de Barcelona Narcís Serra y Josep Maria Socias Humbert. Se espera la declaración del nuevo alcalde, Pasqual Maragall. No acudirá el ex alcalde Enrique Masó Vázquez, cuyo domicilio no ha podido ser localizado.