Enemigos la televisión pública

LOS ASPECTOS bufos de la pelea librada por los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español y Alianza Popular para elegir a los 12 miembros del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española nos han devuelto a las lamentables riñas -más propias de huéspedes de un colegio mayor que de miembros de un Parlamento- organizadas esporádicamente por centristas y socialistas en las Cortes Generales durante las anteriores legislaturas. Los estrategas de esa ridícula batalla deben recapacitar seriamente sobre la merma de prestigio que para las Cortes Generales implican...

LOS ASPECTOS bufos de la pelea librada por los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español y Alianza Popular para elegir a los 12 miembros del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española nos han devuelto a las lamentables riñas -más propias de huéspedes de un colegio mayor que de miembros de un Parlamento- organizadas esporádicamente por centristas y socialistas en las Cortes Generales durante las anteriores legislaturas. Los estrategas de esa ridícula batalla deben recapacitar seriamente sobre la merma de prestigio que para las Cortes Generales implican incidentes de este tipo.Resulta, así, que los socialistas se llaman doloridamente a engaño porque ignoraban, al parecer, que Pere Artigas, uno de los candidatos presentados por Alianza Popular en el Congreso, era jefe de prensa de Miquel Roca y pertenecía a CiU. Según el portavoz socialista, Sáenz de Cosculluela, ese dato fue pérfidamente ocultado por el portavoz aliancista, Miguel Herrero, en el momento de suscribir formalmente el pacto para presentar la candidatura conjunta en la Cámara baja. La respuesta del PSOE a esa celada ha sido borrar por sorpresa uno de los dos nombres propuestos por Alianza Popular en la candidatura común del Senado. Las papeletas así enmendadas fueron entregadas a los representantes socialistas en el momento mismo de comenzar la votación. Al no ser avisados de ese cambio de última hora, los senadores aliancistas votaron incautamente a los candidatos socialistas y a los suyos propios.

La adecuación entre la ofensa recibida y la represalia adoptada no parece proporcionada. ¿Por qué los aliancistas no tenían derecho a ceder un lugar en su cupo del Congreso a la Minoría Catalana? ¿Acaso la mayoría parlamentaria pretende arrogarse la potestad de decidir también sobre los pactos entre los grupos de la oposición? El encontronazo, que parece apuntar oblicuamente a la renovación del Tribunal Constitucional, puede dar lugar, además, a un complicado problema jurídico a propósito de la validez de la votación realizada en el Senado y de la constitución del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española.

El desarrollo del incidente también ilustra, con un ejemplo significativo, el vaciamiento práctico de que hasido objeto el Estatuto de RTVE y la alegre desenvoltura mostrada por el Gobierno y la oposición para conculcar la letra y el espíritu de esa norma. Porque el reconocimiento de que Pere Artigas era un perfecto desconocido para la mayoría de los diputados socialistas equivale a confesar que los promotores de las candidaturas al Consejo de Administración de RTVE no se toman siquiera la molestia de conocer las leyes. En efecto, el artículo 7.1 del Estatuto de RTVE exige que los 12 miembros designados por el Congreso y el Senado para formar el Consejo de Administración del Ente Público sean elegidos entre personas de relevantes méritos profesionales. No parece, sin embargo, que ese precepto haya guiado nunca la práctica parlamentaria. El mero repaso de los componentes del Consejo de Administración de RTVE en la presente y en la anterior legislatura permite confirmar que escasean las personas con relevantes méritos profesionales y abundan, en cambio, los militantes disciplinados.

La consecuencia inevitable de la aplicación de tales criterios es que el Consejo de Administración del Ente Público sólo tenga de tal su rótulo. Sus decisiones, lejos de reflejar las discusiones internas de sus miembros, son el resultado de la mecánica aplicación de la regla de la mayoría partidista -antes centrista y ahora socialista- en su seno, de acuerdo con las instrucciones recibidas desde arriba y desde afuera. El artículo 8.1 del Estatuto de RTVE, sin embargo, atribuye a ese órgano un ámbito de competencias de vital importancia para el desenvolvimiento de esa institución. Ocurre así que el vaciamiento de los contenidos del estatuto comienza por su máximo órgano, en teoría ideado para controlar la autonomía del Ente Público, y en la práctica rebajado a la triste condición de correa de transmisión del Gobierno y de los partidos de la oposición que disponen de representantes en su seno.

El cese-dimisión de Fernando Castedo por el entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo fue la primera señal de que la autonomía de RTVE no sería respetada por el poder ejecutivo. La victoria del PSOE en las urnas no ha remediado la dependencia de la Televisión, asediada por las presiones de los altos cargos socialistas y por las exigencias de Alianza Popular para recibir su cuota de poder en la pequeña pantalla. El proyecto de una televisión pública, pluralista y profesionalizada ha sido sustituido por una realidad muy distinta y totalmente alejada de las disposiciones materializadas en el estatuto. Mientras el Gobierno trata de poner a su servicio el monopolio estatal, los partidos de la oposición se limitan a reivindicar una presencia proporcional al número de sus escaños parlamentarios y a doblar con su propia censura la que se esfuerzan en imponer los medios oficiales.

Nada hay más nocivo para un régimen democrático que la pérdida de veracidad de sus instituciones. Parece evidente que ningún grupo político situado en el poder o, con aspiraciones a ocuparlo en el porvenir está dispuesto a aplicar el Estatuto de RTVE. No lo hicieron los Gobiernos de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo. No lo está haciendo el Gobierno de Felipe González. Y la experiencia de Manuel Fraga como supremo manipulador de la televisión en la época en que fue ministro de Información obliga a abandonar cualquier esperanza para el futuro. A la vista de ese panorama, tal vez lo más honesto fuera poner en concordancia las normas y los hechos, renunciando a la insostenible ficción legal de una televisión en teoría autónoma , pero sometida en la práctica al control directo del Gobierno y a las presiones indirectas de los partidos de la oposición.