El Gobierno aprueba dos proyectos para regular los derechos de rectificación y asilo
El envío a las Cortes de dos proyectos de ley, regulando los derechos de rectificación y asilo, constituyó ayer la medida más destacada adoptada por el Consejo de Ministros, que también aprobó la modificación de algunos artículos de la ley que hace referencia al régimen jurídico del control de cambios, estableciendo en dos millones de pesetas el límite para que se considere delito monetario.
El proyecto de ley regulando el derecho de rectificación establece que cualquier persona que se considere perjudicada por la divulgación de hechos inexactos en medios de comunicación puede enviar un...
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El envío a las Cortes de dos proyectos de ley, regulando los derechos de rectificación y asilo, constituyó ayer la medida más destacada adoptada por el Consejo de Ministros, que también aprobó la modificación de algunos artículos de la ley que hace referencia al régimen jurídico del control de cambios, estableciendo en dos millones de pesetas el límite para que se considere delito monetario.
El proyecto de ley regulando el derecho de rectificación establece que cualquier persona que se considere perjudicada por la divulgación de hechos inexactos en medios de comunicación puede enviar un escrito rectificando la información. Para ello, contará con un plazo de siete días, y el escrito deberá publicarse dentro de los tres días siguientes a su recepción. Si la rectificación no se publicase o lo fuese en condiciones o extensión inadecuadas, podrá acudirse dentro de los siete días siguientes al juez de primera instancia, quien admitirá o no a trámite la apelación o convocará a las partes, decidiendo si deniega la réplica u ordena su publicación.Por lo que se refiere al proyecto de ley regulando el derecho de asilo, el texto se identifica con el Estatuto Internacional de Refugiados de Ginebra, dedicado a quienes temen ser perseguidos en su propio país por motivo de raza, religión, opiniones o actividades políticas. Se excluye de este derecho a quienes hayan cometido delitos contra la paz, a quienes hayan cometido delitos comunes graves o de terrorismo.
Otras medias adoptadas por el Consejo se refieren a una baja de precios de algunos productos petrolíferos en Canarias,, Ceuta y Melilla: el butano-propano doméstico baja un 16% y el fuel-oil para potabilizadoras un 27,7%. También decretó el Consejo un descenso en los precios para la venta de petróleo crudo procedente de las concesiones de explotación en territorio español; la reducción es de un promedio de cinco dólares por barril, lo que supone un 15% aproximadamente. Los nuevos precios se establecen en pesetas en vez de en dólares.
A propuesta del Ministerio de Agricultura, el consejo aprobó un acuerdo asignando 1.600 millones de pesetas para subvencionar los fertilizantes de producción nacional destinados al uso de los agricultores durante 1983. También se subvencionará el consumo de gasoleo en las explotaciones agrarias, hasta un máximo de cinco pesetas litro.
El consejo aprobó la modificación de algunos artículos de la ley que se refiere al régimen jurídico de control de cambios, fijando el límite para considerar delito monetario a las acciones u omisiones que contempla esta ley en dos millones de pesetas.
También se decretó la retirada de la circulación de las monedas de cincuenta céntimos, la autorización de un crédito de 3.000 millones de pesetas destinado a sufragar las deudas contraidas por el ayuntamiento de Barcelona, y se aprobaron expedientes de inversiones en obras públicas por importe de un total de 2.800 millones de pesetas; entre estos destaca el proyecto de urbanización en el polígono Orcasur de Madrid que afecta a 1.400 viviendas. Finalmente, el Gobierno hizo una declaración apoyando el plan de paz delineado por algunos líderes centroamericanos para esta zona.
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