"Lo que haga el Tribunal Supremo estará bien", declara el teniente general Gómez de Salazar, presidente del tribunal militar que dictó la sentencia

El teniente general Federico Gómez de Salazar, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar cuando este tribunal dictó la sentencia contra los implicados en el golpe del 23-F, manifestó ayer a este periódico que respetará en todos sus extremos la nueva sentencia que, emita el Tribunal Supremo. "Lo que haga estará bien. Su actuación está prevista en la Constitución, y yo respeto la Constitución", afirmó.En los círculos militares consultados ayer el ambiente ante la vista de los recursos era de cierta indiferencia, con excepción de la Guardia Civil, aunque varios jefes se mostraron partida...

El teniente general Federico Gómez de Salazar, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar cuando este tribunal dictó la sentencia contra los implicados en el golpe del 23-F, manifestó ayer a este periódico que respetará en todos sus extremos la nueva sentencia que, emita el Tribunal Supremo. "Lo que haga estará bien. Su actuación está prevista en la Constitución, y yo respeto la Constitución", afirmó.En los círculos militares consultados ayer el ambiente ante la vista de los recursos era de cierta indiferencia, con excepción de la Guardia Civil, aunque varios jefes se mostraron partidarios de que las modificaciones de la sentencia sean "las mínimas posibles, para que no se ponga en entredicho la propia justicia militar".

La Guardia Civil, según estiman fuentes del propio Cuerpo, puede ser el colectivo "niás sensibilizado" por la vista de los recursos ante el alto tribunal civil, ya que el fiscal general del Estado solicita que les sean aplicadas penas a los ocho tenientes de la Guardia Civil que fueron absueltos por el Consejo Supremo de Justicia Militar. En opinión de un jefe del Cuerpo, si los tenientes de la Guardia Civil resultaran ahora condenados se pondría más de manifiesto el hecho de que los tenientes del Ejército que también estuvieron en las Cortes en la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981 ni siquiera fueron procesados, extremo que ya fue calificado de "discriminatorio".

El mismo jefe de la Guardia Civil ha indicado que esa sensibilidad se ha denotado de forma especial en las unidades en las que estaban destinados los ocho guardias civiles absueltos. No obstante, ha añadido que, a pesar de todo, son muchos los mandos del Cuerpo que tampoco estuvieron de acuerdo con las absoluciones dictadas por el tribunal militar para los tenientes, "porque cuando uno sale de la academia ya tiene suficientes conocimientos como para hacerse responsable de lo que hace".

Respecto al posible malestar que pueda crear en las Fuerzas Armadas el hecho de que un tribunal civil juzgue ahora a los militares golpistas y modifique la sentencia dictada por el más alto tribunal militar, fuentes del propio Ministerio de Defensa han señalado que algunos militares "pueden acabar teniendo un cierto complejo de persecución". Sin embargo, el propio teniente general Gómez de Salazar comentó: "Yo no me siento molesto en absoluto. De acuerdo con la legislación actual, el Tribunal Supremo dictará la sentencia definitiva, y eso es todo".

Las posturas de los círculos más progresistas y más conservadores de las Fuerzas Armadas siguen siendo las mismas que en los dos últimos años. En síntesis, los progresistas opinan que los jefes de la operación efectuada el 23-F deben ser condenados a 30 años de reclusión, y el resto, expulsados de las FF AA. Los más conservadores, en cambio, entienden que deben aplicarse medidas de gracia, a cambio de que se permita el reingreso en los ejércitos de los militares de la Unión Militar Democrática (UMD).

Entre la mayoría de los consultados, no obstante, se puso de relieve que el ambiente en las unidades castrenses es de cierta indiferencia ante el acontecimiento. "La cuestión está pasando inadvertida", "hace ya tiempo que se volvió la página del 23-F", "estanios lejos de épocas anteriores, como hace un año o dos, y el problema ya no preocupa" son algunas de las frases más significativas pronunciadas por los consultados, todos los cuales pidieron no ser citados.

Fuentes del Ministerio de Defensa han señalado que, como hicieron el pasado año durante la vista oral, solicitarán de los medios de comunicación que se haga lo posible por "no levantar ampollas" y mantener el respeto hacia las personas juzgadas.

Por otra parte, el departamento de Defensa enviará a las sesiones de la vista dos representantes jurídicos y un miembro de la Dirección General de Relaciones Públicas y Sociales de la Defensa. Al término de cada jornada, esta pequeña comisión redactará un informe sobre el desarrollo de las sesiones correspondientes, que será enviado al día siguiente a todas las capitanías generales, "con el fin de que las unidades dispongan de una versión oficial de la propia institución sobre la vista".