Molins y Trias de Bes acreditan, en el 'caso Renta Catalana' su condición de parlamentarios
Los diputados de la Minoría Catalana Joaquim Molins y Josep María Trias de Bes han acreditado su condición de parlamentarios ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, cumplimentando de esta manera el requerimiento formulado el pasado 13 de enero por, el juez que investiga el caso de Renta Catalana.El cumplimiento de este trámite judicial podría desembocar en un auto de procesamiento contra seis miembros de¡ consejo de administración de la firma inversora. El caso de los restantes miembros del consejo de administración de Renta Catalana, Joaquím Molins y Josep Maria Trias de Bes, da...
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Los diputados de la Minoría Catalana Joaquim Molins y Josep María Trias de Bes han acreditado su condición de parlamentarios ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, cumplimentando de esta manera el requerimiento formulado el pasado 13 de enero por, el juez que investiga el caso de Renta Catalana.El cumplimiento de este trámite judicial podría desembocar en un auto de procesamiento contra seis miembros de¡ consejo de administración de la firma inversora. El caso de los restantes miembros del consejo de administración de Renta Catalana, Joaquím Molins y Josep Maria Trias de Bes, dada su callidad de parlamentarios, deberá ser examinado por la sala segunda del Tribunal Supremo.
El Supremo dictaminó en 1981
Las presuntas implicaciones de los dos políticos catalanes en el caso de Renta Catalana ya fue examinada por el Tribunal Supremo el 20 de mayo de 1981, a requerirnientos del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que entonces dirigía el magistrado Adolfo Fernández Oubiña. En aquella ocasión el Tribunal Supreme, aseguró que no había razón para tramitar una causa contra los dos diputados ya que "no consta que tuvieran intervención directa o tomaran parte en los acuerdos" que provocaron las diligencias judiciales".Aquella resolución del Tribunal Supremo acababa señalando que el caso de los dos políticos sólo sería examinado nuevamente si "aparecieran los necesarios y racionales indicios de responsabilidad criminal contra los mismos y previa depuración de las restantes responsabilidades que pudieran existir contra otras personas".
El caso de Renta Catalana provocó en 1979 un alud de querellas y de diligencias judiciales, que se han ido resolviendo gracias a las negociaciones que los responsables de la entidad iniciaron con los afectados. Sólo 250 de los afectados han proseguido sus acciones, que se han ido acumulando en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona.
Con relación a esta causa -580/81- el titular de¡ juzgado aseguró el pasado mes de enero que en Semana Santa dictaría auto de conclusión de la causa,así como el procesamiento contra los presuntos implicados.
Sin embargo, estas diligencias judiciales se han visto frenadas en las últimas semanas por enfermedad del fiscal asignado a este juzgado.