La red de alta tensión será nacionalizada antes de fin de año

El Gobierno socialista tiene previsto cumplir su promesa electoral de nacionalizar la red eléctrica de alta tensión antes de que termine el año, según informan fuentes solventes. La estrategia gubernamental, en este sentido, es materializar primero el control público de la sociedad Aseléctrica -donde están representados los intereses privados y estatales, de cara a la vigilancia de la explotación del sistema eléctrico- como un paso previo, pero no excluyente, al cumplimiento de sus promesas electorales respecto al sector eléctrico.

Las mismas fuentes, familiarizadas con las ideas que el...

El Gobierno socialista tiene previsto cumplir su promesa electoral de nacionalizar la red eléctrica de alta tensión antes de que termine el año, según informan fuentes solventes. La estrategia gubernamental, en este sentido, es materializar primero el control público de la sociedad Aseléctrica -donde están representados los intereses privados y estatales, de cara a la vigilancia de la explotación del sistema eléctrico- como un paso previo, pero no excluyente, al cumplimiento de sus promesas electorales respecto al sector eléctrico.

Las mismas fuentes, familiarizadas con las ideas que el Gobierno baraja al respecto, señalan que dentro de los objetivos que el Ministerio de Industria y Energía tiene al respecto figura llevar hasta el final su previsto control de la red de alta tensión como mecanismo último de ejercer una política precisa en el sector energético.A este propósito, un primer paso en este sentido se ha dado con el nombramiento de un nuevo delegado del Gobierno en la Asociación de Empresas para la Explotación del Sistema Eléctrico (Aseléctrica), que refuerza de hecho la presencia del sector público en esta importante y decisiva sociedad.

Pese a que el nombramiento de un nuevo delegado del Gobierno en Aseléctrica fue interpretado por algunos medios del sector como una medida quizá excluyente de la prometida nacionalización de red en alta, las fuentes señalan que el Gobierno no ha desistido del programa del PSOE y, en este sentido, el proceso quedará completado antes de que termine el año en curso. Este objetivo se hace cada vez más urgente ante la situación que ofrece en algunos aspectos el sector.

Ascó será enchufada a la red

Las empresas eléctricas presentan, en estos momentos, indicios de estabilidad, pero algunas fuentes no descartan que algunas sociedades puedan presentar problemas a un plazo relativamente corto de tiempo a la luz de su situación financiera (alto endeudamiento exterior, bajo rendimiento de los activos, etcétera) y puedan requerir algún tipo de vigilancia.A este propósito el Ministerio de Industria y Energía se encuentra acumulando datos para elaborar lo que puede calificarse como la primera auditoría seria de las empresas eléctricas españolas.

Respecto al futuro del sector, el Ministerio de Industria y Energía ha encargado, dentro de la revisión en curso del Plan Energético Nacional (PEN), un análisis detallado sobre el excesivo dimensionamiento que tiene el programa nuclear español. En este sentido, no se descarta en medios solventes que los redactores de la revisión del PEN recomienden una adecuación de este programa nuclear a las necesidades de la demanda energética en los próximos años, presumiblemente sobre las bases ya fijadas dentro del programa electoral del Partido Socialista Obrero Español.

Esto no quiere decir, sin embargo, que las centrales nucleares, como las ya construidas, o en fase última de construcción, no vayan a ser enchufadas a la red. En el caso de Ascó, el Ministerio de Industria y Energía ha recomendado a la sociedad propietaria (Fuerzas Eléctricas de Cataluña) que proceda a la reparación del defecto en origen que presenta el generador de vapor de la central y que, como sucede en el caso de Almaraz, impediría que la instalación, en el caso de ponerse en marcha como está, funcione más allá del 50% de su capacidad.

Una delegación de la empresa constructora, la norteamericana Westinghouse, está a punto de llegar a España para proceder a la puesta en marcha de las reformas necesarias.