Bloqueada la negociación salarial en empresas públicas
La negociación salarial en las empresas públicas, que afecta a más de medio millón de trabajadores, ha quedado bloqueada, a la espera de que el Gobierno fije, por primera vez, unos criterios generales. Los intentos realizados hasta ahora han resultado aplazados. Como ya pesan varias amenazas de huelga, en medios sindicales y de la Administración se espera que esta semana pueda empezar el desbloqueo.
En casi todas las negociaciones iniciadas, los representantes de las empresas se han limitado prácticamente a escuchar y dejar pasar el tiempo. El caso mas llamativo ha sido el de Renfe, la ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La negociación salarial en las empresas públicas, que afecta a más de medio millón de trabajadores, ha quedado bloqueada, a la espera de que el Gobierno fije, por primera vez, unos criterios generales. Los intentos realizados hasta ahora han resultado aplazados. Como ya pesan varias amenazas de huelga, en medios sindicales y de la Administración se espera que esta semana pueda empezar el desbloqueo.
En casi todas las negociaciones iniciadas, los representantes de las empresas se han limitado prácticamente a escuchar y dejar pasar el tiempo. El caso mas llamativo ha sido el de Renfe, la empresa de mayor número de trabajadores en España, por lo que otros años fue considerada banco de pruebas de la negociación colectiva pública e incluso privada.Una reciente reunión entre los máximos responsables de grandes empresas, organismos autónomos y los tres grupos públicos (Instituto Nacional de Industria, Patrimonio del Estado e Instituto Nacional de Hidrocarburos) no se ha reflejado en avances de la negociación colectiva. La explicación es que el Gobierno, por primera vez, desea concretar unos criterios generales, que se podrían traducir en un segundo marco de negociación, a partir del Acuerdo Interconfederal.
Antes y después de aquella cumbre, los ministros económicos han intercambiado criterios. El objetivo, según fuentes informadas, es controlar más eficazmente por esta vía todo el gasto público, relacionando en lo posible la negociación de los sueldos de los funcionarios con la de los trabajadores de las empresas dependientes del Estado, sistema no experimentado hasta ahora.
Aunque el Gobierno ha establecido ya algunos criterios de desarrollo del Acuerdo Interconfederal para el sector público, ha preferido negociarlos con los sindicatos. De ahí la reunión celebrada el pasado jueves entre varios ministros económicos y dirigentes de UGT, así como la prevista para hoy con líderes de CC OO.
A partir de estos contactos se espera el desbloqueo, haya o no acuerdo. Máxime cuando ya pesan amenazas de medidas de presión en distintas empresas, como Renfe, Construcciones Aeronáuticas (CASA), Lactaria Castellana y Paradores Nacionales de Turismo. En Renfe, UGT ha propuesto paros desde el 4 de marzo si no hay respuesta a la petición sindical del 13% de aumento salarial, semana de 39 horas con dos días consecutivos de descanso y creación de 10.000 empleos.
La negociación de los criterios puede pasar en seguida a nivel de subsecretarios de los ministerios con las empresas públicas. Según uno de ellos, se pretenderá aproximar los salarios entre iguales categorías y distinguir entre empresas con beneficios, con pérdidas o déficit (para ellas el Acuerdo Interconfederal prevé la posibilidad de descuelgue de la banda 9,5%-12,5%), servicios públicos y empresas en reconversión, ligada o no a reducción de empleo.
Un primer anticipo de esta línea fue puesto de relieve en el único acuerdo salarial alcanzado hasta el momento en grandes empresas públicas: el de la siderurgia integral, que implica a Ensidesa (26.000 trabajadores) y Altos Hornos del Mediterráneo (otros 4.000). Ante la convocatoria de huelga de CC OO, las empresas ofrecieron un 4% para el primer semestre y otro 4% para el segundo. Al final se llegó a un 9%, mientras terminen las negociaciones de reconversión.