El Estado ampliará hasta siete años los plazos de amortización de la deuda pública

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera perfila en estas semanas su plan de emisiones de deuda pública para 1983, aunque no estará ultimado hasta que se conozcan las líneas básicas de los Presupuestos Generales del Estado. Las variables que se manejan en este momento parten del convencimiento de que no se puede ampliar mucho la cantidad de dinero que se puede obtener en el mercado a medio y largo plazo, mientras que es previsible un crecimiento mucho mayor en los pagarés del Tesoro. El montante de la deuda pública a medio y largo plazo se situará entre 170.000 y 190.000 millones ...

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera perfila en estas semanas su plan de emisiones de deuda pública para 1983, aunque no estará ultimado hasta que se conozcan las líneas básicas de los Presupuestos Generales del Estado. Las variables que se manejan en este momento parten del convencimiento de que no se puede ampliar mucho la cantidad de dinero que se puede obtener en el mercado a medio y largo plazo, mientras que es previsible un crecimiento mucho mayor en los pagarés del Tesoro. El montante de la deuda pública a medio y largo plazo se situará entre 170.000 y 190.000 millones de pesetas, y el objetivo es ampliar el período de amortización hasta siete años.

El Gobierno quiere que el déficit de caja de la Administración y organismos públicos no supere la cifra de 1,2 billones de pesetas y, para equilibrar esta suma, considera como factible que el Reino de España obtenga 1.100 millones de dólares en los mercados internacionales, lo que equivale a unos 140.000 millones de pesetas. El resto, lo sacará de las emisiones de deuda pública, de los pagarés del Tesoro y del recurso del Tesoro al Banco de España.La deuda pública, aquella que tiene un plazo de amortización superior al año, ha sido el instrumento más utilizado en los últimos ejercicios, y la opinión más extendida es que se ha llegado prácticamente a un techo muy dificil de superar. En 1982, se emitieron títulos por valor de 152.000 millones de pesetas, de los que la mayor parte correspondieron a la emisión de Bonos del Estado, a dos años de amortización sin desgravación fiscal y al 16% de interés.

En concreto, se señala en medios de la Administración que la existencia de un techo se demuestra porque en la tradicional emisión de diciembre -que suele ser a tres años de amortización y que cuenta con las ventajas fiscales de la desgravación- se había previsto que se suscribieran 40.000 millones de pesetas, y la contratación efectiva apenas si llegó a la mitad. Por contra, la de dos años y sin desgravación obtuvo un éxito totalmente inesperado para los que la habían diseñado.

Por ello, en la actualidad se maneja como cifra tope de emisiones para tres y más años entre 170.000 y 190.000 millones de pesetas. La distribución de esta cifra es lo que está siendo estudiado en la actualidad. El deseo es ampliar el período de amortización de las emisiones, ya que se considera muy corto el que actualmente existe y que oscila entre los tres y los cinco años.

A lo largo de 1983, se instrumentarán emisiones a siete u ocho años ampliando así el tiempo medio de vida de la deuda y alejando en el tiempo las cargas derivadas de una amortización rápida. El mantenimiento de la desgravación fiscal para estas emisiones se hará de forma tal que los títulos permanezcan en las carteras de los inversores privados o institucionales más tiempo de lo que lo vienen haciendo hasta ahora. La primera emisión que se pondrá en circulación lo será en la segunda quincena de marzo, o primeros de abril, y presentará peculiaridades sobre lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Lo más probable es que se ofrezcan al público diversas alternativas, para que puedan comprar según sus planes concretos de inversión. Para ello, habrá una línea de deuda pública a tres o cinco años y, previsiblemente, se pondrá en marcha también otra en la que el plazo de amortización sea superior.

La banca no asegurará la deuda

A pesar de los intentos que se están llevando a cabo por parte de la banca privada de llegar a una fórmula de acuerdo con la Administración para que estas emisiones de deuda pública salgan con algún tipo de aseguramiento, con lo que se presionaría a la baja en los tipos de interés por los que se retribuye el pasivo en general, la opinión que viene prevaleciendo entre la Administración es que es mejor no acudir al aseguramiento. Se considera que la situación actual permite ir directamente al ahorrador sin necesidad de pasar por el tamiz de un intermediario, que encarece el coste final de cada emisión.En este sentido, aunque se sabe que los bancos han acudido en gran proporción a las últimas subastas de pagarés del Tesoro, lo que ha ayudado a que esté colocada ya la mayor parte de lo autorizado para 1983, se piensa que esta tendencia tiene que cambiar y que el peso específico de la banca privada en estas operaciones tenderá a decrecer a medida que se sucedan las subastas quincenales.

El Gobierno autorizó, en el decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, a que el Tesoro tuviera en circulación pagarés por un valor máximo de 235.000 millones de pesetas, de los que quedan poco más de 20.000 por suscribir y autorizaba a sustituir certificados de regulación monetaria por pagarés en la proporción conveniente.