El nuevo año económico

LA DECISION del Gobierno de no marcar en el último Consejo de Ministros un tope a los salarios de los funcionarios para el año que ahora empieza, elimina de hecho una referencia más sobre lo que va a ser la política económica socialista del ejercicio presente y, más a largo plazo, de toda la legislatura. Se conoce la opinión del máximo responsable económico del Gabinete, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, de tratar las retribuciones de los funcionarios con la metodología del salario social, es decir, incorporando la seguridad en el empleo y los cambios previstos de su jornada la...

LA DECISION del Gobierno de no marcar en el último Consejo de Ministros un tope a los salarios de los funcionarios para el año que ahora empieza, elimina de hecho una referencia más sobre lo que va a ser la política económica socialista del ejercicio presente y, más a largo plazo, de toda la legislatura. Se conoce la opinión del máximo responsable económico del Gabinete, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, de tratar las retribuciones de los funcionarios con la metodología del salario social, es decir, incorporando la seguridad en el empleo y los cambios previstos de su jornada laboral (funcionarios que deberán trabajar por la tarde) al porcentaje de incremento salarial.Para la mayoría de los servidores del sector público ello significará una pérdida del poder adquisitivo -su cuota de sacrificio en la crisis-. Veremos si en las negociaciones entre el ministro de la Presidencia y los representantes de los funcionarios se mantiene esta dialéctica.

Sin embargo, la ausencia del porcentaje salarial de incremento de los sueldos de los funcionarios tiene un efecto paralelo de significación: la falta de pautas en las que fijarse para llevar al proceso de negociación colectiva del sector privado a feliz término. Las dos reuniones que hasta ahora han tenido patronal y centrales sindicales se han limitado a dar palos de ciego, sin ninguna aproximación concreta. La disminución de la jornada laboral a cuarenta horas semanales ha servido de pretexto para que los interlocutores sociales se enzarzasen en discusiones laterales sin entrar en el grueso de la negociación: la banda salarial de referencia para 1983.

Para profundizar en las conversaciones, la CEOE ha pedido al Gobierno que enseñe su cuadro macroeconómico (una especie de guía de previsiones de por dónde circularán las principales magnitudes económicas: paro, inflación, disponibilidades líquidas y déficit público) en el ejercicio. Coincide en ello la patronal con una pregunta del GrupoPopular en el Congreso de los Diputados. Y parece bastante justo que los interlocutores sociales posean esta información para llegar a pactos de la importancia del Acuerdo Marco Interconfederal o el Acuerdo Nacional sobre Empleo, que luego sean de utilidad general. Sin embargo, las dos centrales sindicales afirman, con distintos matices, que no es imprescindible tanta información conociendo la inflación prevista para 1983 (12%), ya que en otras ocasiones tampoco se ha conocido y las negociaciones llegaron a buen puerto.

Lo cierto es que el Gobierno piensa estudiar, entre las diferentes alternativas, su cuadro macroeconómico en el mes de enero, y será difícil que éste se haga público mucho antes de que los socialistas presenten su auténtico proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes de la segunda quincena del mes de marzo. Hasta entonces, los ciudadanos no tendrán apenas referencias de en qué consiste la nueva política económica del cambio. Sólo las declaraciones teóricas del discurso y del debate de investidura del entonces candidato a presidente de Gobierno, Felipe González, y la política de gestos adoptada para reconducir el desgobierno de UCD en los últimos meses, a la continuidad del funcionamiento.

La devaluación de la peseta, la subida de los precios de los carburantes, y dentro de pocos días de las tarifas eléctricas, gas y carbón, la prórroga del presupuesto en vigor durante un triméstre, la asunción de casi 400.000 millones de gastos extraordinarios a regularizar, provenientes muchos de ellos del antiguo régimen, no son elementos de una política económica coherente y ofensiva, sino tan sólo fórmulas para adaptarse al terreno, ganar tiempo y coger el paso para desarrollar una nueva filosofía económica.

Sería de desear que el razonable tiempo que el Gobierno se ha concedido para administrar la economía no significase mantener en las tinieblas de la sorpresa,al resto de los agentes económicos, que no pueden esperar cien días de gracia para mantener la dinámica de las empresas. Es decir, que el tiempo que se gana para unos no signifique tiempo perdido para el resto.