La Generalitat quiere participar en las empresas públicas en Cataluña

La participación de los Gobiernos autónomos en el sector público es una de las cuestiones económicas más complejas que deberá afrontar el próximo Gobierno socialista y en la que deberá hacer compatible el principio de unidad del mercado con la estructura descentralizadora del Estado de las autonomías previsto en la Constitución. El Parlamento de Cataluña está a punto de discutir un proyecto de ley sobre la participación autonómica en la gestión del sector público.

Este debate, con fuerte disparidad entre socialistas y nacionalistas, supone una piedra de toque para el resto de las co...

La participación de los Gobiernos autónomos en el sector público es una de las cuestiones económicas más complejas que deberá afrontar el próximo Gobierno socialista y en la que deberá hacer compatible el principio de unidad del mercado con la estructura descentralizadora del Estado de las autonomías previsto en la Constitución. El Parlamento de Cataluña está a punto de discutir un proyecto de ley sobre la participación autonómica en la gestión del sector público.

Este debate, con fuerte disparidad entre socialistas y nacionalistas, supone una piedra de toque para el resto de las comunidades autónomas, cuyos estatutos de autonomía incluyen la norma de representatividad en el sector público desarrollado en su territorio. En este tema, Cataluña ostenta el liderazgo.

El grupo socialista ha presentado ante el Parlamento una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que regula la participación de la Generalitat en los órganos de dirección del sector público estatal. Las divergencias entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y Convergència i Unió (CiU) sobre este tema cobran especial relieve tras la victoria socialista en las elecciones legislativas.

Un total de once organismos económicos, entre los que se encuentra el de Aeropuertos Nacionales; doce instituciones financieras, entre ellas el Banco de España, y 59 empresas públicas, controladas por el Estado o por el Instituto Nacional de Industria, deberían contar con un representante de la Generalitat, según este proyecto. La Compañía Telefónica Nacional de España, Seat y Tabacalera son algunas de las empresas públicas relacionadas en el texto.

Enmienda a la totalidad

El proyecto de ley fue elaborado por el Gobierno autónomo de Cataluña y desarrolla, con un considerable retraso, las normas establecidas por el Estatuto de Autonomía sobre la participación de la Generalitat en la gestión del sector público. El texto fue presentado a trámite pocos días antes de las elecciones legislativas.La victoria socialista y el consiguiente futuro control del sector público estatal por el PSOE convierten en polémico el proyecto que, tras su hipotética aprobación por el Parlamento autónomo, debe ser remitido al Congreso para su discusión y votación. La enmienda a la totalidad presentada por los socialistas catalanes anticipa ya la postura del PSOE en el Congreso. También han presentado enmiendas parciales al articulado el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y el grupo centrista.

El PSC-PSOE pide la devolución del proyecto al Consell de la Generalitat y afirma que la resolución más apropiada sería instar al Gobierno del Estado para que presentara un proyecto de ley que regulase la representación de las comunidades autónomas en los entes estatales. Los socialistas lamentan de forma implícita el abandono de CiU de este tema durante la vigencia de su alianza electoral con UCD y el cambio de actitud cuando la victoria socialista era ya previsible. La iniciativa legislativa de CiU, efectuada a pesar del previsible rechazo de la ley en las Cortes, simboliza el eslogan publicitario del partido de Jordi Pujol sobre La voz de Cataluña en Madrid, una voz que en este caso se opone a la de los socialistas catalanes.

El proyecto será discutido en comisión en breve plazo. Regula la presencia de un representante de la Generalitat en los organismos públicos, instituciones financieras y empresas públicas estatales, cuya competencia se extienda al territorio catalán y que por su naturaleza no hayan sido traspasados a la Generalitat.

La Caja Postal de Ahorros, el Instituto Nacional de Industria (INI) y el Instituto de Crédito Oficial son algunos de los organismos económicos en los que la Generalitat deberá nombrar un representante, según el proyecto de ley presentado a trámite en el Parlamento de Cataluña. Dentro de las instituciones financieras, destacan el Banco de España, el Banco Exterior de Espaifta y el Banco Hipotecario. Entre las empresas públicas controladas por el Estado figuran la Compañía Telefónica, Tabacalera y Campsa. Dentro de las sociedades controladas por el INI se encuentran Hispanoil, Ensidesa, Maquinista Terrestre y Marítima, ENASA, ENHER, Seat, Iberia Líneas Aéreas de España, Viajes Marsans y Térmica del Besós.