Los militares bolivianos parecen dispuestos a entregar el poder

Los militares que gobiernan Bolivia parecen decididos a entregar el poder a los civiles para evitar una explosión social de consecuencias impredecibles. Después de una reunión de dos días, los jefes de unidades de todo el país se han puesto inicialmente de acuerdo para que el Parlamento elegido en 1980 se haga cargo interinamente del poder.

En la cumbre castrense, el sector no golpista del Ejército, los denominados institucionalistas, impusieron su punto de vista favorable a los civiles, en contra de los jefes militares radicales, que exigían "un Gobierno militar que gobierne".La...

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Los militares que gobiernan Bolivia parecen decididos a entregar el poder a los civiles para evitar una explosión social de consecuencias impredecibles. Después de una reunión de dos días, los jefes de unidades de todo el país se han puesto inicialmente de acuerdo para que el Parlamento elegido en 1980 se haga cargo interinamente del poder.

En la cumbre castrense, el sector no golpista del Ejército, los denominados institucionalistas, impusieron su punto de vista favorable a los civiles, en contra de los jefes militares radicales, que exigían "un Gobierno militar que gobierne".La Central Obrera Boliviana (COB) ha decretado una huelga general e indefinida hasta que los militares entreguen formalmente la presidencia de la República a los vencedores de las elecciones de 1980 -Hernán Siles y Jaime Paz-, elegidos respectivamente presidente y vicepresidente de la nación. La medida de la COB representa una confrontación abierta y probablemente irreversible con el agonizante régimen del general Guido Vildoso. Se espera que Vildoso se dirija por radio y televisión a la nación para dar cuenta de la decisión final del alto mando.

Si el Parlamento elegido hace dos años es convocado, como parece, los diputados refrendarán el resultado electoral de entonces. Hernán Siles, líder de la coalición ganadora de aquellos comicios al frente de la coalición centroizquierdista Unidad Democrática y Popular (UPD), ha anunciado su intención de regresar a La Paz desde su exilio en Perú. Siles Zuazo permanecía en Lima desde el 17 de julio de 1980, fecha del sangriento golpe de Estado del general García Meza. La UDP apoya la medida de la central obrera.

Desde el lunes pasado, un tercio de las actividades económicas del país andino permanecen paralizadas por los movimientos de huelga lanzados por la federación de mineros del estaño y por organizaciones sindicales regionales. El miércoles, centenares de miles de personas se manifestaron en las más importantes ciudades de Bolivia en una marcha "contra el hambre y la miseria" y para reclamar la dimisión de los militares que gobiernan.

Las comunicaciones nacionales e internacionales están suspendidas por completo debido a una huelga de los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

La Central Obrera Boliviana, en su convocatoria de huelga indefinida, ha hecho público un documento de cinco puntos en el que se exige la entrega por el general Vildoso de la presidencia de la nación a Hernán Siles Zuazo, a quien García Meza, con su golpe de julio de 1980, impidió acceder a la jefatura del Estado.

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Los dirigentes de la poderosa COB, con Juan Lechín al frente, han rechazado cualquier solución castrense "a espaldas del pueblo", en una clara alusión a la reunión militar del máximo nivel en la que los jefes de unidades han debatido la solución a la gravísima crisis.

La situación boliviana, económica y políticamente, no ha dejado de deteriorarse en los últimos meses. El detonante final ha sido un plan económico elaborado por el Gobierno en el que se prevé la flotación del peso boliviano frente al dólar. La deuda externa del país latinoamericano se acerca a los 4.000 millones de dólares. A la situación de bancarrota exterior hay que añadir una inflación imparable, que ha colocado al borde del hambre a amplios sectores de una de las naciones más pobres del subcontinente.

Los sucesivos gobiernos militares que han sucedido al golpista García Meza -encabezados por los generales Celso Torrelio y Vildoso- han sido incapaces de obtener la colaboración civil y detener la agudización de la crisis.

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