EDUCACION

El Ministerio asegura que los contratos de transporte en Santander son legales

Los contratos de transporte escolar en la provincia de Santander cumplen todos los requitos legales, en contra de lo que afirmaron en fecha reciente fuentes del Partido Socialista Obrero Español, ha manifestado el delegado provincial de Educación y Ciencia, Miguel J. Sanz Aranda.El texto de la rectificación es el siguiente:

1. Esta Dirección Provincial, contrató el 16 de septiembre de 1981, con Transportes Casanova, SA , la prestación del servicio de transporte escolar del colegio público de Suances, previa la exigencia a la misma de todos los requisitos legales exigibles, es decir, tar...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Los contratos de transporte escolar en la provincia de Santander cumplen todos los requitos legales, en contra de lo que afirmaron en fecha reciente fuentes del Partido Socialista Obrero Español, ha manifestado el delegado provincial de Educación y Ciencia, Miguel J. Sanz Aranda.El texto de la rectificación es el siguiente:

1. Esta Dirección Provincial, contrató el 16 de septiembre de 1981, con Transportes Casanova, SA , la prestación del servicio de transporte escolar del colegio público de Suances, previa la exigencia a la misma de todos los requisitos legales exigibles, es decir, tarjeta expedida por la Jefatura de Transportes Terrestres y certificación de la Inspección Técnica de Vehículos, expedida por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, referidos a los tres autobuses objeto del contrato. Dichos documentos siguen obrando en el expediente de contratación.

El contrato firmado por la empresa Casanova es, pues, perfectamente legal, y la empresa debió presentarlo en la Jefatura Provincial de Transportes Terrestres de Santander, para su autorización, cumpliendo así la legislación específica del ramo.

Esta presentación es una obligación que le incumbe a la empresa, y no a la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, y si no lo ha hecho habrá incurrido en las responsabilidades que la legislación de transportes imponga, pero no es a la Dirección Provincial de Educación y Ciencia a quien compete exigirlos.

2. Sobre la genérica acusación realizada por el PSOE de haberse descubierto condiciones alarmantes de fraude y corrupción, solicito al PSOE concrete su acusación para estudiar cada caso concreto, ya que esta Dirección Provincial suscribió todos los contratos sobre la información obtenida previamente.

3. De todos los contratos firmados se remitió copia a todos los centros públicos docentes, para su conocimiento y vigilancia, y como anexos a los contratos figuraban expresamente el número de autobuses, la matrícula, año de matriculación, plazas, alumnos a transportar, precio global del contrato, itinerarios de recorridos, número de viajes y número de kilómetros en cada viaje, por lo que desde el primer momento, al ser públicos todos estos datos, pudo denunciarse los posibles errores, los recorridos ilógicos y, por supuesto, los incumplimientos.

4. A la denuncia presentada por los concejales socialistas del Ayuntamiento de Suances, el 12 de junio, por incumplimiento de las condiciones de prestación de servicio, se le ha dado el trámite pertinente, habiéndose recabado el día 16 de junio informe de la dirección del centro para, previa audiencia del contratista, adoptar las medidas que procedan, en el supuesto de que se confirme la existencia del incumplimiento contractual.

Archivado En