Los socialistas acusan al Ministerio de Economía de negligencia

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cuatro votos particulares que serán discutidos en el debate que tendrá lugar en el Pleno del Congreso, el día 8 de junio, sobre el síndrome tóxico, en los que se critica acusándole de supuesta negligencia, al Ministerio de Economía y Comercio, al tiempo que se señala la ausencia de facilidades ofrecidas por este departamento a la Comisión investigadora sobre la enfermedad.

El primero de los votos particulares contiene sesenta y tres propuestas de tipo sanitario y asistencial, catorce más de las que recogía el plan sanitario presentado por ...

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cuatro votos particulares que serán discutidos en el debate que tendrá lugar en el Pleno del Congreso, el día 8 de junio, sobre el síndrome tóxico, en los que se critica acusándole de supuesta negligencia, al Ministerio de Economía y Comercio, al tiempo que se señala la ausencia de facilidades ofrecidas por este departamento a la Comisión investigadora sobre la enfermedad.

El primero de los votos particulares contiene sesenta y tres propuestas de tipo sanitario y asistencial, catorce más de las que recogía el plan sanitario presentado por este partido hace meses. En estas propuestas destaca una especial preocupación por los problemas de los afectados de las zonas rurales de Castilla y León. Se contempla también la posibilidad de sustituir la ayuda por necesidad laboral transitoria, por una ayuda de tipo familiar, y aparecen nuevas propuestas que recogen medidas relacionadas con el consumo algunas de las cuales habían sido tomadas en el Pleno de la colza del mes de septiembre de 1981. Entre estas medidas figura la de proponer al Gobierno un plazo de 15 días para que remita al Congreso el listado de las reglamentaciones técnico- sanitarias aprobadas desde el mes de septiembre hasta aquí, así como el de las reglamentaciones que faltan para poder concluir el desarrollo del Código Alimentario, cuyo fin ha sido fijado para el 31 de diciembre del presente año, a pesar de la propuesta hecha por el grupo Minoría Catalana que ha solicitado un año más de prórroga.Otra de las propuestas pide al Gobierno que conceda un plazo de seis meses antes de poder exigir el número de registro sanitario a los productos elaborados con anterioridad al 2 de diciembre de 1981. Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca se le pide que establezca, antes de un mes, un Plan General de Mataderos y se da un plazo de 15 días al Gobierno para que envíe a las Cortes el Proyecto de Ley General de Comercio, en donde queden delimitadas las competencias de las distintas Administraciones Públicas.

En el segundo voto particular, el partido socialista solicita la supresión de los textos de UCD aprobados en la Comisión Parlamentaria, en contra del voto de este partido, y en los que se formula un juicio positivo de las actuaciones sanitarias y asistenciales del Gobierno. El tercer voto particular pretende que sé suprima otra de las conclusiones, presentada por el PNV y aprobada en la Comisión con el apoyo de UCD, en donde se afirma que "la investigación científica hasta ahora realizada ha sido suficiente". Por último, el cuarto voto particular pretende la aprobación de las catorce conclusiones de naturaleza económica y comercial que fueron presentadas por el PSOE en el seno de la Comisión Mixta, Congreso-Senado y que fueron rechazadas por la mayoría, formada por UCD y las Minorías Nacionalistas.

Estas conclusiones presentadas por el PSOE reconocen la presencia de anomalías en la importación de aceites industriales, así como la falta absoluta de control del uso y destino de estos aceites. Se reconoce, asimismo, la actuación negligente del Ministerio de Economía y Comercio en el ejercicio de sus responsabilidades, a la vez que denuncia a este Ministerio por la falta de facilidades que ha dado en el curso de la investigación llevada a cabo por la Comisión, mientras que hace patente la colaboración prestada por la Dirección General de Aduanas.

Las conclusiones del PSOE ponen de manifiesto la falta de medios materiales y humanos que ha tenido la Comisión para llevar a cabo sus investigaciones, lo que ha motivado que gran parte de la documentación básica haya llegado con retraso, de forma incompleta y desviando el sentido de la solicitud, aduciendo la inhibición de competencias dentro de la Administración.