Los socialistas anuncian mociones en el Parlamento sobre varias cajas rurales

Los diputados socialistas Alfonso Guerra y Jaime Blanco han decidido presentar una nueva moción sobre las irregularidades observadas en la Caja Rural de Santander, a la vista de las respuestas que el ministro de Economía ofreció a su grupo parlamentario en el pleno del Congreso celebrado el pasado jueves. García Díez volvió a negar que hubiera corrupción en la citada entidad de crédito agrario, en tanto que los diputados por Cantabria Blanco García (PSOE) y Díaz Porras (PAD) mantuvieron lo contrario, el último, con acusaciones concretas a dos parlamentarios relacionados con la irresponsable po...

Los diputados socialistas Alfonso Guerra y Jaime Blanco han decidido presentar una nueva moción sobre las irregularidades observadas en la Caja Rural de Santander, a la vista de las respuestas que el ministro de Economía ofreció a su grupo parlamentario en el pleno del Congreso celebrado el pasado jueves. García Díez volvió a negar que hubiera corrupción en la citada entidad de crédito agrario, en tanto que los diputados por Cantabria Blanco García (PSOE) y Díaz Porras (PAD) mantuvieron lo contrario, el último, con acusaciones concretas a dos parlamentarios relacionados con la irresponsable política crediticia de la entidad, el diputado Justo de las Cuevas y el senador Roberto Sáez, ambos de la UCD cántabra.El grupo socialista del Congreso anuncia una serie de preguntas sobre las cajas de Baleares, Avila y otras, además de un debate sobre la Caja Rural nacional, que preside Domingo Solís. En el caso de la de Santander, pide al Gobierno que, en el plazo máximo de un mes, se proceda a nombrar administradores provisionales "no relacionados con el Consorcio Nacional de Cajas Rurales Provinciales", que son los que se han hecho cargo de la entidad cántabra tras los ceses de su consejo rector y del director general, ordenados por el Ministerio de Economía y el Banco de España.

Los socialistas solicitan, además, que esos ceses se conviertan en inhabilitación para el desempeño de funciones iguales o similares, toda vez que algunos de los consejeros y el propio ex director general, Tomás Mier, expulsados por haberles demostrado varias irregularidades en su actividad gestora, tienen la intención de volver a sus antiguos puestos.

Los parlamentarios socialistas exigen, también, que se proceda a la readmisión de los trabajadores expulsados de la caja por el anterior equipo, cuyos despidos han sido declarados improcedentes por la Magistratura de Trabajo. Esta misma petición ha sido cursada ya por la Diputación Regional de Cantabria y es una de las exigencias de la llamada comisión de seguimiento de las irregularidades de la Caja Rural, formada por partidos, sindicatos agrarios y centrales sindicales, para abandonar su campaña de información a la opinión pública sobre la corrupción en la caja.

Los expedientes del Banco de España

En la interpelación debatida el jueves en el Pleno del Congreso, Jaime Blanco exhibió una serie de documentos del Banco de España por los que demostraba las irregularidades en la gestión de la Caja Rural, hecho que hizo sospechar al portavoz centrista, Quintás Seoane, que "sí puede haber algún tipo de irregularidades, por lo menos", dijo, "por parte de algún funcionario del Banco de España", ya que esos informes se le habían negado a él, "aún ayer porque son materia reservada". "Las corruptelas, por desgracia, podemos encontrarlas siempre donde menos pensamos, y estoy seguro de que toda la Cámara comparte la idea", concluyó.Por su parte, el Ministro de Economía, García Díez, con frecuentes referencias a informes del Banco de España -que el grupo parlamentario socialista pide sean depositados en la Mesa del Congreso-, negó que hubiese corrupción en la caja santanderina y aseguró que "esos hechos han sido descubiertos y puestos de manifiesto por la propia actuación de la Administración". Se refería, como más tarde iba a referir a los dos expedientes abiertos por el Banco de España, que descubrió "hechos que están bien claros y bien concretos porque se encontraron límites de riesgos excedidos, existencias de extratipos, omisiones en materia de moneda extranjera y diferencias muy importantes en la presentación de la cuenta de resultados".

Esos hechos, tras sucesivos pliegos de cargos, conducen al cese del consejo, rector y del director general de la caja, Tomás Mier, pero "no a responsabilidades penales ni a corrupción.

Según el ministro de Economía, tales acusaciones son concecuencia de "manejos políticos y de electoralismo". García Diez diría también que en los hechos descubiertos no hay implicaciones de parlamentarios de ningún partido.