Manifestación en Bilbao contra el juicio de cuatro trabajadores de Olarra
Unas 1.300 personas se manifestaron en la tarde de ayer por las calles de Bilbao en protesta por el juicio que se inicia hoy en la Audiencia Territorial contra cuatro trabajadores de Olarra, SA, acusados de retención y amenazas.Tres años y tres meses de cárcel solicita el fiscal para cada uno de los cuatro trabajadores despedidos de la empresa Olarra, SA, acusados de un presunto delito de retención ilegal y amenazas" procesados a raíz de la retención en las oficinas centrales de la empresa de 44 administrativos y dos hijas del presidente del consejo de administración, Luis Olarra, y cuya vista...
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Unas 1.300 personas se manifestaron en la tarde de ayer por las calles de Bilbao en protesta por el juicio que se inicia hoy en la Audiencia Territorial contra cuatro trabajadores de Olarra, SA, acusados de retención y amenazas.Tres años y tres meses de cárcel solicita el fiscal para cada uno de los cuatro trabajadores despedidos de la empresa Olarra, SA, acusados de un presunto delito de retención ilegal y amenazas" procesados a raíz de la retención en las oficinas centrales de la empresa de 44 administrativos y dos hijas del presidente del consejo de administración, Luis Olarra, y cuya vista se inicia hoy.
La retención se produjo en octubre de 1980, pocos días después de que se iniciara en Aceros Olarra una huelga, que se prolongaría por espacio de casi cuatro meses, convocada por el comité de empresa para presionar sobre la dirección en relación a la negociación del convenio colectivo, que afectaba a unos 2.000 trabajadores. Cerca de un millar de ellos ocuparon el día 15 de dicho mes; las oficinas de la empresa en Bilbao, reteniendo en su interior, por espacio de catorce horas, a las personas que habitualmente prestan sus servicios en las mismas. Entre esas personas figuraban Patricia y Fátima Olarra, hijas del industrial.
Tras una, mediación del gobernador civil de la provincial, Luis Olarra y una representación sindical de los trabajadores, llegaron aparentemente a un acuerdo, a consecuencia del cual, y sin que llegase a intervenir la policía, los ocupantes se retiraron voluntariamente de las oficinas. Sin embargo, al día siguiente, Olarra decretó el cierre patronal de la fábrica.
Más de cuatrocientos cargos electos de Herri Batasuna, EMK y LKI, 1.055 delegados sindicales de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra, otros tantos de Cataluña, varias federaciones de CC OO y otros organismos han expresado su solidaridad con los procesados.