El Gobierno central y el Gobierno vasco firmaron, tras dos horas de discusión, el acuerdo sobre Lemóniz

Los acuerdos políticos entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, que permitirán la reanudación de las obras de la central nuclear de Lemóniz, se firmaron, después de dos horas de discusión, ayer en el palacio de Ajuria Enea en Vitoria. Los tres puntos centrales de estos acuerdos son la puesta en marcha de la central, mediante la sociedad de gestión pública constituida por el Gobierno vasco y financiada por Iberduero, la distribución del gas por el Ejecutivo de Carlos Garalkotxea y los acuerdos en materia de energías renovables.Horas antes del acto formal de la firma, el ministro de Indust...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

Los acuerdos políticos entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, que permitirán la reanudación de las obras de la central nuclear de Lemóniz, se firmaron, después de dos horas de discusión, ayer en el palacio de Ajuria Enea en Vitoria. Los tres puntos centrales de estos acuerdos son la puesta en marcha de la central, mediante la sociedad de gestión pública constituida por el Gobierno vasco y financiada por Iberduero, la distribución del gas por el Ejecutivo de Carlos Garalkotxea y los acuerdos en materia de energías renovables.Horas antes del acto formal de la firma, el ministro de Industria y Energia, Ignacio Bayón, señaló en el curso de una conferencia de Prensa, que el contenido de los acuerdos no significa "ninguna cesión de competencias, y se mantiene el principio básico de la unidad energética nacional, comprendida en el Plan Energético Nacional (PEN)". Por su parte, el presidente de la empresa eléctrica Iberduero, Manuel Gómez de Pablos, mostró su satisfacción por la voluntad política expresada por los dos Gobiernos para que se reanuden de inmediato las obras de la mencionada central nuclear.

Transcendencia del acuerdo

La trascendencia del acuerdo político firmado por los dos Gobiernos fue resaltada por el ministro de Industria, que señaló como principal garantía frente al terrorismo que está actuando sobre la central nuclear "la declaración de responsabilidad absoluta del Gobierno de la nación, Gobierno vasco y la empresa eléctrica Iberduero en realizar las obras. Ello significa una protección política para el propio personal que trabaja en la obra".Esta manifestación viene a satisfacer la petición realizada por el presidente de Iberduero, Manuel Gómez de Pablos, en los últimos meses, que solicitaba la comprensión de "la dimensión política del problema de Lemóniz", cuyas obras están paralizadas desde hace un año, cuando el jefe técnico, José María Ryan, fue asesinado por ETA-militar. Ignacio Bayón insitió en que: el acuerdo sobre Lemóniz significaba, en su opinión, una fórmula de equilibrio entre las que se habían barajado como posibles: el cierre de la central o la militarización de la misma. En este sentido, indicó categóricamente: "no estamos, por un estado de necesidad, buscando una fórmula mala".

El acuerdo que en la tarde de ayer se presentó a la firma significa la reanudacióin de las obras de la central, para cuyo término el ministro indicó un plazo de quince meses y la carga en el primero de los grupos, en el que se concentrarán todos los esfuerzos, se realizará dentro de un año. La creación de la sociedad de gestión pública, que se encargarí de controlar la actividad de la central nuclear, constituida por el Gobierno vasco y financiada por Iberduero, junto a la creación de una sociedad distribuidora del gas y, los acuerdos sobre energías alternativas constituyen el grueso deI convenio entre las dos Administraciones.

La gestión realizada por el Gobierno vasco implicará unos costes que asumirá la empresa propietaria. Así, Iberduero, además de pagar a la mencionada sociedad de gestión ochocientos millones de pesetas anuales en concepto de honorarios, asignará al Gobierno vasco 2.000 millones de pesetas a fondo perdido para los municipios colindantes a Lemóniz y 3.000 millones de pesetas en concepto de crédito blando para que la Diputación Foral de Vizcaya proceda a mejoras de infraestructura en la provincia.

La puesta en marcha de los dos grupos se establece para 1985, ya que la previsión del funcionamiento del segundo está situada dos años después. El acuerdo no contiene, según el ministro Ignacio Bayón, ninguna claúsula secreta entre las tres partes implicadas.

Por su parte, el Gobierno vasco, mediante un comunicado que hizo público en las últimas horas de la tarde de ayer, señalaba que los acuerdos representan inversiones superiores a los 100.000 millones de pesetas, a los que habrá que añadir otras inversiones energéticas de gran cuantía, tales como las de puesta en producción de los hidrocarburos de la costa vasca.

Archivado En