España implantará el IVA desde la fecha de adhesión a la CEE

España presentará hoy ante el Consejo de la Comunidad Económica Europea (CEE) un documento sobre la unión aduanera en el que, por primera vez desde que se iniciaron las negociaciones, en 1979, se acepta la exigencia de los diez de implantar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) desde el mismo día de la adhesión, según informa desde Bruselas Soledad Gallego- Díaz. Junto aesta aceptación de las pretensiones de la CEE, nuestro país recibirá hoy la respuesta comunitaria a los planteamientos españoles sobre seis grandes capítulos de las negociaciones de integración. En este documento, según fuen...

España presentará hoy ante el Consejo de la Comunidad Económica Europea (CEE) un documento sobre la unión aduanera en el que, por primera vez desde que se iniciaron las negociaciones, en 1979, se acepta la exigencia de los diez de implantar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) desde el mismo día de la adhesión, según informa desde Bruselas Soledad Gallego- Díaz. Junto aesta aceptación de las pretensiones de la CEE, nuestro país recibirá hoy la respuesta comunitaria a los planteamientos españoles sobre seis grandes capítulos de las negociaciones de integración. En este documento, según fuentes de la Administración en Madrid, se abordan períodos transitorios para la industria electrónica, la química básica y la instalación de la banca extranjera.

La aceptación de la inmediata implantación del IVA a partir de la adhesión supone un sustancial cambio en la postura negociadora de Madrid. Hasta el presente, los expertos españoles habían solicitado o bien un régimen similar al que obtuvo Grecia o bien dejar la discusión del tema para la ronda final de negociaciones, en el momento en que se discutieran los problemas más serios del capítulo agrícola.A ambas posibilidades se opuso rotundamente la CEE. Francia llegó incluso a plantear la aceptación del IVA como condición previa a cualquier discusión sobre otros capítulos. La condición previa, difícilmente aceptable en términos diplomáticos, desapareció pronto, pero los diez dejaron bien claro que la implantación del IVA desde el mismo día de la adhesión no era materia negociable (la CEE piensa que nuestro sistema fiscal no es muy transparente).

La nueva posición española permitirá, sobre todo, que la importante sesión negociadora prevista para el próximo mes de marzo -en la que se pretenden dejar cerrados seis capítulos de los dieciseis que componen las negociaciones- se celebre con buenas perspectivas de éxito.

Aunque las expectativas españolas son más dudosas, españoles y comunitarios coinciden en afirmar que si la sesión del próximo mes de marzo no constituye un éxito para nosotros, la adhesión en dicha fecha, al margen de los problemas derivados del capítulo agrícola, resultaría imposible técnicamente.

Respuesta comunitaria

Sobre los seis capítulos de la negociación mencionados habrá hoy una primera respuesta comunitaria, según fuentes de la Administración española. En el primero de los capítulos, relativo a movimientos de capital, hay un principio de acuerdo de derogación temporal de la legislación comunitaria sobre tres tipos de operaciones: adquisición de títulos extranjeros negociados en bolsa, inversiones inmobiliarias en los países de la CEE e inversiones directas en empresas de la CEE dedicadas a negociar con valores mobiliarios e inmobiliarios. No se ha determinado todavía la duración de estas derogaciones, aunque existe una propuesta de tres años.

En el segundo de los capítulos, relativo al derecho de instalación y libre prestación de servicios, España ha solicitado derogaciones temporales relativas a la instalación de empresas en los sectores de la química básica, la electrónica y la informática, los seguros y la banca. La CEE, siempre según fuentes de Madrid, solicita que se precisen y justifiquen estas solicitudes para los sectores de la química, la electrónica y la informática. En cuanto al sector bancario, España pide un período transitorio para la aplicación de los criterios comunitarios sobre instalación de entidades extranjeras, limitación del número de sucursales de estas entidades a tres y limitación de su financiación en el mercado interno al 40% . La CEE se muestra radicalmente contraria a estas pretensiones, mientras por parte española se piensa en un período transitorio de alrededor de cuatro años.

Junto a estos tres temas (química, electrónica y banca), que pueden ser hoy abordados con mayor profundidad, hay también petición española de derogación temporal de la legislación comunitaria -dentro del segundo gran paquete de negociación- para los seguros (responsabilidad civil en el automóvil y reaseguros internacionales) y para el establecimiento de ciertos profesionales (médicos y dentistas). La postura de la CEE es negativa a ambas pretensiones.

El tercer capítulo negociador, la política regional, no plantea graves problemas a juicio de las autoridades españolas; y en el cuarto, asuntos económicos y financieros, sólo queda por fijar el procedimiento de la inclusión de la peseta en la unidad de cuenta de la CEE (ECU) y la contribución española a corto y medio plazo a la financiación de la Comunidad. En el quinto capítulo, transportes, España ha solicitado período transitorio para los transportes ocasionales (turistas y emigrantes, fundamentalmente), a lo que la CEE se muestra contraria.

En el sexto y último capítulo de los previstos para un posible acuerdo en la reunión de marzo, relativo a armonización de las legislaciones, la postura de la CEE es contraria a las peticiones españolas. Madrid pretende derogación temporal de la legislación comunitaria para el contenido de plomo de los carburantes, y sobre determinadas denominaciones y composición de alimentos.