Nuevas autoridades sanitarias

Nadie desea más que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública que las nuevas autoridades sanitarias gobiernen. Al fin y al cabo gestionan nuestra empresa: los centros y servicios sanitarios del sector público. Y si deciden de una vez ser eficientes, hacer rentable el sector público de salud, tendrán nuestro apoyo. En este momento coyuntural, el sanitario debe elegir qué patrón desea: si los entes públicos o la empresa privada.Por nuestra parte, nos permitimos, con todo respeto, hacer algunas sugerencias a quienes han sido recientemente nombrados para unos cargos; que co...

Nadie desea más que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública que las nuevas autoridades sanitarias gobiernen. Al fin y al cabo gestionan nuestra empresa: los centros y servicios sanitarios del sector público. Y si deciden de una vez ser eficientes, hacer rentable el sector público de salud, tendrán nuestro apoyo. En este momento coyuntural, el sanitario debe elegir qué patrón desea: si los entes públicos o la empresa privada.Por nuestra parte, nos permitimos, con todo respeto, hacer algunas sugerencias a quienes han sido recientemente nombrados para unos cargos; que constituyen el quinto equipo ministerial en cuatro años.

Es conveniente que en sus provincias de origen, con fines electoralistas, no incrementen más la convulsa geografía sanitaria actual. Porque sus antecesores, que construyeron instituciones hospitalarias sin rigor técnico, sin valorar indicadores, tienen en su haber centros sanitarios como son: Mérida, Barco de Valdeorras, Cabra, Manzanares, Valdepeñas, Alcañiz, Requena, Don Benito, Talavera, etcétera, muy unidos a nombres de ilustres políticos.

Como sigue casi todo sin hacer desde hace cuatro años, bueno es que repasen sus cajones donde duermen proyectos y más proyectos, cuya salida no le gustará a los grupos que se lucran del actual desorden. Pero que realizarlos es hacer política en la línea de la justicia social y el orden social al cristiano que sobre el papel defienden. En esa lucha están: el desarrollo del mapa sanitario; la regulación de los centros de salud, de la medicina primaria, la política de personal; el gobierno de los centros y servicios; la normativa sobre conciertos; los temas de prescripción y dispensación farmacéutica; la relación entre lo extra o lo intrahospitalario; la asistencia a enfermos privados por el sector público; las urgencias; él control de la sanidad, etcétera.

En nuestra asociación estamos de acuerdo con la liberación del acto médico, entendido como el derecho a ejercer la libre elección del facultativo, pero ello no es incompatible. Igualmente, con un sector público bien gestionado, nada hay que oponer al ejercicio privado de la profesión, mientras no utilice en su beneficio los recursos y las instalaciones propias del sector público y no sitúe a alguno de sus más conspicuos defensores en puestos de responsabilidad del sistema.

No hay que esperar a la futura ley de Incompatibilidades para estas actuaciones. Basta aplicar la ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965, que en su artículo 9 prohibe los conciertos con aquellos que «formen parte del personal al servicio de los organismos autónomos o las empresas públicas», y basta con ver quién alquila locales, camas, rehabilitación, hemodiálisis, etcétera, a Insalud.

Con todo ello deseamos que nuestras autoridades sanitarias incrementen la eficacia del sector público ya disponible. En la mayoría de los sitios, liberándose de aquellos que lo parasiten para su negocio.

Porque, mientras rebosan las clínicas privadas vecinas, los grados de utilización del sector público de la sanidad son los siguientes: Centro Valdecilla, de Santander (41% de ocupación); Centro Nacional de Especialización Quirúrgica, de Madrid (35% de ocupación); Ortiz de Zárate, de Alava (12,90%); Sonsoles, de Avila (66%); José Antonio, de Badajoz (62%); Materno-Infantil, de Baleares (36%); Adriano y Victoria, de Barcelona (31% y 11 %); Cava-Viladecamps (7 %); Miranda (57%); Plasencia (54%); Algeciras (52%); Maternal, de Río Tinto (45%); Linares (22%); Quirúrgico de Urgencia, de Madrid (48%); Ibiza (49%); Virgen de la Torre, de Madrid (31 %); Primo de Rivera, de Madrid (50%); Alcorcón (38%); Maternal, de Orense (57%); San Agustín, de Avilés (57%); Girón, de Oviedo (33%); Cíes, de Vigo (28%); Béjar (40%); Segovia Policlínica (45%); Soria (6%); Alcañiz (26%); José Antonio, de Valencia (56%); Requena (32%); Zamora (35%); Ruiseñores, de Zaragoza (51%); Noreña, de Córdoba (36%); Materno Infantil, de La Coruña (52%); Infantil, de La Paz, Madrid (59%); Materno-Infantil Primero de Octubre, Madrid (19%); Franco, de Málaga (52%); Infantil, de Zaragoza (50%).

Y especialmente que se terminen los otros de una vez, porque, de no terminarlas, está provocando grandes despilfarros de los hospitales públicos de Badalona, Puertollano, Hermanos Aznar, de Madrid; Cartagena, Valme, de Sevilla, etcétera, y la mayoría de los centros del AISN en Alcalá de Henares, Leganés, Moratalaz, Costa de Lugo, Jaén, Gandía, Alcoy y Sagunto, sin olvidar el Piramidón, el más irrentable y peor gestado de nuestros queridos centros públicos.