Auto de procesamiento contra un ex diputado foral por el "asunto FASA"

El magistrado juez del juzgado de primera instancia número 2 de Pamplona, Carlos Moreno, dictó ayer auto de procesamiento por estafa contra Ignacio Irazoqui, ex diputado foral, consejero delegado de la empresa Fundiciones de Alsasua, SA (FASA), en el que se decreta la prisión provisional, excepto en el caso de que el encausado deposite una fianza de un millón de pesetas.El asunto FASA, que salió a la luz pública el 23 de febrero de 1980, y que fue el origen de la destitución de Jaime Ignacio del Burgo como presidente de la Diputación Foral de Navarra, entró ayer en una nueva fase con el proces...

El magistrado juez del juzgado de primera instancia número 2 de Pamplona, Carlos Moreno, dictó ayer auto de procesamiento por estafa contra Ignacio Irazoqui, ex diputado foral, consejero delegado de la empresa Fundiciones de Alsasua, SA (FASA), en el que se decreta la prisión provisional, excepto en el caso de que el encausado deposite una fianza de un millón de pesetas.El asunto FASA, que salió a la luz pública el 23 de febrero de 1980, y que fue el origen de la destitución de Jaime Ignacio del Burgo como presidente de la Diputación Foral de Navarra, entró ayer en una nueva fase con el procesamiento de Irazoqui, a quien, de otro lado, el juzgado le ha requerido para que deposite una fianza de 120 millones de pesetas con el objeto de asegurar sus responsabilidades pecuniarias en el tema.

La historia reciente del asunto FASA comienza el 18 de junio de 1979, cuando la Diputación Foral de Navarra estudió una petición de crédito extraordinario por parte de FASA, por un importe de 97 millones de pesetas.

Del Burgo, en aquella fecha, era accionista y avalista solidario de créditos obtenidos por FASA, por un importe de 97 millones de pesetas, datos que ocultó a sus compañeros de corporación. La Diputación de Navarra, durante aquella sesión, tomó el acuerdo de anticipar a FASA, en el supuesto de que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) le concediera un préstamo, una cantidad idéntica en concepto de anticipo, que debía ser devuelta en el momento de la formalización del crédito con la entidad de ahorro. FASA había solicitado una ayuda económica a la Diputación, que se desglosaba en dieciocho millones para pagar la nómina, tres millones para el consumo de energía, veintinueve millones para atender a créditos vencidos, veintisiete millones para avales vencidos de proveedores y veinte millones para atender las necesidades del circulante.

Tres días después, la CAN concedía a FASA dos créditos, uno de 36 millones de pesetas, con carácter hipotecario, y otro de 45 millones, con garantía personal, que sumaban 81 millones de pesetas. Con la notificación de la CAN a FASA de la concesión de este crédito, el consejero delegado de la empresa, Ignacio Irazoqui, se presentó el 30 de junio en la Diputación Foral de Navarra y retiró un talón de 81 millones de pesetas, de los que 16.956.154 pesetas fueron empleados para cancelar un crédito hipotecario, 44.923.125 pesetas, para cancelar un préstamo con garantía personal (en el que figuraba como avalista, entre otros, Jaime Ignacio del Burgo), y el resto, 19.120.719 pesetas, fueron ingresadas en una cuenta corriente de FASA.

Como consecuencia de este trasvase de dinero, varios accionistas y avalistas de la empresa, entre ellos Del Burgo, se libraron de compromisos contraídos con entidades bancarias por parte de FASA, cuando el dinero recibido de la Diputación de Navarra debía haber tenido un fin diferente: pagar la nómina, el consumo eléctrico, atender a las necesidades del circulante y cancelar un crédito vencido y los avales vencidos de proveedores.