La inspección fiscal consolidará la reforma eliminando el fraude

Hacienda prepara planes para consolidar la reforma fiscal y eliminar el fraude, según medios oficiales. Dos serán los frentes de batalla en este sentido: por una parte, hacer declarar o pagar por sus rentas reales a los dos millones de profesionales, pequeños empresarios y agricultores que encontraron un escape legal en las normas sobre estimación objetiva singular de marzo de 1979; por otra, adecuar el ritmo de la inspección a objetivos correctores y educativos que aumenten indirectamente la recaudación.

En 1980, los inspectores levantaron 104.107 actas de defraudación, con aumento del...

Hacienda prepara planes para consolidar la reforma fiscal y eliminar el fraude, según medios oficiales. Dos serán los frentes de batalla en este sentido: por una parte, hacer declarar o pagar por sus rentas reales a los dos millones de profesionales, pequeños empresarios y agricultores que encontraron un escape legal en las normas sobre estimación objetiva singular de marzo de 1979; por otra, adecuar el ritmo de la inspección a objetivos correctores y educativos que aumenten indirectamente la recaudación.

En 1980, los inspectores levantaron 104.107 actas de defraudación, con aumento del 48% sobre el año anterior. En los nueve primeros meses del presente ejercicio van 92.437 actas, y se espera que el 54% de incremento que lo suponen sobre igual período de 1980 se mantenga durante todo el año. De otro lado, las propuestas de delito fiscal por haber descubierto deudas superiores a los dos millones de pesetas, y que pueden ser sancionadas desde multas del tanto al séxtuplo hasta la prisión menor, fueron el año pasado 131, mientras que en los diez primeros meses del presente año han alcanzado 154. Por la Ley 50 de 1977, que se consideró importante para crear un clima de ejemplo con los delincuentes fiscales, las defraudaciones pueden ser penadas por la jurisdicción ordinaria con multas del tanto al séxtuplo para deudas de dos a cinco millones de pesetas; con arresto mayor, de cinco a diez millones, y con prisión menor para más de diez millones. No obstante, todavía no se ha registrado ninguna sentencia judicial en los 131 primeros expedientes pasados al fiscal después de que terminaran los plazos de alegaciones, expedientes que en su mayoría pueden dar lugar a penas de privación de libertad.

La deuda descubierta por actas de defraudación inferiores a dos millones de pesetas totalizó el año pasado 76.371 millones de pesetas, con incremento del 79% sobre el año anterior. De enero a septiembre últimos, la deuda acumulada ascendió a 42.000 millones de pesetas, con aumento del 8% sobre igual período de 1980. Este escaso aumento lo explican fuentes de Hacienda en que la función inspectora se dirigió en 1979 y 1980 a comprobar las regularizaciones de declarantes tras la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, mientras que en 1981 ha estado en implantar la reforma en los impuestos de renta y sociedades, al primero de los cuales se han dedicado en exclusiva los inspectores durante el primer semestre de 1981, cuando han multiplicado por tres sus actuaciones (hasta conseguir 46.815) y han incrementado por tres sus ingresos derivados.

Dos millones de "defraudadores" legales

En cualquier caso, los responsables de Hacienda rechazan la afirmación del PSOE en el sentido de que el fraude fiscal alcanza en España el medio billón de pesetas anuales; de ellas, 200.000 millones de pesetas en declaraciones del impuesto sobre renta; de 125.000 a 150.000, en tráfico de empresas; otros 50.000, en sociedades, y 60.000, en sucesiones y transmisiones. Como los socialistas no han dicho el método utilizado en sus cálculos, afirman que seguramente en renta incluirán a los aproximadamente dos millones de pequeños empresarios y agricultores acogidos a la estimación objetiva singular, que será corregida en los próximos meses para evitar que dichas personas paguen porcentualmente menos que los trabajadores con retenciones.El problema radica en las normas dictadas el 28 de marzo de 1979, que ahora se consideran apresuradas. Los comerciantes, pequeños empresarios, agricultores y profesionales con menos de quince millones de ventas pueden desde entonces hacer su declaración simplificada, calculando sobre las ventas un porcentaje rijo para cada gremio (del 4% al 10%) para estimar sus ingresos o rentas. Así, cerca, de un millón no llega a las 300.000 pesetas de base mínima para pagar renta. Igualmente, los de facturación superior a los quince millones calculan sus ingresos gravables deduciendo de las ventas conceptos como gastos de personal y compras de materias primas, sin más requisitos que llevar un registro.

Sin embargo, desde el mes de octubre Hacienda ha constituido comisiones mixtas con representación de los distintos gremios para ajustar a la realidad los ingresos. Para esta labor se espera contar con el informe que prepara una comisión de técnicos, encargados en junio pasado de detectar las bolsas de fraude por sectores y territorios. En tanto la comisión entrega sus conclusiones, la Inspección Central de Hacienda, encabezada desde hace dos semanas por José Antonio Cortés Martínez, traza los criterios para consolidar la reforma fiscal y eliminar el fraude.

"Lo ideal", ha declarado Cortés, "es crear un clima de colaboración para que todos los ciudadanos cumplan sus obligaciones tributarias. Así, el trabajo de la inspección hay que valorarlo más por el incremento de recaudación que por la deuda descubierta. Los frutos indirectos son más permanentes e importantes". En este sentido, se ha trabajado para proceder a las devoluciones correspondientes a la última declaración del impuesto sobre la renta antes del próximo 31 de diciembre, pues la comprobación de las anteriores, determinó que un 35% no eran conformes (el 60% del reducción y el 40% por menor cuota).