Balance de la situación actual / y 2
Cuatro grandes preguntas debe hacerse y tratar de contestar un balance sobre la situación actual de la economía española: ¿cómo se está planteando y resolviendo su problema energético?, ¿la balanza de pagos responde o no a nuestro empobrecimiento frente al exterior a consecuencia de la caída de la relación real de intercambio?, ¿estamos reconvirtiendo y adaptando nuestras industrias a las nuevos datos que la crisis ha fijado?, ¿en qué medida la innovación y el cambio tecnológicos se están incorporando a nuestros procesos de producción? Esas preguntas están fundadas ...
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Cuatro grandes preguntas debe hacerse y tratar de contestar un balance sobre la situación actual de la economía española: ¿cómo se está planteando y resolviendo su problema energético?, ¿la balanza de pagos responde o no a nuestro empobrecimiento frente al exterior a consecuencia de la caída de la relación real de intercambio?, ¿estamos reconvirtiendo y adaptando nuestras industrias a las nuevos datos que la crisis ha fijado?, ¿en qué medida la innovación y el cambio tecnológicos se están incorporando a nuestros procesos de producción? Esas preguntas están fundadas en que los cuatro grandes temas a los que se refieren definen la crisis actual y sus respuestas son insoslayables para salir de ella. Por otra parte -y como ha tratado de probarse en un artículo anterior-, las respuestas a esas cuestiones serán imposibles sin avanzar a lo largo de cinco líneas de actuación: conseguir una mayor flexibilidad en los salarios reales y en las condiciones de empleo; aplicar una política de inversión pública bien orientada y financiada; favorecer la liberalización del sistema económico e impulsar y difundir la innovación tecnológica en los procesos de producción.Valorar si la economía española está avanzando o no a lo largo de esas cinco líneas de actuación que constituirá el propósito de nuestro balance de su situación actual.
La mejora de la situación energética
La debilidad de nuestra posición energética (crecida densidad del consumo de energía por unidad de producción, corto abastecimiento del consumo de energía primaria por la producción nacional -31%, menos de la mitad de la media de los países de la OCDE- y la acusada dependen cia del petróleo importado -66% del consumo de energía primaria, casi el doble de la relación vigente en los países de la OCDE-) con cede un interés prioritario al trata miento de sus problemas. Un tratamiento largo tiempo demorado por la política económica española, pagado con crecidos costes. Los datos actuales parecen anunciar un cambio, corto aún, pero perceptible, de este comportamiento. Así se apunta una caída en el consumo de energía por unidad de producto en el año actual, que continúa la tendencia de 1980 (la caída de la relación aumento del consumo-aumento del PIB se situó en -1,5% en 1980, y por el momento parece sostenerse en va lores próximos a -2% para 1981). Más importante aún es el proceso de sustitución entre petróleo energético y carbón (véase gráfico l), que intensifica el uso de recursos nacionales. Es también destacable la diversificación de la importa ción energética, tanto según las di versas fuentes como por distintas procedencias geográficas y la in tensificación de la exploración de hidrocarburos. El decidido respaldo de la opción nuclear, como garantía básica de un suministro eléctrico sin problemas de restricciones, constituye otra novedad destacable de la situación energética actual.
Detrás de todos esos resultados está la necesaria aplicación de precios realistas para energía, hoy ad initida con generalidad por todos, .y la colaboración del sector público y privado, decisiva para alcanzar esos resultados. La fórmula de, mercado + programación ha funcionado en el sector energético. Convendría recibir estos datos nuevos que definen la situación energética del país con cauteloso optimismo, pues es mucha la diferencia que en ese comportamiento nos llevan los países industriales, dada nuestra anterior pasividad. Por otra parte, una actualización del programa energético parece necesaria a la vista de las previsiones actuales de crecimiento de la producción y de la demanda, muy distintas de aquellas en que se basó el plan hoy vigente.
Costes del trabajo, crisis y desempleo
El intenso crecimiento en España de los costes reales del trabajo (salarios y Seguridad Social) en el período 1973-1978, situado muy por encima del promedio de los países industriales (47%, frente a un 11,5%.), y la permanencia de esta diferencia -aunque reduciendo la cuantía absoluta del ritmo de expansión en la etapa 19791980 (crecimiento en España, 7,6% media de los países industriales, 0,25%)- constituye uno de los factores más importantes del desempleo diferencial con el que la crisis se presenta en nuestro país (14%. como tasa de paro, frente a 7,2% en la CEE; 34,1 % población activa/población total, frente a 42,3% de la CEE). Con efectos similares y negativos para el empleo deben contabilizarse la rigidez en las condiciones de contratación existentes en ese mismo período.
Por este motivo debe registrarse como importante partida positiva del balance de la situación actual la reducción en 1981 del ritmo de crecimiento de los costes de trabajo, tanto en los salarios (con una desaceleración cercana a dos puntos en sus tasas de aumento) como en las cuotas de la Seguridad Social (con una desaceleración de más de tres puntos). Por otra parte, la adopción de fórmulas más flexibles de contratación del trabajo, a consecuencia del ANE, y la admisión por éste del principio de descenso pactado de salarios reales para tratar la crisis constituyen comportamientos destacados sin los cuales es imposible realizar los ajustes productivos que necesitamos.
No puede exagerarse, por mucho que se pondere, la importancia que este último punto tiene para el presente y el futuro de la economía española. Lograr la negociación de una caída en los salarios reales por un plazo suficiente que produzca efectos sobre el empleo es un objetivo vital para el tratamiento de la crisis económica. Vital y difícil, pues requiere una colaboración de trabajadores, empresarios y Gobierno que comporta un cambio de comportamientos sindicales y empresariales continuados durante tantos años que se han convertido hoy en arraigadas costumbres. ¿Cómo renunciar al sindicalismo reivindicativo de las mejoras salariales y garantía del puesto de trabajo a toda costa, con olvido de la productividad y la negativa a las fórmulas de contratación flexible del trabajo? ¿Será posible sustituirlo por un sindicalismo de colaboración que modere los salarios, admita la flexibilidad del empleo y contabilice la productividad como base de la negociación colectiva en tiempo de crisis? ¿Invertirán los empresarios ante rebajas pactadas de los salarios reales que pueden debilitar sus mercados? ¿No preferirán la comodidad negociadora, accediendo a las elevaciones pedidas de salarios, tras de las cuales se halla la subasta inflacionista de sus productos? Dejamos al lector las respuestas a estas decisivas preguntas que atribuyen una importancia singular al ANE por los cambios de costumbres que su firma supone. Extender el plazo del ANE sería una prueba definitiva de entendimiento de la crisis económica por las fuerzas sociales. Porque, ¿qué otra alternativa puede conseguir la flexibilidad necesaria de los costes de trabajo y las condiciones de empleo con los que afrontar la crisis?
El comportamiento de la inflación
El alivio de la tensión de los costes de trabajo se ha dejado sentir en el crecimiento de los precios. Las fuerzas de la inflación parten de los productos alimenticios, de la energía y del los productos importados. El componente no alimentario de los precios de consumo, por el contrario, ha reducido considerablemente su tendencia alcista (casi cuatro puntos desde finales de 1980 a septiembre de 1981: de 19% a 15,7%).
A lo largo de 1980 y primeros meses de 1981 se registra una recuperación de las inversiones, alterándose así la tendencia dominante de un comportamiento negativo que ha dominado a lo largo de la crisis (1975-1979). De esta manera, las tasas de crecimiento de la inversión sobrepasan, por vez primera desde el comienzo de la crisis, al desarrollo de la pro ducción (véase gráfico 2). Ese cambio de signo de la inversión es aún débil (la tasa de crecimiento anual de la inversión real era de 1,5% para la media de 1980, y de 2,3% hasta los últimos datos disponibles de mayo de 1981) y parcial, pues se debe fundamental mente al sector de bienes de equipo, con tasas de crecimiento hasta mayo de 1981 del 13,8% (6,9% en el equipo importado, y 15,5% de producción nacional). Fortalecer y extender esta recuperación de las inversiones debería ser un objetivo destacado de la política económica.
Una balanza comercial con saldo muy distinto del esperado
La recuperación de las exportaciones de mercancías de sus cifras negativas del primer trimestre del año ha permitido ganar más de 170 millones de dólares para el período enero-agosto de 1981 sobre las cifras de 1980. Por otra parte, la fuerte caída de las importaciones no petroleras (que rebajan en más de mil millones de dólares a las realizadas en enero-agosto de 1980) ha reducido el déficit comercial en 736 millones de dólares en 1981 sobre las cifras de 1980. Una mejora importante que altera el saldo esperado de la balanza comercial en este año y alivia (aunque no corrige) la preocupante situación exterior de nuestra economía.
Empleos y paro: lentas variaciones
La pérdida de empleos durante el primer semestre de 1981 (127.800) ha sido inferior a la del pasado año (303.900). El paro se elevó, pero redujo su ritmo de crecimiento (del 31,2% con que se iniciaba el año 19 80, hasta el 24,1 % a que marchaba su tasa de aceleración anual en el segundo trimestre del año 1981). Cifras todas ellas duras, que definen la principal de las preocupaciones españolas, en las que se aprecian, apenas lentas variaciones
Las partidas negativas del balance
En las partidas negativas del balance de situación destacan tres sectores sobre los que debería concentrarse toda la atención y la voluntad reformadora de la sociedad española y su política económica:
- El sector público, que no logra controlar el crecimiento desbordado de sus gastos corrientes (los gastos de consumo crecen a ritmos superiores a los de producción, aunque deba reconocerse que su aceleración se ha producido en 1981 -de 3,5%, en términos reales a que marchaba en 1980, a 2%, a que caminan en 1981-; los gastos de transferencia, por el contrarío, siguen galopando en 1981 a tasas elevadísimas -33%, en el Estado; más de 20%, en la Seguridad Social). Ese intenso aumento de los gastos corrientes se ha llevado por delante el ahorro público, claramente negativo desde 1980, pese a la importante elevación de los ingresos públicos. El déficit público se mueve así a merced de los impulsos que le marcan los saltos de los gastos públicos corrientes, no pudiendo financiar el necesario aumento de las inversiones públicas. El año 1981 se cerrará con un déficit de 800.000 millones de pesetas, con un aumento del 87% sobre el de 1980, situándose en el 4,5% del PIB (0,6% en 1977). Déficit público mal financiado, pues se cubrirá con una ayuda mayoritaria del Banco de España en porcentaje que no admite comparación con los de otros países europeos (en 198 1, el 80% del déficit se financiará por el Banco de España). Sobre este tema habremos de volver en otros análisis de la situación económica española, ya que constituye un problema constantemente agravado, pese a las voces de alerta que todos los economistas han levantado y pese a los reiterados consejos del Banco de España. Se trata de un problema de todos, porque es la sociedad entera la que lo plantea y la que debe contribuir a resolverlo.
- Sector exterior, cuyos males manifiesta el intenso crecimiento de los pagos por servicios situados por encima del 23%. Causa fundamental de esa elevación es la marcha de nuestro endeudamiento exterior y de su creciente coste por el aumento de los tipos de interés. La progresiva debilidad del saldo de la balanza de servicios y transferencias, por este motivo, manifiesta las consecuencias y el coste del déficit exterior. El proceso de en
Balance de la situación actual
deudamiento externo tiene unos límites cuyo reconocimiento reclama actuar eficientemente sobre las exportaciones, unica manera eficaz de reducir el déficit de la balanza corriente y de frenar así e ritmo del endeudamiento externo. España no ha ajustado su balanzde pagos a la segunda crisis enérgetica, como lo demuestra el hecho de que tras los superávit de la balanza corriente de 1978 y 1979 hayamos caído a déficit del orden de los 5.000-6.000 millones de dólares. Déficit abierto por el dramático desplome de nuestro índice de cobertura (de 104, en 1979, a 86, en 1981), lo que quiere decir que las exportaciones españolas no cubren un 14% de las importaciones. Esto se llama vivir por encima de nuestras posibilidades. Algo que un país no ha podido hacer duraderamente nunca.- Al déficit del sector público y del sector exterior se añade la crisis industrial, que pide la articulación de una parte delicada y dificil de la política económica compuesta de dos sumandos: la reconversión de los sectores dañados irreversiblemente por la crisis y la incorporación de las nuevas tecnologías por la producción nacional. La primera de esas políticas se ha iniciado tardíamente en España. Hoy disponemos de un marco legal en el que se están inscribiendo los tratamientos sectoriales. Cuentan con poco tiempo y no se han publicado datos sobre su marcha, pero apuntan -por algunos signos- peligros de que esos ajustes sectoriales no sean positivos, sino negativos (es decir, defensivos de la estructura productiva y ocupacional de los sectores, convirtiendo así a las ayudas públicas en subvenciones dirigidas a asegurar su continuidad). Prevenir ese peligro es tarea y responsabilidad de la política industrial. Por otra parte, la incorporación del progreso tecnológico constituye una de las preocupaciones principales abiertas por la crisis en todos los países. Una preocupación dificil de concretar en una política y en una organización adecuadas, como prueba el ejemplo de otros países y que en el nuestro no ha suscitado ni la inquietud ni la voluntad suficientes para su articulación.
La mala cara de la agricultura
Al balance económico de 1981, realizado a partir de la crisis, deben añadirse dos partidas derivadas de la desfavorable coyuntura agraria. En tiempos de crisis industrial, un buen año agrario es sumando importante de renta y de estabilidad. Un año agrícola malo afecta al crecimiento y a los precios con más resonancia que en el pasado. Y esto último es lo que ha ocurrido en 1981. La cuenta de la agricultura contabiliza una caída del 6% en la producción y del 8,5% en el valor añadido bruto. Resultados totales que esconden diferencias regionales importantes. Consecuencia del mal año agrícola es también el crecimiento de los precios del componente alimentación, que se está convirtiendo en la fuerza que sostiene la inflación (el índice de alimentación ha pasado del 9,1%, en diciembre de 1980, al 15% en septiembre de 1981) y amenaza con continuar haciéndolo en los próximos meses.
Desde ese balance de situación que se ha presentado se configurarán los acontecimientos de los próximos meses y a partir de sus partidas debería concretarse una política económica que diese respuesta a los claros problemas que su saldo plantea.