Canarias ante el ingreso de España en la CEE

En estos pasados días se.ha celebrado en Las Palmas, bajo organización de la Cámara de Comercio, un debate sobre los efectos y perspectivas que la incorporación de España a las Comunidades Europeas puede suponer para la economía del archipiélago canario, teniendo en cuenta el régimen aduanero de zona exentáque se aplica a,las islas desde el real decreto de 11 de julio de 1852.Los parámetros del debate son bien conocidos ya, y a estas alturas son tres los informes publicados que tratan de arrojar luz sobre el impacto económico que le puede suponer al archipiélago canario el ingreso de España en...

En estos pasados días se.ha celebrado en Las Palmas, bajo organización de la Cámara de Comercio, un debate sobre los efectos y perspectivas que la incorporación de España a las Comunidades Europeas puede suponer para la economía del archipiélago canario, teniendo en cuenta el régimen aduanero de zona exentáque se aplica a,las islas desde el real decreto de 11 de julio de 1852.Los parámetros del debate son bien conocidos ya, y a estas alturas son tres los informes publicados que tratan de arrojar luz sobre el impacto económico que le puede suponer al archipiélago canario el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea.

Tres formas de ver el problema

El primero de estos informes lo elaboré yo mismo y fue publicado por la Cámara de Comercio de Las Palmas, en 1979, bajo el título La opción CEE para la economía canaria. El segundo fue elaborado por un equipo dirigido por el profesor Juan Antonio Payno y editado por la Junta de Canarias a princípios de 1980 bajo el título Islas Canarias-Mercado Común.

El tercero se debe a un trabajo realizado por un grupo de estudiosos del Instituto Alemán de Desarrollo Económico de Berlín, encabezado por el profesor Stephan Musto y que acaba de ser divulgado, en 1981, en suversión preliminar, por la Cámara de Comercio de Tenerife bajo el título Las islas Canarias las Comunidades Europeas: estructuras, problemas y opciones políticas de integración.

Los tres informes son distintos. El mío trató de cuantificar el efecto estático negativo que se podía deducir para Canarias de la adopción pura y simple del acervo comunitario, en los mismos términos en que deberá hacerlo el resto del territorio hispánico con régimen aduanero común, para poner de relieve que era preciso que el Gobierno español pidiera correctivos para Canarias a la hora de negociar en Bruselas el ingreso en la Comunidad. El del profesor Payno hacía más énfasis en la estructura economica canaria y en las aceíones que la Junta de Canarias y la Administración central deben acometer para facilitar la incorporación canaria a los parámetros de una España integrada en la CEE.

El informe del profesor Musto, finalmente, ha arrojado luz cuantificada sobre lo que él denominalas tres opciones de vinculación para Canarias: 1. Integración, pero sin que le sea aplicable a Canarias la tarifa exterior común de la CEE -que el resto de España deberá asumir, al integrarse en el cordón aduanero comunitario- ni la política agrícola común. 2. Adopción de la totalidad del acervo con ciertos arreglos especiales, o 3. Adopción pura y simple del acervo comunitarío que la Península deberá asumir en los plazos y condiciones transitorias que se deduzcan de las negociaciones de adhesiónactualmente en curso.

Con ser distintos, los tres informes llegan unánimemente a la conclusión de que la alternativa mejor para Canarias es su inclusión en el régimen peninsular de adopción del acervo comunitario, limitando los efectos negativos sobre rentas y precios a que ello daría lugar, negociando ciertos arreglos especiales tales como contingentes arancelarios libres de derechos para ciertas importaciones, excepciones al régimen aplicable para zonas francas para permitir que Canarias siga gozando de algunas de las ventajas que hoy recibe por su condición de zona aduanera exenta, tratos especiales dentro de la política agrícola común y de la política regional, etcétera.

Posición negociadora sin aclarar

Con este dictamen técnico prácticamente unánime -con ciertos matices- y con la negociación de¡ ingreso a la Comunidad reabierta, tras la declaración comunitaria del pasado 14 de septiembre, la sociedad canaria no ha llegado todavía a un consenso claro sobre la posición negociadora que Canarias espera de la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas del Ministerio de Asuntos Exteriores en sus conversaciones en Bruselas.

Es cierto que la Junta de Cana-rias estableció una posición que se transmitió al Gobierno el 4 de junio de 1980, pero en la misma había una serie de contradicciones que se evidenciaban por parte de los expertos y que el ministro de Hacienda recogía de alguna manera en la carta respuesta que dirigió al presidente de la Junta de Canarias el 14 de mayo de 1981.

Disparidad política

Canarias no ha sido aún, pues, capaz de ofrecer una alternativa política a las opciones de integración, y ello hay que atribuirlo a la disparidad de criterios entre los partidarios del proteccionismo y del puertofranquismo. De ahí resulta que se deja, de hecho, las manos libres a la Administración central para que, a falta de posición común de las islas, defina las condiciones en las que va a negociarse en Bruselas el acoplamiento canario a la Comunidad Económica Europea.

Está muy claro en la Constítución española que las negociaciones internacionales son responsabilidad de¡ Gobierno de Madrid, pero esta experiencia de Canarias pone de manifiesto que la articulación de los intereses en presencia se hace a veces tan difícil que, a la postre y en demasiadas ocasiones, se fuerza a la Administración central a actuar según la máxima del despotismo ilustrado de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", lo cual no es bueno pensando en que la política exterior de un Estado democrático debe hacerse pensando en las alternativas aceptadas mayoritariamente por los ciudadanos administrados.