Acuerdo sobre el control de las fuerzas sociales en la política de inversiones públicas en Cataluña

Una actitud más beligerante por parte de la Generalidad hizo que ayer se lograran algunos acuerdos de importancia en el seno de la conferencia tripartita sobre empleo en Cataluña, iniciada el pasado miércoles en el palacio de la Generalidad. En principio, se acordó potenciar las negociaciones con el fin de que la conferencia finalice el próximo lunes.

Entre los acuerdos logrados destacan el control por las partes sociales de la política de inversiones públicas en Cataluña, la concertación en la lucha contra el fraude, la reiteración de la necesidad de que el Instituto Nacional de Empleo...

Una actitud más beligerante por parte de la Generalidad hizo que ayer se lograran algunos acuerdos de importancia en el seno de la conferencia tripartita sobre empleo en Cataluña, iniciada el pasado miércoles en el palacio de la Generalidad. En principio, se acordó potenciar las negociaciones con el fin de que la conferencia finalice el próximo lunes.

Entre los acuerdos logrados destacan el control por las partes sociales de la política de inversiones públicas en Cataluña, la concertación en la lucha contra el fraude, la reiteración de la necesidad de que el Instituto Nacional de Empleo (INEM) sea traspasado a la Generalidad para hacer posible una política catalana de mercado de trabajo, y finalmente se acordaron las grandes líneas de aplicación del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) en lo referente a los trabajadores en paro.Tras el fracaso del primer encuentro del pasado miércoles, un consejero de la Generalidad afirmó a este diario, en presencia del catedrático socialista Santiago Roldón: «Cataluña tiene la desgracia de contar con la patronal más ultrareaccionaria de España», refiriéndose explícitamente a FTN.

El primer tema debatido ayer fue el de las inversiones públicas en Cataluña. Se planteó al respecto la consulta, seguimiento y control de éstas. Con la oposición explícita de Fomento se acordó que la Generalidad presione al Gobierno central para que éste aumente la asignación de inversiones del Estado en Cataluña, sobre la base de criterios objetivos y solidarios que consideren como factores a la población, el porcentaje de parados y la participación de Cataluña en la formación del Producto Interior Bruto de España.

Comisiones Obreras intentó infructuosamente que de la conferencia surgiera un llamamiento a las fuerzas políticas catalanas para que en el próximo debate parlamentario sobre los presupuestos generales del Estado defiendan de manera conjunta la regionalización de las partidas presupuestarias dedicadas a la lucha contra el paro.

A propuesta de la Generalidad, fue aceptado el compromiso de ésta de que el volumen de empleo a finales de 1982, en Cataluña, sea similar al que existía en el momento de la firma del ANE. Asimismo, la Generalidad se comprometió a integrar los datos de los diversos departamentos del Gobierno catalán con el fin de facilitar mensualmente cifras sobre la evolución, tanto en lo que respecta a la creación corno a la desaparición de los puestos de trabajo.

Comisiones Obreras propuso infructuosamente que el fondo de quince mil millones, previsto en el ANE, fuese destinado también a cubrir la creación de trabajo comunitario para trabajadores industriales, Como es sabido, el ANE determina que dicho fondo beneficiará únicamente a trabajadores agrícolas. Esta propuesta halló un rechazo total por parte de Fomento.

Es de indicar que precisamente ayer la comisión contra el paro del Ayuntamiento de Barcelona -donde hay mayoría socialista- había formulado una propuesta similar tendente a «establecer los mecanismos institucionales para la existencia continuada de fondos para el trabajo comunitario en zonas industriales y su extensión a zonas agrarias».

Respecto a la concertación en la lucha contra el fraude, la conferencia aprobó, en principio, que las instituciones allí presentes notificasen las situaciones de fraude que sea procedente erradicar. Este compromiso obligaría tanto a las organizaciones empresariales como a los comités de empresa y delegados sindicales. Ello constituye, de hecho, según el Estatuto de los Trabajadores, un acuerdo interprofesional de eficacia general, comparable al de una norma reglamentaria. En este sentido constituye una primera piedra del difícil establecimiento de una política laboral autonómica.

Respecto a la reiteración de la necesidad de que el INEM sea traspasado a la Generalidad, las partes precisaron también la necesidad de que tal traspaso vaya acompañado de «mejora de las estadísticas del mercado de trabajo, en el sentido de que se ajusten a la realidad y de que se publiquen puntualmente, desagregando las informaciones por grupos de edad, comarcas y niveles de formación». Asimismo se instaba una «nueva ordenación de los programas de formación profesional» y una mejora de la gestión de los servicios del INEM.

Respecto al ANE, la Generalidad se comprometió también a solicitar de forma urgente a los organismos pertinentes de la Administración central, la información necesaria para la constitución del censo de desocupación agraria en Cataluña (que afecta esencialmente a las comarcas del Bajo Ebro y Montsià).

Anteayer, mientras el consejero de Trabajo llevaba a cabo unas complejas negociaciones de pasillos con centrales sindicales, en la perspectiva de hallar una estrategia que forzase la reiterada negativa patronal, Fomento emitió un comunicado en el cual sorprendentemente denunciaba presuntas presiones de Comisiones Obreras sobre el consejero de Trabajo de la Generalidad. Una fuente muy próxima a este afirmó que «lo que preocupa a Fomento no es CC OO sino la actitud realmente neutral y propiciadora de acuerdos que mantiene la Generalidad. Los ataques de Fomento, de hecho, van dirigidos contra el consejero de Trabajo».