La ley de Defensa de la Constitución deberá volver al Congreso
El Pleno del Senado debatió ayer, durante tres horas, el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara, relativo al proyecto de ley orgánica llamado ley de Defensa de la Constitución, que modifica y adiciona determinados artículos del Código Penal y del de Justicia Militar. El pasado día 9, la ponencia de Justicia del Senado admitió ocho enmiendas a este proyecto, seis del Grupo Parlamentario Socialista y dos de Unión de Centro Democrático, por lo que el texto deberá volver al Congreso de los Diputados, una vez que fue aprobado ayer en el Senado.
El texto dictaminado por la comisión ...
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El Pleno del Senado debatió ayer, durante tres horas, el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara, relativo al proyecto de ley orgánica llamado ley de Defensa de la Constitución, que modifica y adiciona determinados artículos del Código Penal y del de Justicia Militar. El pasado día 9, la ponencia de Justicia del Senado admitió ocho enmiendas a este proyecto, seis del Grupo Parlamentario Socialista y dos de Unión de Centro Democrático, por lo que el texto deberá volver al Congreso de los Diputados, una vez que fue aprobado ayer en el Senado.
El texto dictaminado por la comisión fue defendido por el senador centrista Emilio Martín Villa. Se encontraba presente el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez.A la hora de fijar posiciones sobre el proyecto de ley, que se tramita por procedimiento de urgencia, el portavoz del grupo vasco, Michel Unzueta, mostró una seria preocupación por el camino legislativo «en el que, al parecer, nos encontramos con este proyecto de ley». Unzueta recalcó que se hace referencia al Congreso y al Senado, pero no a las asambleas de parlamentarios o parlamentos de las comunidades autónomas, y consideró desafortunada técnica legislativa el tratar esta legislación por el procedimiento de urgencia, ya que precisa reflexión.Unzueta indicó que el proyecto contiene preceptos que van en contra de la libertad de expresión y aseguró que resulta una utopía y un sueño tratar de defender la sociedad y los valores esenciales de la democracia contra el golpismo y el terrorismo con leyes penales, porque, a su juicio, lo que hace falta es cumplir las leyes vigentes, que son más que suficientes, toda vez que con este proyecto de ley no se va hacia adelante, sino hacia atrás. Intervinieron también el senador del Grupo Mixto Pere Portabella y el senador del Grupo Cataluña Democracia y Socialismo Rafael Nadal, quien hizo una llamada a la reflexión en este tema, porque, en su opinión, nos estamos deslizando por un plano inclinado y lo que hace falta es que se cumplan la leyes vigentes. El senador José Cabrera se mostró a favor del proyecto y señaló que la libertad de expresión ha de ceder cuando se va en contra de los derechos y libertades. Por el Grupo Socialista, el senador Laborda aseguró que ésta es una ley necesaria para la democracia y para la sociedad, y dijo que habían enmendado la ley con el objeto de hacerla más eficaz, aunque lo mejor, según dijo, es que la ley no hubiera existido. Aseguró que no está para limitar los derechos constitucionales, sino en contra de las actividades terroristas y de la violencia armada que se practica para derogar o modificar la Constitución.
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Rechazado el veto para devolver al Congreso la ley de Defensa de la Democracia
Viene de primera páginaEl senador Laborda manifestó también que estas leyes son aparatosas, pero lo importante es que el Ejecutivo las cumpla, y destacó que las Cámaras legislativas jamás han negado al Ejecutivo instrumentos para la lucha contra el terrorismo.
Alfredo Marco Tabar, senador de UCD, destacó de esta ley su dimensión antiterrorista, y dijo que contribuiría a terminar con la sensación que tienen las fuerzas de seguridad, que ven puestos en libertad de inmediato a los comandos de información que detienen y que son la base para cometer atentados.
La defensa
El senador Rahola, del grupo Cataluña, Democracia y Socialismo, defendió un veto para que el texto fuera devuelto al Congreso, porque, en su opinión, no es bueno que el Código Penal y el Código de Justicia Militar sean modificados por medidas políticas o de gobierno, pues con estos cambios se estarían «manoseando» continuamente los códigos.
Rahola explicó que, al tratarse de una ley especial, debería tener un plazo de vigencia, y definió la autoridad como la reconocida por el buen hacer. Manifestó que se están pidiendo más poderes sin haber aplicado las leyes existentes.
Le replicó el senador socialista Laborda, señalando que la libertad de expresión no está limitada por esta ley, sino la utilización «bastarda» de esta libertad por precisamente aquellos que quieren acabar con ella. El senador centrista Acenk Galván manifestó que esta ley protege las libertades y la Constitución.El veto propuesto por Rahola fue rechazado por cuatro votos afirmativos, 146 en contra y cinco abstenciones. A continuación fue debatido el articulado de este proyecto de ley, y fueron rechazadas las enmiendas que al mismo mantenían grupos de senadores vascos y el senador del Grupo Mixto Pere Portabella.
Contenido
Como se sabe, este proyecto de ley contiene una serie de medidas contra los delitos de rebelión y terrorismo, y así, en su artículo primero, dice que son reos de rebelión los que se alzaren públicamente para cualquiera de los fines siguientes: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; destituir al Jefe del Estado u obligarle al ejecutar acto contrario a su voluntad; impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos en todo el territorio de la nación; disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados o el Senado e impedir que se reúnan o deliberen o arrancarles alguna resolución; declarar la independencia de una parte del territorio nacional, o sustraer la nación o parte de ella, así como algún cuerpo de tropa o cualquiera otra clase de fuerza armada, a la obediencia del Gobierno, y usar o ejercer que sí o despojar al Gobierno o a cualquiera de sus miembros de sus facultades o impedirles o coartarles su libre ejercicio.En este proyecto de ley se señala también que serán castigados como rebeldes, con la pena de prisión mayor, entre otros, los que sedujeran tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión.
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