El poder constitucional, civil y militar, conjuro en toda España, coordinadamente, la actuación de los sediciosos

«¡Qué chorradas estáis diciendo, pero si eso es imposible!». A las 18.20 horas del lunes pasado, el gobernador civil de Sevilla, José María Sanz Pastor, piensa que eso de que «en el Congreso de los Diputados estén pegando tiros» -como le anuncia por teléfono su secretario particular- es una chorrada. El gobernador ha subido un momento a su residencia, a recoger unos papeles, y allí le sorprende la noticia. Le acompaña en ese momento su esposa, María del Carmen Moreno, sobrina nieta del almirante Salvador Moreno, dos veces ministro de Marina. con Franco, y nieta del almirante Fran...

«¡Qué chorradas estáis diciendo, pero si eso es imposible!». A las 18.20 horas del lunes pasado, el gobernador civil de Sevilla, José María Sanz Pastor, piensa que eso de que «en el Congreso de los Diputados estén pegando tiros» -como le anuncia por teléfono su secretario particular- es una chorrada. El gobernador ha subido un momento a su residencia, a recoger unos papeles, y allí le sorprende la noticia. Le acompaña en ese momento su esposa, María del Carmen Moreno, sobrina nieta del almirante Salvador Moreno, dos veces ministro de Marina. con Franco, y nieta del almirante Francisco Moreno, cuya actuación en el paso del Estrecho por las tropas de Franco, vital para los sublevados del Dieciocho de Julio, le hizo merecedor a un título de nobleza: marqués de Alborán.La reacción de Sanz Pastor, de incredulidad, no es muy distinta de la mayoría de los españoles. Pero a diferencia de muchos, a quienes el miedo, en unos casos, o la pura estupefacción, en otros, los paraliza durante largo tiempo, José María Sanz Pastor reacciona inmediatamente: llama a Madrid, desde su despacho oficial, primero, para pedir confirmación a las noticias todavía no se lo cree-, y después, para recibir instrucciones.

Pero no las hay. El subdirector general de Política Interior es el alto funcionario que responde en esos momentos en el Ministerio, sólo sabe lo que cuenta la radio. El golpe está siendo retransmitido en directo.

El teniente general Gutiérrez Mellado, por esos momentos, aguanta a pie firme, sin movérsele un músculo de la cara, el estampido de los disparos hechos en el hemiciclo del Congreso por los guardias civiles asaltantes. Es la reacción valiente de un profesional de la milicia. A quinientos cuarenta y tantos kilómetros de la carrera de San Jerónimo, de Madrid, frente al sevillano parque de María Luisa, Sanz Pastor reacciona en gobernador civil: hay que defender la Constitución, de acuerdo con la Constitución. Y convoca en su despacho, con carácter de urgencia, a los responsables de la policía, Policía Nacional y Guardia Civil.

En el tiempo que media hasta la reunión de la Junta de Orden Público, iniciada a las 19.30 horas, el gobernador civil -con una pistola cargada y montada al alcance de la mano, más dos cargadores llenos- se entera que, además de amigos y corre ligionarios, los hombres del teniente coronel Tejero mantienen secuestrados a seis miembros de su familia: una hermana, un cuñado, dos primos hermanos (uno de ellos es Leopoldo Calvo Sotelo, candidato a la investidura) y dos sobrinos. Se lo cuenta su padre, que le ha llamado por teléfono para preguntarle qué va a hacer. La pregunta la hacía un hombre que ha vivido una sublevación militar, la de 1936, a otro, hijo suyo, que carecía de tal experiencia. Pero que, como diplomático de carrera, ha presenciado dos golpes de Estado.

Información contra rumores

Lo que pudieron hablar aquella tarde padre e hijo se desconoce. La actuación de éste en las horas próximas permite, sin embargo hacerse una composición de lugar En la indefinición de Madrid, el gobernador civil de Sevilla decide actuar por su cuenta. Si el elemento sorpresa es vital para el contrario hay que ganarle en la iniciativa. S los de enfrente -quienes quiera que fuesen- pueden propalar rumores, arrastrar a personas de buena voluntad o cercar a fuerzas leales al Gobierno, entonces lo que hay que hacer es dar más información y más puntualmente que nadie, aclarar sin lugar a dudas quién es el que manda en la provincia y no encerrar a las fuerzas de policía en sus acuartelamientos. El gobernador es también periodista.Cuando, hora y diez minutos después de la irrupción del teniente coronel Tejero en el Congreso, se reúne al fin la Junta de Orden Público de Sevilla, los asistentes se encuentran con que el gobernador les lee una nota, en la que está resumida todo su pensamiento y todo su programa de acción. Sanz Pastor ordena la alerta máxima («Bajo mi total responsabilidad», dice), intensificar los servicios de información y ser informado «al instante» de cualquier incidencia y, por último, estar listos para una posible intervención rápida. Esta, añade la nota, «sería ordenada exclusiva, directa y personalmente por mi autondad». El encuentro dura un cuarto de hora. Los reunidos saben qué hacer y, sobre todo, «que no hay ni buenos ni malos históricos, sino sólo la defensa de la Constitución, de la Monarquía y de España, y que sus enemigos, sean quienes sean, serán los nuestros».

De esa nota se hacen fotocopias y se envían con urgencia a los medios de comunicación, para que sean difundidas inmediatamente. Un pequeño fallo de aquella tarde sería detener durante unos diez minutos estos envíos porque faltaba la dirección de una agencia de Prensa.

Simultáneamente se organiza la protección de los representantes del pueblo y de las instituciones Los partidos políticos, las centrales sindicales, las emisoras de radio, y los periódicos advierten la presencia de efectivos policiales. En Radio Sevilla, de la cadena SER, hay un pequeño incidente, más bien un malentendido. El teniente de la Policía Nacional que manda las fuerzas exige el control de todo lo que se emite; no censura nada, pero lee previamente todo lo que se pone en antena. La protección de las fuerzas de orden es especial en la Junta de Andalucía. «Más que nada, para mí era algo simbólico», explicará después el gobernador; «creía que el concepto autonomía era de lo que más podría chirriar al concepto de los rebeldes».

Mientras tanto, en Valencia, el bando de Milans del Bosch, que suspendía todos los derechos ciudadanos, era hábilmente sorteado por el gobernador civil, José María Fernández del Río. Contra viento y marea, Del Río convocó la Junta de Seguridad ciudadana en la única hora en que le fue posible, a las diez de la noche del lunes 23. Tras el mensaje del Rey, la Junta celebraría una nueva reunión a la 1.30 de la madrugada. Milans del Bosch no había dado todavía su brazo a torcer; sin embargo, se sabía ya en el Gobierno Civil que se contaba con todo el apoyo del director general de la Seguridad del Estado, Francisco Laína.

Mientras las moles verdinegras de los carros de combate se situaban estratégicamente en la plaza del Temple, frente al sobrio palacio gótico donde tiene su sede el Gobierno Civil, su titular, José María Fernández del Río, hacía frente a la situación junto al general Hermosilla -el sucesor del sancionado general Atarés en el mando de la Guardia Civil de la zona de Valencia-, del jefe superior de Policía, Rafael del Río, y del jefe de la Policía Municipal, Manuel Jordán, quien, con más de una década de actuación en este puesto, es también profesor universitario de Derecho Romano y doctor en Derecho Canónico.

Paralelamente, en Alicante, el gobernador militar, general Leonardo López, visitaba en su despacho al gobernador civil accidental, Luis Romero, y le leyó el bando emitido por Milans del Bosch, al tiempo que le comunicaba que a partir de entonces asumía el poder civil. Desde aquel momento, la Junta de Defensa pasaba a reunirse en el Gobierno Militar. Alicante se encontraba también bajo el estado de excepción y, sin embargo, el único punto del bando que se cumplió con todo rigor fue el cierre de espectáculos y lugares públicos. Tanto los coches particulares, como los peatones, pudieron circular libremente sin ningún problema. Ningún destacamento militar hizo acto de presencia en las calles. Sólo unos cuantos jeeps de la Policía Militar se encontraban en las proximidades del Gobierno Militar. El resto de los edificios públicos, así como la sede de los partidos políticos, centrales sindicales y medios de información estuvieron protegidos por la Policía Nacional. Inmediatamente después de la intervención del Rey en televisión, el gobernador militar llamó por teléfono al gobernador civil para comunicarle que el poder volvía a sus manos, al tiempo que le informaba que salía hacia Valencia. Luis Romero, que no había dejado de mantenerse en contacto con el estamento político de la ciudad en ningún momento, reanudó las operaciones propias de la Junta de Defensa. Fue entonces precisamente cuando cobró más relieve el hecho de que hubiera hecho, ante el gobernador militar, algunas puntualizaciones sobre la auticonstitucionalidad del bando en el momento en que éste le fue leído.

Por lo que se refiere al resto de los miembros de la Junta, hay que señalar que el jefe de la Policía Municipal -militar con graduación de comandante- se puso a las órdenes del gobernador militar. El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil se encontraba en Madrid en el momento del golpe; sin embargo, se trasladó en seguida a Alicante. Su sustituto, el comandante Leyva, mostró desde el primer momento su respeto y adhesión al Gobierno constituido, y lo mismo hizo el jefe de Policía, Rafael Arjona.

La esposa de Albino Caballero, gobernador civil de Murcia, jamás había hecho tantas tortillas de patata como la noche del 23 al 24; ni repartió tanto café con leche. Murcia estaba también bajo el bando de Milans del Bosch, pero Caballero estuvo doce horas reunido con sus hombres de confianza en el Gobierno Civil.

La primera llamada telefónica entre Albino Caballero y el gobernador militar de la plaza, general Llamas, se había producido recién proclamado el bando de Valencia. Llamas anunció, en «tono correcto», que se hacía cargo del poder civil, administrativo y judicial. Caballero, al parecer resignado, contestó que no tenía inconveniente. A las 21.30 horas, el general Llamas habló otra vez con el gobernador. Esta vez le invitaba a que fuera a visitarlo. Caballero conectó con Francisco Laína, director general de la Seguridad del Estado, que le ordenó no moverse de su sitio. Caballero se lo comunicó así al general Llamas, y éste, comprendiéndolo, no insistió. Ambos gobernadores se pusieron de acuerdo para no enfrentarse, y el general aceptó las medidas que tomó Caballero de proteger con la Policía Nacional las emisoras locales y los periódicos.

El almirante de la zona del Mediterráneo no asume el bando de Milans

En Cartagena, el almirante de la zona del Mediterráneo aseguró a Murcia que él no asumía el bando del general Milans del Bosch. Pero en Lorca, donde está ubicado el Regimiento Motorizado Mallorca 13, se pudo comprobar que algunos jeeps del regimiento circularon hasta el pueblo de Librilla, a unos once kilómetros de Murcia.La Junta de Defensa de Murcia seguía tomando medidas oportunas, como formar retenes en los ayuntamientos, reforzar las brigadas de seguridad ciudadana y ordenar a los coches patrulla del 091 que circularan por la ciudad con las luces encendidas, «para que la población no pudiera confundirles con movimientos militares y se tranquilizara». A cien metros escasos del Gobierno Civil, la única institución que mantenía las luces encendidas era el Ayuntamiento. En su interior, el alcalde, José María Aroca; el jefe de la Policía Municipal, comandante Casanova, y concejales de diversos partidos políticos mantenían la vigilancia a base de comunicados y bocadillos preparados por el cuartelillo de la Policía Municipal.

En Albacete, la situación estaba bastante más controlada por el Gobierno Civil. Su titular, Juan José Franch, el teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Almiñana; el comandante de la Policía Nacional, Antonio Gallardo, y el jefe de la Policía Nacional, Vicente Romera, formaban la Junta de Defensa. Estuvieron reunidos «siempre que fue necesario», al decir de ellos mismos, y no se realizó ningún movimiento de tropas sin orden directa del gobernador civil. La Junta acordó que la Policía Nacional intensificara la vigilancia de los puntos estratégicos de la ciudad, sin olvidar las emisoras de radio. Fueron precisamente éstas las que, bajo órdenes directas del Franch, emitieron el comunicado del Gobierno de la nación proclamado por los secretarios de Estado y subsecretarios. Al mismo tiempo, Franch se negó a que el bando de Milans del Bosch fuera enviado a la Diputación y al Ayuntamiento. Aunque el bando estaba ya en la calle, lo cierto es que el gobernador militar, coronel Francisco Fernández Cerezo, lo transmitió con considerable retraso.

Todas las tropas de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército fueron inmediatamente acuarteladas. Precisamente aquel mismo lunes 23, camiones del Ejército, procedentes de Córdoba, habían llegado al polvorín de Chinchilla -a escasos kilómetros de Albacete- para recoger armamento y munición, en una misión que habla sido calificada de «normal» por el gobernador militar. En la base aérea de Los Llanos, los Mirage F-1 seguían en tierra, sin novedad.

Los hechos de Valencia ofrecían pocas dudas: era un golpe militar lo que estaba en marcha. En Sevilla, en cambio, las tropas seguían acuarteladas y el entendimiento entre los dos gobiernos, el civil y el militar, cordial. Sanz Pastor y el general Esquivias hablaron varias veces por teléfono a lo largo de esa noche, y comentaron el bochornoso espectáculo del Congreso, en el que un teniente general es zarandeado,e insultado por otros hombres de uniforme, según la apreciación del gobernador civil.

«Para mí estaba claro», comenta Sanz Pastor, «no era un cuartelazo, sino la punta de iceberg de un golpe de Estado. En aquellos momentos yo tenía una ventaja: conocía a Tejero, de Algeciras. Y sabía que, podría ser un visionario o un iluminado, pero no un estúpido. Pensaba que un hombre acostumbrado a mandar tropa no arrastra a sus hombres ni pone en peligro el futuro de trescientas familias, sin contar con apoyos, sin estar seguro. Por lo que pudiera pasar en Sevilla., me pongo en contacto con la autoridad militar, le informo que el orden está asegurado. En cualquier caso, no estaba dispuesto a entregar gratis el Gobierno ».

E igual hacen los alcaldes. El de Camas llamó al jefe del puesto de la Guardia Civil para decirle que, en aquellas circunstancias, asumía las funciones de la Junta de Seguridad, Por ser la máxima autoridad, y que debía ponerse a sus órdenes. El de Baldelatosa, comunista or-

ganizó partidas de vigilancia en los accesos del pueblo, mientras que los vecinos se intercambiaban escopetas y cartuchos. El ambiente de tensión y autodefensa, debió ser tal que el comandante de puesto de la Guardia Civil se presentó al alcalde para decirle que estaba a favor de la Constitución y que se ponía a sus órdenes.

En Villar del Río estaba convocado un mitin de Comisiones Obreras sobre la autonomía y el Plan de Urgencia de Andalucía. Lo iba a dar el secretario de organización de CC OO del Campo. Pero el acto se suspendió y el líder sindical pasó a organizar una red de contactos clandestina, por si el golpe triunfaba. A las nueve de la noche, dos horas y media después del inicio del golpe, más de medio centenar de pueblos estaban conectados con Comisiones Obreras.

«Fue muy fácil coordinar a los pueblos», ha comentado posteriormente Romero, secretario general de Comisiones del Campo. «Aparte de que tengamos muchos alcaldes comunistas, socialistas y de izquierda, es que la gente recuerda todavía cómo sacaron a sus padres en 1932 y en 1936 y los fusilaron a la puerta del cementerio. Y como en las zonas rurales todos tienen escopeta legal, para cazar, la mayor parte durmió con ella bajo la almohada. La gente se decía: a mí no me sacan de casa, si no es con los pies por delante. Muchos se fueron a dormir con la escopeta al campo, debajo de un olivo.

En Sevilla capital, la reacción de la izquierda es más indecisa. El socialista Manuel del Valle, senador y presidente de la Diputación, a quien las noticias del golpe le sorprendieron en lo alto del peñón de Alfamitas, con unos ingenieros, viendo dónde se podía perforar el suelo con más posibilidades de encontrar agua subterránea, regresó aquella misma tarde a la capital, y se fue directamente a su casa. Después, pasada la media noche, se encaminó a la sede de su partido.

«Fui yo solo, en mi coche», ha explicado posteriormente. « Sevilla estaba desierta a esas horas y no noté ningún movimiento de tropas ni nada extraño. En realidad, yo tuve mucha más sensación de peligro directo el día en que volaron a Carrero Blanco que la otra noche. Entonces trabajaba con Felipe González en el mismo despacho laboralista, y me acuerdo que sólo unos minutos después de conocer la noticia, a las 10.30 horas, yo estaba tirando papeles comprometedores a un canal del Guadalquivir.

Tras la reunión celebrada aquella noche en la sede del PSOE («se tomaron medidas para poner a salvo los archivos»), Manuel del Valle regresó a su domicilio. A la mañana siguiente, cuando aún continuaba tomado por los sediciosos el palacio del Congreso, la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial de Sevilla se reunía con absoluta normalidad y con el número de miembros suficiente como para obtener quórum.

Al secretario regional del PSOE en Sevilla, José Rodríguez de la Borbolla, la noticia del golpe le sorprendió en la sede del partido, preparando la asamblea de Córdoba sobre el Estatuto.

«Oírnos los tiros por la radio », ha comentado Rodríguez de la Borbolla, «y pensamos que los habían matado a todos. Tuvimos veinte minutos de consternación, en los que intentamos evaluar lo sucedido. En ese tiempo intentamos hablar con el PSOE provincial y con Madrid. Luego abandonamos la sede, que quedó vigilada por el servicio de orden. Yo me fui a casa, cogí a los míos y los trasladé fuera de Sevilla, a un lugar seguro. Hacia las ocho volví a la sede. Entonces hablamos con el Gobierno Civil y nos dijeron que no, tenían noticias de que Capitanía estuviera en el golpe. Llamamos también a los cargos (al presidente de la Diputación, al consejero del Interior de la Junta, al primer teniente de alcalde sevillano) para que no se abandonasen las instituciones. Acordamos, en fin, que Antonio Ojeda, consejero del Interior, ejerciera de presidente de la Junta de Andalucía en funciones. En calidad de tal, Ojeda llamó al gobernador civil y a la Zarzuela. El primero fue muy claro. Le dijo: «Si llega aquí un capitán, a mí no me van a sorprender como en Valencia; eso te lo aseguro. "En cuanto a la Zarzuela, un ayudante del Rey -su nombre no lo sé- tranquilizó a Ojeda"».

Alrededor de las once de la noche, los partidos de izquierda y las centrales emiten un comunicado conjunto, en el que se hace un llamamiento a un paro de dos horas, Aparte de los socialistas, los reunidos son representantes del Partido Comunista de Andalucía, del Partido Socialista de Andalucía, de UGT y de CC OO. No asistieron los de U CD ni el alcalde de la capital, Luis Uruñuela, del PSA, que no aparecía por ninguna parte. Juan Carlos Aguilar, diputado del mismo partido e íntimo amigo suyo, explicaría después que a Uruñuela es difícil encontrarlo «incluso en circunstancias normales».

Hacia las 0.30 horas, una comisión fue a entregar el comunicado de los partidos al Gobierno Civil, pero sólo se le permitió entrar al secretario de organización socialista, Perales. Según ha contado éste, le dijeron que el gobernador no podía recibirle, y cuando quiso dejar el comunicado, se lo rechazaron, diciéndole «que estaba cerrado el registro y que no abrirían hasta la mañana siguiente». Rodríguez de la Borbolla ha reconocido el incidente y ha explicado que el gobernador civil, el cual les ha pedido disculpas, pensaba que los paros eran intolerables en aquellas circunstancias.

Horas antes, en el Pirineo gerundense, hubo alguien también que no creyó conveniente algunos gestos. Por ejemplo, el presidente de la Diputación de Gerona, Arcadio Calzada Salavedra, que se encontraba cerca de Puigcerdá realizando una gira oficial cuando la radio retransmitió en directo el brutal asalto al Congreso de los Diputados. Antes de subir al coche oficial, el chófer le preguntó si le parecía bien que quitara la senyera del capó, a lo que Calzada respondió inmediatamente: «Me parece que será lo mejor».

En aquellos momentos, el gobernador civil de Gerona, Ramón Codina Rivas, se reunía con el teniente coronel de la Guardia Civil, José Blázquez Pedraza, el comandante de la Policía Nacional Luis Ramos y el comisario de la Jefatura Provincial Juan Francisco Pancorbo. La reunión se prolongó durante toda la noche y toda la mañana siguiente. El gobernador militar, general Ricardo Oltra Calderón, estuvo informado desde los primeros momentos del golpe. «Inmediatamente estuvimos de acuerdo», declaró más tarde el gobernador civil. Por su parte, el general Oltra declararía: «En ningún momento pensé que el golpe de Estado pudiera seguir adelante. Era evidente que se trataba de un grupo sin demasiada importancia y que, por tanto, no podía cuajar en el resto de la nación». La misma tranquilidad demostró el jefe de la Policía Municipal, Pedro Serra Planella, que se encontraba en Barcelona cuando el golpe. Se trasladó inmediatamente a Gerona, pero no intervino en las Juntas de Seguridad.

En Lérida, la tranquilidad venía marcada tras una ausencia: desde el pasado 3 de febrero la plaza se hallaba sin gobernador militar titular; hasta entonces, el general Alfonso Armada -ahora arrestado- había ocupado el cargo. En la actualidad lo ostentaba, en funciones, el general Gimeno, que se puso directamente a las órdenes del capitán general de Cataluña, Pascual Galmes. Mientras tanto, el gobernador civil, José Martí, y los cinco miembros de la Junta de Seguridad tranquilizaban a la población, que ya estaba distendida al ver que a las ocho de la tarde se podía ver a los soldados como cualquier día normal paseando por la calle. Tampoco en las fronteras con Andorra y Francia se habían recibido instrucciones cara a medidas especiales. El gobernador civil creyó que el asalto a las Cortes era obra de un loco. Con todo, José Martí ofreció protección policial a las dos emisoras de radio de la ciudad y a los dos periódicos hasta el desenlace de los acontecimientos. Sólo un pequeño incidente en la madrugada del martes 24: policías de paisano se presentaron en el diario La Mañana -de la Cadena de los Medios de Comunicación Social del Estado- para solicitar del director,

José Antonio Rosell, que les fuera entregado -para su lectura- el comunicado que habían elaborado conjuntamente UGT y CC OO. El director se negó a ello,

Barcelona estaba tranquila. Tanto era así que los miembros que componen la Junta de Defensa consideraron que, dado el clima de normalidad ciudadana, no era necesaria la constitución de la misma. Fue el único caso en todo el territorio español. Desde los primeros momentos del golpe, el alcalde de Barcelona, Narcís Serra, se puso en comunicación telefónica con el capitán general de Cataluña, Antonio Pascual Galmes. «Aquí, el que se mueve, la paga», le habría manifestado el general Galmes,

No obstante, cada uno de los organismos cuyos responsables forman la citada junta determinó una serie de medidas de carácter preventivo. La Policía Nacional dispuso un discreto servicio de vigilancia en varios centros de interés (Generalidad, emisoras de radio, periódicos). Todo seguía en calma. El jefe superior de Policía, Enrique Mosquera, permaneció inicialmente en el Gobierno Civil. A medianoche regresó a su despacho de la Vía Layetana y dijo a la Prensa: «No tenía ningún objeto que continuara en el Gobierno Civil. Había un clima de completa calma. Ni robos, ni incidentes, nada. Normalidad total». Excepto en las conversaciones telefónicas. Como la que sostuvo el gobernador civil de Barcelona con López Bulla, secretario general de CC OO de Cataluña. Para la misma noche del lunes, Comisiones Obreras había convocado una huelga general. Coderch, gobernador civil, intentó disuadirle para que desconvocara la huelga. López Bulla le contestó airadamente que hablara con el secretario local en Barcelona, que él era secretario para Cataluña. Acabaron colgándose mutuamente el teléfono. El incidente lo solventó más tarde el propio Pujol.

En Sevilla, la nota del Gobierno había previsto ya que las medidas de seguridad adoptadas podrían provocar roces en el ejercicio de dos derechos fundamentales: el de reunión y el de opinión. La nota decía: «En previsión de que, en uso del ejercicio del derecho de reunión en lugares abiertos al tránsito público, pudiera producirse algún tipo de disturbios, mi autoridad recuerda que no podrán desarrollarse sin su previo conocimiento». En cuanto al derecho de opinión, la nota decía que para evitar la divulgación de «noticias confusas procedentes de grupos incontrolados», el Gobierno Civil mantendría informada a la opinión pública, «preservándola así de posibles actos de divulgación irresponsable».

"El poder lo tengo yo o lo tienen los vecinos"

La falta de información le jugaría una mala pasada al Gobierno Civil de Sevilla. Cuando a las nueve de la noche José María Sanz Pastor se entera que el coronel de la Policía Nacional ha recibido un comunicado de Capitanía General, con el número de registro 150, por el que entra en vigor la alerta 2, también llamada operación Diana, nadie en el Gobierno Civil sabe en qué consiste y ni siquiera que existiese. Otro que ignora de qué se trata es el jefe superior de Policía. Pero lo saben los militares, la Guardia Civil y la Policía Nacional. El coronel de este cuerpo de la Seguridad del Estado, con quien Sanz Pastor se pone en contacto por teléfono, acabará explicándolo: la alerta 2 u operación Diana supone la puesta en marcha de algunas medidas militares. «Yo lo que quiero saber», acabará diciéndole Sanz Pastor al coronel, «es si el poder lo tengo yo o lo tienen los vecinos» (en Sevilla, Capitanía General y Gobierno Civil se encuentran frente a frente, a no más de doscientos metros de distancia). Se encuentra así con que el poder es suyo; o sea, civil, pero las medidas son militares y han sido adoptadas, sin consultársele, por militares. A las cuatro de la mañana, el Gobierno Civil recibe una explicación verbal, la última comunicación habida hasta ahora, casi una semana después del intento del golpe, entre los dos poderes: « Hemos cumplido las órdenes de Madrid».En Capitanía, mientras tanto, el teniente general Pedro Merry Gordon, con uniforme de la Legión y gorra de tanquista, despacha con sus más inmediatos colabora dores: el general Esquivias, gobernador militar, y el general Saavedra, jefe de la División Motorizada Guzmán el Bueno número 2, y persona muy allegada a Milans del Bosch, a cuyas órdenes estuvo en varios destinos. Merry Gordon, en cuya casa se recibe por esas horas a varias señoras de la alta sociedad sevillana, hablará esa noche con Alfonso Armada, varias veces con la Zarzuela y varias también -parece que cinco- con Milans del Bosch. Estos contactos harán decir que el mando militar de Sevilla es tuvo indeciso hasta muy avanzada la madrugada.

Elementos de derechas, cuyas simpatías por los golpistas ni siquiera tratan de ocultar, dirían a la mañana siguiente que el teniente general Merry Gordon no se puso al teléfono cuando se le llamó de la Zarzuela, lo cual no es cierto. Harán ostentación también de conocer con mucha anticipación el nombre de aquella autoridad competente, militar por supuesto, que los hombres de Tejero esperaban en el Congreso de los Diputados. Se transmitía por teléfono, en forma de acertijo, entre los iniciados: « Empieza por ay termina por a».

La izquierda, que no se acostó en toda la noche, pendiente de la radio y la tele y que si se durmió fue bajo un olivo, con la escopeta de caza a mano, a la mañana siguiente bromeaba también. El tejerazo recibía el nombre de una canción y de una película, que dentro de pocos días veremos por Televisión Española, interpretada por Lola Flores: Morena clara. ¿Por qué? Porque, como dice la canción: «Entró un civil con bigote, ozú que mieo chavó, se echó er fusil a la cara, y de esta manera habló ... »

En este país de contrastes, del ingenio y la chunga andaluza se pasó a la sobria ocurrencia castellana. En Benavente (Zamora), en pleno golpe de Estado, se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria y decidió enviar telegramas a los parlamentos sueco y noruego solicitando el Premio Nobel para el rey Juan Carlos, por su actuación en los momentos que se estaban viviendo.

Las viejas provincias de Castilla vivieron con serenidad estas horas tensas. La actuación de los gobernadores civiles y de los distintos partidos fue de colaboración y mutuo apoyo, en líneas generales, al igual que los contactos con la autoridad militar. «Dando taconazos como jamás en la vida se habían visto», afirman fuentes del Gobierno Civil de León, los mandos de las Fuerzas de Orden Público de esta provincia se presentaron al requerimiento del gobernador, aun antes de que se hubieran recibido órdenes de Madrid.

En Burgos, sin embargo, hubo dificultades para localizar al teniente coronel de la Guardia Civil, Jaime Salom, que se encontraba de «visita por la provincia», según se dijo después. El inmediato inferior a Salom no quiso ocupar su puesto hasta entrar en contacto con el teniente coronel.

En Segovia, a primeras horas de la noche del día 23 se incorporó al Gobierno Civil el comandante de la Policía Nacional Francisco Cassillas, actualmente director de la Academia Especial de dicho cuerpo en Aguilafuente, considerado como un hombre de la línea dura, que participó en los graves sucesos de El Ferrol a principios de los sesenta y que poco después ascendió de teniente a capitán. El coronel del tercio de la Guardia Civil Buenaventura López permaneció en contacto, pero no abandonó su cuartel. Vecinos de la avenida de José Antonio, donde está ubicado el regimiento de artillería de campaña número 41 y la base mixta de carros de combate, observaron movimiento de toas.

En Zamora capital, entre tanto, José Ramón Onega (hermano de Fernando, el periodista, y primera autoridad provincial) emulaba a los profesionales de los medios de comunicación y utilizaba como arma prioritaria la radio para tranquilizar a los ciudadanos y darles cuenta de lo que ocurría.

Cuatro aviones con doscientos soldados a bordo

En Salamanca, Manuel Engo Morgado, recientemente nombra do gobernador militar de esta provincia, ofrece su colaboración in condicional al titular del Gobierno Civil. Este rechaza por innecesario el ofrecimiento de este militar, considerado de ideología conservadora. En el cuartel de ingenieros, Regimiento de Zapadores, un teniente coronel reúne a la oficialidad y les dice que se ponen al ser vicio de la Constitución, y para ello facilita a la tropa mochila, fusil cetme y ochenta balas a cada sol dado, colocando el cuartel en situación de intervenir en cualquier momento. En la base de Matacán, cuatro aviones de carga, con dos cientos soldados a bordo, permanecen listos para lo que ordene el Rey. Según un parlamentario vallisoletano, las detenciones de ultraderechistas de hace un mes en esta ciudad evitaron que se produjeran incidentes graves tras conocerse la acción de Tejero. Tomás Rodríguez, alcalde socialista de Valladolid, mandó cerrar las puertas del Ayuntamiento a la PolicíaMunicipal, nada más escuchar por radio los disparos en el Congreso, en evitación de posibles conflictos. Existe la creencia de que la ultraderecha conocía en esta ciudad el golpe de Estado horas antes de que se produjera.

La gran incógnita en estas horas fue el capitán general de la Región, teniente general Angel Campano López. La actuación del general gobernador militar de Valladolid, Manuel María Mejías, antiguo profesor del Rey y hombre, al que se considera clave en la evolución de los hechos, tranquilizó a las autoridades civiles de esta provincia. Habló varias veces con el Rey y se puso incondicionalmente al servicio de las posibles necesidades de las autoridades civiles. El teniente general Campano, con el que trataron de hablar esa noche varios gobernadores civiles de esta región, sin conseguirlo, se ha negado en días posteriores al del golpe de Tejero a hacer declaraciones a los medios informativos.

Normalidad en Galicia

En las cuatro provincias gallegas la normalidad fue también prácticamente total. En todas ellas, una vez conocidas las noticias del golpe, se formaron las juntas de defensa en los correspondientes gobiernos civiles. En Pontevedra se ordenó el acuartelamiento inmediato de las fuerzas por la tarde, mientras que en Vigo recibieron instrucciones en un acuartelamiento de que estuvieran preparados desde la mañana del lunes para una posible salida por la tarde.La Junta de Defensa de La Coruña, pese a estar implicado en el golpe el gobernador militar, general Torres Rojas, no tuvo problema alguno para actuar con normalidad. En Orense se formó sin novedad la Junta de Defensa, a la que pertenecía el teniente coronel Campos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Orense, que con anterioridad y durante dos meses había estado a las órdenes del teniente coronel Tejero. En Lugo también fue absoluta la normalidad, y las fuerzas de seguridad estuvieron sometidas en todo momento a una perfecta disciplina. Sólo se vivió un momento tenso en la Junta de Orense cuando fracasó el primer intento de comunicar con la Capitanía General de la VIII Región Militar.

En Zaragoza, la División Acorazada Brunete -que se hallaba realizando unas maniobras, previstas de antemano, en el campo de San Gregorio- se puso, según unas fuentes, a disposición del capitán general de Zaragoza; otras noticias señalan que un teniente coronel de Capitanía tuvo que rastrear durante algunas horas antes de dar con los carros de combate. La Junta de Zaragoza, a las órdenes del gobernador civil, Francisco Javier Minondo -39 años, sustituto de Francisco Laína en el cargo-, amparó emisoras de radio, periódicos, emisora de RTVE y la terminal del oleoducto Rota-Zaragoza.

Era, más que nunca, la hora de las lealtades. Todos los despachos coinciden en señalar al capitán general de Canarias, Jesús González del Yerro, como uno de los prime ros en mostrar su lealtad al Rey y en adherirse al orden constitucional. Como hizo el teniente coronel jefe de la Guardia Civil Manuel Paláu -antiguo miembro de la Casa Militar del Rey- cuando el gobernador civil, Rebollo Amandi, le preguntó con quién estaba: «Estoy», dijo Paláu, «con el Rey y con us ted». Cuando más y más amenaza doramente arreciaban las malas noticias hubo un ciudadano que llamó por teléfono al gobernador civil con una duda: «¿Podremos celebrar los carnavales?». «Jamás he pensado en suspender la fiesta», respondió Rebollo; «este pueblo ha demostrado cómo hay que comportarse en los momentos dificiles».

Pedro Arístegui, gobernador civil de San Sebastián, recordó tiempos dictatoriales ajenos cuando escuchó los tiros en el Congreso. Estaba en Fuenterrabía y oyó por la radio la violenta irrupción de Tejero y los suyos. En seguida le vino a la memoria su tiempo en Nicaragua, donde fue embajador, en uno de sus destinos de diplomático de carrera. En diez minutos se puso en San Sebastián y estableció contacto con los mandos policiales y con el gobernador militar. No fue posible hasta después de las ocho de la tarde reunir a. los miembros de la Junta Provincial de Orden Público. Una ausencia notable: la del jefe de la Policía Municipal, que no fue convocado.

Ni en los calabozos ni en la comisaría había entonces detenidos por actividades terroristas, «lo que facilitó las cosas»; otra cosa que facilitó la tarea del gobernador civil fue la actitud de la Policía Nacional, tranquila, literalmente y dormida: «No pasa nada, mi comandante. Los guardias se han metido en la cama a la hora de siempre y ni siquiera han querido oír la radio», contestó el capitán de guardia a un superior

Mientras tanto, en Ceuta las cosas no se complicaron porque el mando militar y el mando civil se concentran en una sola persona, el general Gerardo Mariñas, que había dicho a unos periodistas de El Faro de Ceuta que la acción había sido obra de unos irresponsables; la actitud de Milans del Bosch al decretar el estado de excepción en Valencia fue disculpada: es para salvaguardar el orden, dijo el general Mariñas.

La acción de Tejero interrumpió las vacaciones del comandante de la Guardia Civil de Granada, Pedro Cortés Camacho. El hijo del famoso capitán Cortés, defensor del santuario de la Virgen de la Cabeza durante la guerra civil, se personó de inmediato en el Gobierno Civil, cuando el reloj aún no marcaba las siete de la tarde del día 23, para ponerse a las órdenes de la Junta de Orden Público. El capitán general de la IX Región Militar (Granada, Jaén, Málaga y Almería), Antonio Delgado Alvarez, se encontraba en Almería despidiéndose de sus compañeros de armas por pase a la reserva, y regresó urgentemente a Granada al tener noticias del golpe. El gobernador militar de la provincia sustituyó al capitán general hasta su reincorporación a la plaza.

«A los quince minutos de que se iniciaran los sucesos del Congreso, que escuché en directo por radio, al no haber podido hablar con Madrid, y sin saber exactamente lo que estaba pasando, llamé a los mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional y jefe superior de Policía», confiesa el gobernador civil de Málaga, José Estévez Méndez. «No sé lo que está pasando en realidad», les dije. «Pero les comunico que asumo el mando de todas las Fuerzas de Orden Público. Pasamos al estado de alerta. Les ordeno que dupliquen los efectivos de todos los servicios y que una vez cumplido esto se reincorporen al Gobierno Civil».

Estévez Méndez habló numerosas veces, sin ningún problema en el diálogo, con el gobernador militar, general Puig Riobo. En los cuarteles, incluido el del Tercio, había tranquilidad. Al coronel jefe de la Guardia Civil de Málaga, Rafael Lafuente Martín, le sorprendió el golpe de paisano y limpiando su coche. Este hombre, muy querido en Málaga por los ciudadanos y la Prensa (dio toda serie de facilidades cuando los atentados de ETApm del verano), se puso el uniforme y se presentó de inmediato en el Gobierno Civil.

El teniente coronel Tejero, años antes de sus intentos golpistas de la operación Galaxia y del asalto del Congreso, fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Protagonizó en aquellos días un grave incidente con el gobernador civil, Enrique Riverola, al detener a punta de metralleta una manifestación autorizada en la calle de la Carretería. Tejero, como consecuencia de este incidente, fue relevado de la comandancia de esta ciudad.

En Almería, donde se suspendió la despedida del capitán general de la región de sus compañeros de armas, fuentes socialistas han mostrado su extrañeza de que ningún representante de la Policía Municipal fuera convocado a la Junta Provincial de Seguridad, y han protestado, al igual que los centristas, de la desprotección de sus sedes; aunque el gobernador civil insistió que había ordenado tal protección.

El primero al servicio de la Constitución

Rafael Torres, jefe de la Policía Municipal de Córdoba, lleva en la manga de su uniforme un escudo de la División Azul, en la que participó. A la hora del golpe, sin embargo, se puso como el primero al servicio de la Constitución. Las autoridades civiles y militares estuvieron toda la noche en contacto y sin problemas. La tranquilidad fue absoluta, los partidos retiraron por precaución los ficheros de sus sedes, y la vigilancia se redobló. Algunos vehículos militares repostaron gasolina en una céntrica calle de Málaga, en los Jardines de la Victoria, pero fuentes militares aseguran que se debía al retorno de un contingente militar de unas maniobras.En Huelva, donde el gobernador civil, Jesús Posado Moreno, es hijo de otro gobernador que lo fue bajo el mando de Franco, todo transcurrió con normalidad. José Tena, gobernador militar, expresó reiteradamente la colaboración del Ejército con las autoridades civiles.

Un falso rumor se extendió por Cádiz a los pocos momentos del golpe: la Marina había tomado el Ayuntamiento de San Fernando (esta ciudad es sede de la Capitanía General del Estrecho), y fuerzas de marinería se dirigían hacia Cádiz. El rumor, completamente falso y que pudo ser originado por la similitud en el chaquetón de la Policía Municipal y de los infantes de Marina, llegó a provocar especiales medidas de seguridad. Hubo también temor de que algunos ultraderechistas se vistieran de militares y atacasen el Ayuntamiento. En la provincia de Cádiz, numerosos ayuntamientos de izquierda redoblaron la vigilancia de sus policías municipales, aunque en algún caso, como el de Algeciras, su titular (un comunista), Francisco Esteban, diese orden de que no se utilizasen las armas de fuego. El PSOE, por su parte, estableció en La Línea de la Concepción un sistema para pasar a Gibraltar en caso de que prosperase el golpe y se complicase la situación.

En la provincia de Jaén, la tranquilidad fue absoluta. La totalidad de los jefes castrenses permanecieron en aquellas horas críticas al servicio de la Junta Provincial de Orden Público.

Pese al temor y la indignación reinantes, el buen humor no ha faltado. Algunas agrupaciones del Carnaval de Cádiz, que se está celebrando en estas fechas, han incluido en su repertorio letras alusivas al fallido golpe de Estado. El cuarteto Cuatro Parlamentarios Parlanchines y Estrafalarios realizó incluso una parodia de la llegada al hemiciclo del teniente coronel Tejero (Telera, para ellos), lo que provocó un fuerte aplauso del público que asistía al concurso de agrupaciones.