Siete ayuntamientos deciden no enviar acuerdos a los gobiernos civiles

La negativa de algunos ayuntamientos vascos a remitir las actas de sesiones a los gobernadores civiles, como fórmula de protesta por la suspensión de acuerdos y la falta de autonomía municipal «se basa en una interpretación discutible de la ley de Régimen Local, cuya validez están estudiando el Ministerio de Administración Territorial y la abogacía del Estado», según indicó a EL PAIS el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aristegui.

Hasta el momento han anunciado que no comunicarán a la autoridad gubernativa los acuerdos que adopten los ayuntamientos de Irún, Ordicia, Hernani, Verg...

La negativa de algunos ayuntamientos vascos a remitir las actas de sesiones a los gobernadores civiles, como fórmula de protesta por la suspensión de acuerdos y la falta de autonomía municipal «se basa en una interpretación discutible de la ley de Régimen Local, cuya validez están estudiando el Ministerio de Administración Territorial y la abogacía del Estado», según indicó a EL PAIS el gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro Aristegui.

Hasta el momento han anunciado que no comunicarán a la autoridad gubernativa los acuerdos que adopten los ayuntamientos de Irún, Ordicia, Hernani, Vergara y Eibar, en Guipúzcoa, y el de Lejona, en Vizcaya, aunque propuestas en el mismo sentido se han presentado o van a ser presentadas en otras muchas corporaciones, entre ellas las de la capital vizcaína. Las mociones correspondientes han sido suscritas por concejales del Partido Socialista de Euskadi (PSOE) y de Herri Batasuna, según los casos. Mientras estos últimos reclaman la desaparición pura y simple de los gobernadores civiles, por entender que sus funciones no son compatibles con un sistema democrático, los socialistas han solicitado, por ejemplo, en el caso de Eibar, que la figura y las competencias de los representantes gubernativos provinciales sean revisadas por el actual Parlamento vasco.

Interpretación oficial

En cualquier caso, según declaró Aristegui, la interpretación oficial sigue siendo la de que los acuerdos de los ayuntamientos de Euskadi deben notificarse a los gobernadores civiles y al Gobierno vasco, y que cualquiera de estas dos instancias pueden anularlos si los juzgan antirreglamentarios.